La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene un gran pendiente con los mexicalenses, se trata del incendio del asilo “Hermoso Atardecer”, ubicado en el Ejido Querétaro en el Valle de Mexicali, en el cual 17 personas murieron calcinadas.
Por fortuna para la PGJE se trata de los grupos más olvidados, muchos sin familiares, otro tanto abandonados, circunstancias por las que no hubo protestas exigiendo justicia ante el siniestro como en otros casos.
Al cumplirse dos años y medio del siniestro, aquellos ancianos fueron olvidados por sus familiares y por la justicia.
En su momento y contradiciendo los dictámenes de Bomberos de Mexicali y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la PGJE señaló que el incendio no fue intencional, sino propiciado por una falla eléctrica. Pese a ello existen responsabilidades; según los testimonios de los sobrevivientes, había personas de la tercera edad encerrados con llave en su habitación debido a la falta de personal, además de una serie de normas que incumplía el asilo, de acuerdo la última revisión de Isesalud y a la norma vigente para ese tipo de establecimientos.
ZETA documentó en su momento que ni Protección Civil ni Bomberos habían realizado inspecciones como están obligados según el Reglamento de Prevención de Incendios de Mexicali.
El ahora ex alcalde Jaime Díaz Ochoa clasificó la información por dos años, esperando salir del encargo y dejar en el olvido el tema, por ello la PGJE debe resolver el caso. Ya no hay más entrevistas que realizar, ya no hay más pruebas que recabar; ahora le toca actuar, para no dejar impune esta tragedia.
Beca Progreso
Siguiendo con la justicia, o la falta de la misma, el subprocurador en Mexicali, Fernando Ramírez Amador, dijo que en breve habrá noticias relacionadas con las señaladas irregularidades en la Beca Progreso, en las cuales se encuentra involucrado Jesús de la Rosa, hermano del diputado Andrés y del actual secretario de Seguridad Pública, Daniel.
Haciendo memoria, fue Lucía Villarreal, coordinadora de la Beca Progreso, quien denunció que tres funcionarios estaban cobrando cheques, falsificando firmas y depositándolos a cuentas personales; entonces estalló un escándalo que terminó con la suspensión no de los señalados, sino de la propia Villarreal.
Por ahora el subprocurador no quiso adelantar detalles de la investigación, se desconoce si se judicializará el tema y si los tres funcionarios serán imputados de algún delito.
Señalar sin probar
El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, denunció que a los líderes de Mexicali Resiste les pagaban miembros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido y movimiento político que en el ámbito nacional encabeza Andrés Manuel López Obrador. La aseveración de Rueda no la hizo acompañada de pruebas, por lo que resulta grave que un funcionario de primer nivel, le entre a la difamación de un grupo social.
Cuando se le pidieron pruebas, solo se limitó a decir “los hemos visto cómo les pagan”, sin aportar fotografía, audio, video o cuenta, pese a que está demostrado, por lo menos el director de Comunicación Social, Raúl Reynoso Nuño, salió bueno para “encontrar” las pruebas para acusar, como lo hizo con una grabación de una conversación que sostuvo con el conductor de televisión Heriberto Norzagaray tratando de extorsionarlo.
Pero aun sin evidencia, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid también se pronunció en el mismo sentido con los de Mexicali Resiste. Sin señalar a Morena específicamente, inmediatamente a su afirmación, en redes sociales aparecieron bots (robots o contratados para orquestar campañas digitales, mayormente difamatorias) acusando a los líderes de Mexicali Resiste de ser financiados por el partido político; a la par se abrieron una docena de páginas de esas que se activan con la intención de golpetear (en redes sociales) a personas, organizaciones o medios de comunicación, táctica de la que también han sido señalados ex funcionarios y funcionarios cercanos al Ejecutivo del Estado.
Entre las páginas de la red social Facebook que se activaron para denostar al movimiento Mexicali Resiste, se encuentran Juntos Podemos, Cachanillas Justicieros, El Informal de Baja California, Anonymous Mexicali y Mexicali Ya Basta, todas con el común denominador de trabajar con publicaciones pagadas (inversión de dinero) para replicar información contra los movimientos sociales.
Lo que sí, es que entre los señalamientos sin pruebas de Rueda, los de Vega de Lamadrid, la grabación de Reynoso, las páginas pagadas en redes sociales y las campañas de difamación del pasado, pareciera que en el Gobierno del Estado no hay estrategia de comunicación para el manejo de crisis, más allá de la difamación y el señalamiento simplón.
Ahora la guerra sucia -de viva voz del secretario de Gobierno- fue activada para contrarrestar a Mexicali Resiste, movimiento que cuenta con simpatía y solidaridad entre los mexicalenses, ahora ante su rechazo al endeudamiento o “compromiso de pago”, como llama el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Manuel Guevara, a las Asociaciones Público-Privadas.
Refilón
Sergio García, titular del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Mexicali, dijo que se encuentran saturados. Pero no porque haya muchas llamadas, sino porque el 60 por ciento de las mismas, son errores de software de los teléfonos inteligentes, de los cuales se marcan y se cuelgan en automático, lo que trae de cabeza a todos en la dependencia, debido a que el error digital los lleva a exceder su capacidad y satura las líneas.