Ciudad de México.- Durante la tercera audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), que se efectuó ayer martes en Uruguay, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, desmintió que haya 70 por ciento de avance en la investigación del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014.
“Rechazaron que exista un avance del 70 por ciento en las investigaciones del caso, además de demandar al Estado mexicano dejar de mentir y burlarse de los familiares de los jóvenes, durante la tercera audiencia pública del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa, de la CIDH celebrada este día en Montevideo, Uruguay”, señaló la propia Comisión a través de un comunicado.
Tlachinollan aseveró que el Estado Mexicano sigue administrando el caso con fines políticos ajenos a los afanes de justicia de las víctimas, y afirmó que durante cada audiencia o reunión dosifica la información y los avances que presenta.
“De igual forma tenemos la convicción de que la Procuraduría [General de la República] encubre a funcionarios que obstruyeron la investigación, como Tomás Zerón de Lucio, cuando otros funcionarios como el Fiscal Electoral son sancionados sin más por PGR”, dijo Tlachinollan.
La CIDH señaló que durante el segundo día de audiencias públicas de su 165 periodo de sesiones, en seguimiento a la medida cautelar (MC/409/14) a favor de los normalistas heridos y los 43 desaparecidos, las organizaciones representantes de las víctimas, así como sus familiares, mostraron que el caso Ayotzinapa sigue sin resolverse.
“El Estado [Mexicano] no ofreció mayores avances en las indagatorias. De acuerdo a un cronograma que el mismo Estado entregó a la CIDH en anteriores reuniones, en octubre de este año deberían estar dilucidados los 11 temas allí establecidos”, afirmó la Comisión Interamericana.
La CIDH consideró que durante la audiencia quedó evidenciado que el Estado mexicano no ha detenido a ningún policía del municipio de Huitzuco, ni de la Policía Federal (PF), además de que no ha responsabilizado a ningún militar por los hechos, ni ha avanzado en fincar responsabilidad a las autoridades de Guerrero.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo estar preocupada por los pocos avances en las investigaciones, por lo que urgió al Estado mexicano a investigar y sancionar a los funcionarios que incurrieron en actos de tortura a los detenidos.
Durante una de sus intervenciones, la comisionado Margarette May Macaulay, calificó de doloroso lo acontecido en Iguala y confío en que haya avances para saber la verdad y pueda accederse a la justicia. Además, señaló que las declaraciones publicadas en los medios tan sólo exacerban el dolor de los padres.
Por su parte, durante la audiencia que tuvo lugar en el Congreso uruguayo -en una sala repleta-, el comisionado Luis Ernesto Vargas estimó “casi inconcebible” que haya pasado tanto tiempo sin establecer responsabilidades en la órbita del Estado.
