Nadie cobró los 60 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció para dar con el paradero de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, después de su fuga del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, acontecida el 11 de julio de 2015.
Ni tampoco han sido cobradas ninguna de las 390 gratificaciones económicas anunciadas por la actual Administración desde 2013, dentro del Programa de Recompensas, que suman 976 millones de pesos, incluida la ofrecida por “El Chapo” en el acuerdo A/ 052 /15, el monto más alto que el Gobierno Federal ha destinado por un delincuente.
En cambio, entre 2006 y 2012, se erogaron 50 millones 832 mil por información que ayudó a detener a 8 delincuentes, informó el diario El Universal, rotativo al que la PGR le dijo que el programa para localizar víctimas, integrantes del crimen y desaparecidos “fue suspendido de manera indefinida” y trabaja en su relanzamiento.
Los acuerdos que se publicaron hasta marzo son una extensión del contrato que se tenía hasta diciembre de 2017, informó. Según el rotativo, se prevé que en el transcurso de este mes se tenga listo el documento para publicar la licitación que permita que el plan se reactive.
“Se está trabajando en la documentación que permita tener todo listo para publicar nuevamente la licitación a comienzos del próximo año y poder trabajar de enero a diciembre de 2018”, aseguró la PGR al medio.
Durante el periodo comprendido de 2006 a 2012, la dependencia erogó 50 millones 832 mil pesos a cambio de información que ayudó a detener a ocho delincuentes, entre ellos, Sergio Villareal Barragán, “El Grande”, uno de los lugartenientes del Cártel de los Beltrán Leyva; así como de los líderes de La Línea, Luis Humberto y Ubaldo Rubio González, “El Monrroque”; entre otros.
