Más de 140 asesinatos se han registrado en lo que va de 2017 en el puerto. El caso más reciente ocurrió el 15 de septiembre, cuando Sirenia Salgado Jiménez, de 70 años, fue decapitada en su casa
Cuando la noche del 15 de septiembre, los ensenadenses festejaban el “Grito” de Independencia de México, otra mujer caía cruelmente asesinada en la ciudad, en medio de la soledad y la pobreza de una casucha de la colonia ex Ejido Ruíz Cortines.
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El cuerpo de Sirenia Salgado Jiménez, de 70 años de edad, estaba tirado en un patio trasero. Fue decapitada, los cuartos revueltos, la ropa tirada, había sangre por todas partes; se presumió el robo como móvil, a pesar de la humildad de sus pertenencias. Un testigo afirmó que su propio hijo la mató.
El de la anciana es uno más de los 140 homicidios que han ocurrido en Ensenada en lo que va de 2017. Cifra histórica en los anales de la violencia en el puerto, atribuidos al crimen organizado la mayoría; el número de mujeres victimadas también ha ido en aumento.
En 2017 se han contabilizado nueve feminicidios, casi todos cometidos con arma de fuego, una estrangulada, una apuñalada y otra decapitada.
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La cifra tiende a emparejarse con la de 2016, que sumó 13 mujeres asesinadas, de todas las edades, desde una adolescente de 17 años hasta una mujer de 89 años. Mientras que en 2015 se habrían registrado siete asesinatos de mujeres. En los últimos tres años se estarían contabilizando alrededor de 50 feminicidios nada más en Ensenada.
Saña, crueldad y rabia aplicadas sin distinción de edad, de relación afectiva o consanguínea. Justamente las características que engloban el delito de feminicidio, aunque las autoridades siguen negadas a aceptarlo.
Alguno que otro caso se vuelve mediático y entonces la voz de alarma de actores sociales o agrupaciones feministas se activa, y resurge la exigencia a las autoridades para que se emita la alerta de género y se esclarezcan los casos, pero al final el tema se encarpeta al momento de ya no ser el comentario de moda entre la opinión pública.
Como tres casos seguidos ocurridos a finales de 2015 que indignaron a la población. Uno de ellos el de Amairani Castro Sánchez, estudiante de Gastronomía en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y oriunda de Tijuana. Fue ultimada a golpes y puñaladas por parte un compañero de trabajo y una mujer a los que les dio asilo en su departamento, donde la encontraron muerta, atada de manos y todavía con la mochila al hombro con la que se disponía a salir rumbo a la universidad.
Foto: Cortesía
Los otros casos: el de Maribel Sánchez Bautista, quien falleció a causa de lesiones en rostro y cabeza tras una golpiza que le propinó su pareja. Dejo huérfanas a dos niñas, de uno y tres años. Y Rosa Ávila Alvarado, de 52 años, atacada a cuchilladas en Maneadero; su victimario, el propio marido, un sexagenario.
En estos casos, dado la presión social, hubo detenidos, pero fue la excepción. En 2015 solo hubo una consignación por feminicidio por parte del Ministerio Público, pero el juez receptor la rechazó. En 2016 finalmente se juzgó un caso, pero no se publicó la sentencia. En 2017 se consignó otro caso, pero aunque la víctima residía en Ensenada, el expediente se remitió a Tecate porque allá fue encontrado el cadáver.
Negación oficial
“El feminicidio es un delito inexistente en la administración de ‘Kiko’ Vega”, resume Jey Fernández, integrante de la agrupación civil Movimiento #24, con relación a la indiferencia e insensibilidad con la que el Gobierno del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) han abordado el tema.
“Tanto jueces como fiscales se niegan a calificar como feminicidios estos homicidios y la razón es puramente de imagen pública, pues la existencia de tales casos representa una seria situación de máxima descomposición social, ‘detalle’ éste que afecta el turismo y la inversión, importantes rubros de ingresos para el Estado”, considera Fernández.
“Es un secreto a voces que por instrucciones superiores del Ejecutivo estatal, los feminicidios no deben ser calificados como tales. Igual sucede con la omisión del término ‘violencia de género’. En Baja California ‘no existen’ este tipo de actos violentos, los hacen invisibles, lo que no se ve no existe”, revela la activista.
En la práctica de poco ha servido que desde 2015, en las reformas al Código Penal se haya ampliado el delito de feminicidio, en las que además de la relación de afinidad y consanguinidad entre víctima y victimario, se contemple también como razón de género la relación laboral, personal, docente, de confianza, subordinación, matrimonial, concubinato, noviazgo e incluso amistad. Incluso se engloban categorías como “feminicidio familiar” o “feminicidio íntimo”. Los fiscales prefieren englobar tales delitos en la clasificación de “homicidio” en cualquiera de sus grados, ante el temor de manejar la palabra “feminicidio” en detrimento de la imagen de Baja California.
Pero lo que no ve el gobierno, sí lo ve la sociedad y lo consignan los medios. Agrupaciones como Movimiento #24. que nació en Ensenada a raíz del repudio generalizado que se suscitó en abril de 2016 por la violación y asesinato de una menor de edad en Pijijipan, Chiapas, el cual derivó en marchas de protesta a nivel nacional e internacional, han dado un seguimiento puntual y elaborando un mapa de feminicidios en Ensenada.
Por su parte, los medios de comunicación han relatado los hechos, aunque escuetamente y sin seguimiento, dado al hermetismo de las autoridades y procuradurías que, amparadas en la nueva Ley de justicia penal que defienden a capa y espada la identidad del victimario, lo presume inocente y se escuda en la “secrecía” de la investigación, de la que finalmente no se dan avances.
Recuento trágico
En febrero de 2016, una pareja de adictos al “cristal”, Alex y su novia Anabel, golpearon y asfixiaron a una anciana de 89 años dentro de su domicilio en la céntrica colonia Escritores. El móvil del crimen fue el robo.
En mayo del mismo año, Pío Daniel, conocido como “El Taquero”, golpeó a su novia hasta cansarse. A Cynthia Daniela Mejía Leyva, de 26 años, la empezó a agredir en la calle, sus amigos la defendieron en el momento, pero el sujeto siguió golpeándola en su casa en la colonia Lomitas. La estrelló una y otra vez contra el cemento, terminaron en la Comandancia de Policía, pero el médico que certificó a la muchacha desestimó las lesiones. Con las horas transcurridas, el estado físico de Cynthia fue agravando. Falleció a causa de traumatismo craneoencefálico, traumatismo ocular, compresión muscular y politraumatismo. El delito fue clasificado como homicidio simple y a “El Taquero” se le condenó por ocho años y una reparación del daño por 735 mil pesos.
Solo en un mes, en julio, se suscitaron cuatro asesinatos a mujeres. Ofelia Villegas López, de 65 años, fue ultimada a balazos en plena calle en el populoso fraccionamiento Villas del Real I. Una semana después, Felícitas, de 59 años y su nieta, de 17, fueron asesinadas, calcinadas y arrojadas a una fosa séptica en la colonia Lomas de Santa Fe en el Valle de San Quintín. Fue detenido Julián, de 25 años, quien confesó que mató a machetazos a su madre y a las adolescentes, a las que prendió fuego para desaparecer los rastros. El motivo fue que su mamá se negó a prepararle de comer.
El mismo día, en un hecho diferente, fue localizado el cadáver de una mujer sin identificar, a la que ejecutaron a balazos. Su cuerpo de reportó en La Ostionera, en Bahía Falsa, a un lado del centro turístico Molino Viejo, ampliamente promovido por el Gobierno del Estado, también en el Valle de San Quintín.
En septiembre se dieron tres feminicidios. El primero, de una mujer sin identificar, a la que ejecutaron a balazos. Su cuerpo de reportó en La Ostionera, en Bahía Falsa, a un lado del centro turístico “Molino Viejo”, ampliamente promovido por el Gobierno del Estado, también en el Valle de San Quintín.
Otro, el de Karina Alejandra Arguello Escudero, de 36 años, a quien su marido, Juan Manuel, enloquecido y delante de sus hijos amenazó, amagó con un cuchillo, golpeó, encerró en una recámara y ahorcó hasta matarla. “Tu mamá dormirá durante un buen rato”, les dijo a los adolescentes y salió a la calle a buscar una Cruz Roja porque “se le había pasado la mano con su mujer”.
Mientras que en la zona rural, en la playa Puerto Perico del poblado de Camalú en Valle de Camalú, fue encontrado el cuerpo sin vida de Bárbara Ramírez Pacheco “La Chiva”, de 34 años de edad, a la que le atravesaron el cráneo de un balazo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reveló que la mujer se dedicaba al narcomenudeo.
En octubre fueron dos las víctimas. María de Jesús Vázquez, de 55 años, encontrada muerta junto con su amasio, Felipe, de 35 años, dentro de su casa móvil en El Porvenir, en la turística Ruta del Vino. Felipe habría llegado al domicilio armado de un rifle con el que asesinó a la mujer y posteriormente él se quitó la vida. Esa misma noche y en esa zona, pero al parecer en un hecho diferente, una niña de 4 años resultó herida de bala en la cabeza. El otro caso fue calificado como “transfemicidio”. En la remota delegación Villa Jesús María, en los límites con Baja California Sur, fue encontrado el cadáver de un hombre vestido de mujer. Presentaba rasguños, moretones en el rostro y golpes en la cabeza.
El año 2016 cerró con la desaparición de Laura Isabel Zavala García, de 32 años, empleada de la casa de empeño First Cash. Un viernes se comunicó con su familia que esa noche se quedaría con su marido, con el que por cierto estaba en proceso de divorcio. Al día siguiente su vehículo fue localizado calcinado en una plaza comercial, mientras que el cadáver, también quemado, se encontró días después en la carretera Tecate-Ensenada.
En abril de 2017 fue detenido Carlos Thomas, acusado del asesinato de Isabel. Familiares revelaron que era costumbre de Carlos maltratar física y psicológicamente a su mujer.
Apenas empezaba 2017, cuando el 2 de enero, fue localizada en un arroyo del fraccionamiento Lomas de la Presa, Karla Cristina Gaytán Romero, reportada como desaparecida desde el 10 de diciembre de 2016. Su cuerpo estaba en estado de putrefacción, fue estrangulada.
El 16 de enero, en un camino rural que va hacia el Panteón Inglés en el Valle de San Quintín, fue encontrado el cadáver de una muchacha de 19 años muerta a balazos. Días después fue identificada como María de Jesús Bárcenas Mercado. Autoridades informaron que la víctima presentaba el llamado “tiro de gracia”.
Del 11 de febrero al 21 de marzo, cuatros mujeres fueron asesinadas en distintos hechos. Rocío Asela Santiago Martínez, de 26 años, murió junto con su pareja cuando viajaban en un vehículo en San Quintín, fueron emboscados a balazos. La causa de muerte de la mujer fue por hemorragia aguda provocada por los balazos que le atravesaron tórax y pulmones. Mientas que en la colonia Villas del Sol, una mujer sin identificar fue encontrada muerta.
En San Quintín, víctima de un balazo en la cabeza murió la joven profesora Lesly Mireya González Trujillo. Viajaba en un carro junto con su pareja cuando fueron atacados a balazos, ella falleció horas después en el Hospital General, mientras que su esposo solo resultó herido en una pierna. En plena vía pública de la delegación Maneadero fue localizado el cadáver de una mujer sin identificar a la que asesinaron de un balazo.
En abril del presente año, el cadáver de Luz Clara Reyes Padrón, de 20 años, fue encontrado en la carretera Ensenada-Tecate. Fue asesinada a golpes y estrangulada. Duró varios días en el Servicio Médico Forense (Semefo) y nadie reportó su desaparición. En mayo, otra fémina fue asesinada en el poblado Vicente Guerrero de San Quintín.
Apenas el 24 de agosto, se localizó el cadáver de una mujer en el Kilómetro 38 de la carretera hacia la Sierra de San Pedro Mártir en la delegación Punta Colonet. Estaba semidesnuda, en estado de putrefacción y con signos de haber sido ultimada a balazos.
Defensa desde el escritorio
En mayo de 2017, la administración estatal de Francisco Vega anunció que a más tardar en junio empezaría a operar el Centro de Justicia para Mujeres, y en aras de fortalecer el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres, formalizó la participación de agrupaciones civiles enfocadas en el tema.
A la fecha se han invertido más de 10 de millones de pesos en el Centro y aún no pasa de la primera etapa, a la vez que los delitos contra mujeres van a la alza. Mientras las autoridades tanto municipales como estatales no pasan de la declaración y la buena voluntad.
La jefa del Departamento de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto de la Mujer (Inmujer), Isabel Adame Fuentes, comentó que es instrucción del gobernador Vega dar seguimiento al fortalecimiento e igualdad de la mujer, y la aplicación “de la perspectiva de género como instrumento o método jurídico de análisis, que permita visibilizar la existencia de una relación desequilibrada de poder, y a su vez identificar a la persona que se encuentra en situación de desigualdad por razón de género, y valorar la posible adopción de medidas especiales de protección”.
Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (Inmujere), Cristina Solano Díaz, afirmó que esa instancia trabaja en acciones para lograr la concientización y sensibilización desde el hogar, en las escuelas, centros de trabajo e instituciones, para tratar de acabar con la violencia hacia las mujeres y niñas.
“Los abusos y atropellos por cuestiones de género en nuestro país lamentablemente se perciben en la sociedad actual como situaciones normales por la frecuencia con que se están registrando”, apuntó la funcionaria.
A propósito del caso Mara Castilla, asesinada en Puebla, ahondó: “Es urgente establecer mecanismos para reeducarnos como sociedad, ya que ésta misma está inmersa en una comunidad machista, donde son las más expuestas a ser vulneradas tan solo por la razón de ser mujeres y niñas”.
En la misma aviada de declaraciones, la diputada panista Eloísa Talavera se refirió a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, pero su directriz la enfoca más al terreno político y electoral, en el que se sintió vulnerada dentro de su mismo partido durante la elección pasada, pues sus aspiraciones por la alcaldía de Ensenada le fueron relegadas.
Evidentemente la legisladora mantiene su ambición y en un comunicado centrado casi en su totalidad en cifras y pronunciamientos en torno a los escaños políticos que se pelearán en 2018, y que por su parte enfrentará desde el “Frente Ciudadanos por México”, apenas da paso somero al tema dela violencia contra la mujer.
En el segundo punto de cinco que plantea para atender la agenda del Frente, apuesta porque se emitan “las declaratorias de alertas de violencia de género y se respeten las leyes en materia y sus protocolos, en todas las entidades federativas”.
“La lectura debe ser contextual, el fenómeno del feminicidio parecer surgir del empoderamiento que va ganando la mujer al estar mejor informada y en generaciones jóvenes que empiezan a condenar las violencias machistas, pero que en contrapartida no se ha educado al hombre a aceptar un desarrollo generalizado más libre en la mujer”, apunta Jey Fernández.
“Es absolutamente necesario realizar estudios sociológicos que den respuesta exacta, pues el crecimiento del fenómeno tiene particularidades muy específicas en cada contexto, que pueden ser socioeconómicas, culturales, migratorias, educativas o factores específicos que influyen solo localmente”, subrayó la activista que también ha formado parte del movimiento “La Marcha de las Putas”.
