Por la sequía, el 85 por ciento de los productores en la región norte de Ensenada aceptó el traslado de aguas tratadas desde la presa La Morita en Tijuana hasta el Valle de Guadalupe. La Secretaría de Fomento Agropecuario se comprometió a que ningún empresario que no reciba agua con la calidad suficiente tendrá que comprarla. Estiman que el precio será de 9.5 pesos por metro cúbico; persiste el temor de contaminación química de tierra y producto por agua mal tratada
La inversión en clústers, negocios gastronómicos, hotelería y vinícolas va en crecimiento en el Valle de Guadalupe, en contraste con la reserva agrícola que de acuerdo a cifras del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), bajó casi 300 hectáreas de siembra de uva en el periodo 2015-2016.
Una copa de vino ocupa cientos de litros de litros de agua durante el proceso de producción, tanto en el riego de las plantas por casi un año, mantenimiento de equipo, refrigeración e higiene.
La escasez de agua es el argumento recurrente entre los productores de vino, quienes están en medio de una polémica por la posibilidad de que los gobiernos del Estado y Federal introduzcan una tubería a lo largo de la Ruta del Vino para trasladar aguas tratadas para regar vid, desde la presa La Morita en Tijuana hasta Ensenada.
Para los viticultores de la región, regar con agua de reúso era un tema que había quedado en el tintero desde 2014, cuando se presentó el proyecto ante medios de comunicación pero hubo rechazo por una buena parte del sector que lo consideró una amenaza al prestigio que, con gran esfuerzo, cada casa productora ha conseguido.
En esa ocasión, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció en el Museo del Vino con mapas, cuya inversión total se calculaba en mil 800 millones de pesos; 7 millones de pesos se aplicaron en la elaboración del anteproyecto hecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
El agua de reúso saldría de tres plantas de tratamiento en la zona oriente de Tijuana: La Morita, El Venado y Monte Los Olivos, donde se tratarán mil 200 litros por segundo.
Pero el desorden en el Valle de Guadalupe en materia de reglamentación es imparable.
En los últimos años, el Gobierno Federal ha puesto a disposición de los emprendedores millones de pesos a fondo perdido para la construcción de vinícolas, áreas agrícolas, hoteles, cabañas y otros negocios relacionados, sin que haya agua suficiente ni un programa sectorial aprobado.
Temen perder prestigio vinícola
El presidente de la Asociación de Viticultores, Álvaro Ptacnik, rechazó el proyecto en una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE).
“Sabemos que hay graves riesgos con las nuevas normas de sanidad e inocuidad, tenemos que estar seguros de que se cumplan las normas o nos afectarán a todos”, sostuvo el viticultor cuando se enteró de la noticia.
Al mismo tiempo, urgió a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a informar a todos los productores sobre el plan que pretenden ejecutar en el Valle.
“Lo queremos analizar y debatir porque sabemos lo que implica hacer un desarrollo que no está debidamente sustentado”, agregó.
Uno de los miedos es que, como en otros desmayos económicos que ha enfrentado Ensenada, como el embargo atunero, Estados Unidos cierre la puerta a los vinos mexicanos.
“No me imagino que de pronto nos digan en Estados Unidos que el vino de Baja California está contaminado por algún químico de Tijuana y que con eso se acabó la producción”, indicó.
Los empresarios denunciaron públicamente el actuar del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ya que pese a no tener resultados del plan hídrico, su administración está invirtiendo importantes sumas de dinero en soluciones como la construcción de desaladoras, acueductos y otros programas de ahorro.
El CCEE se posicionó también en contra de que construyan un sistema de conducción de agua con dinero público que beneficiará a unos cuantos productores privados.
Quien quiera agua tratada que “abra la llave y listo”
Las críticas, cuestionamientos y reclamos han recaído en el secretario de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras, quien sin un plan por escrito, ha repelido las agresiones y agradecido los halagos de quienes están a favor de usar aguas de desecho.
De la mano del enólogo Camilo Magoni, se hizo una prueba piloto en la planta de La Morita, donde hace siete años sembró cabernet que se riega con agua tratada, el vino es 100 por ciento potable y las botellas que se han producido de esa cosecha se regalan a expertos y servidores públicos para conocer la opinión.
Valladolid está convencido de la calidad del agua, a la que se dará un tratamiento terciario y, aunque no todos los empresarios del vino están de acuerdo, el 85% ha respaldado el proyecto.
“Ellos fueron los que lo pidieron, se les hace muy atractivo, es una petición de los productores para que el gobierno sea un facilitador”, se adelantó el funcionario.
Garantizó que ningún productor de vino que no reciba el agua con la calidad que necesita tendrá que comprar, se calcula que el metro cúbico de líquido tendrá un techo de 9 pesos con 50 centavos y el abastecimiento consistirá en tuberías que agua que atravesarán los distintos viñedos; quien ocupe “podrá abrir la llave y listo”.
La licitación aún no se publica, pero se tiene contemplado que pronto se haga pública.
“Si los productores no quieren el agua el proyecto no es viable”, respondió tajante.
También se hacen pruebas, así como análisis con la UABC en la planta El Naranjo, donde se siembran más de 150 hectáreas para productor flores y forraje, donde se están vigilando los suelos que dejan esas aguas.
Hay quienes piden que esa agua la aprovechen agricultores de Tijuana o Playas de Rosarito, sin embargo, es en el Valle donde hay mayor demanda.
Sobre lo económico, adelantó que la inversión no puede realizarse con una Asociación Público Privada (APP) por cuestiones de compromisos fiscales, pero recomendó una modalidad viable, que es la tipo mixta o concesionada en un 55%.
Aclaró que ya existe un empresario que “ha levantado la mano” y está interesado, pero también se conoce de otra compañía mexicana, con cuyos representantes ya se dialogó, así como con autoridades de la Conagua.
De esta manera se podrá garantizar que las aguas que son tratadas en Tijuana no se tiren al mar y puedan aprovecharse en la reinyección para los acuíferos del Valle de Guadalupe, que permitan un aprovechamiento para el fomento de inversiones y la generación de recursos económicos.
Votará Cabildo el polémico reglamento del Valle
El Programa Sectorial para los Valles Vitivinícolas de la zona norte del municipio de Ensenada, que tantos problemas le dejó al gobierno de Enrique Pelayo Torres, por considerar que estaba “amañado” para beneficiar a ciertos empresarios, está a dos meses de subirse al pleno del Cabildo.
David Alfredo Del Moral Silva, Regidor Ensenada
David Alfredo del Moral Silva, regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, explicó que cuando tomó la responsabilidad del programa encontró que éste estaba fuera de la realidad.
Fue en 2010 -durante el gobierno del Pelayo Torres- cuando el proyecto se publicó en el Periódico Oficial del Estado, pero no cumplía con los requerimientos de la zona.
“Se hizo un trabajo de escritorio que no estaba apegado a la realidad, sino desfasado, y se puede comprobar en el mapa que estaba fuera de sí, ni siquiera consideraba la delegación de El Porvenir dentro del núcleo, que es una de las zonas con mayor concentración”, señaló.
Hay un área dentro del núcleo del Valle con mil 312 hectáreas de uso urbano, un área agrícola que desafortunadamente ha decrecido de manera paulatina, ya que en 2014 había 6 mil 448 has sembradas; en 2015, alrededor de 6 mil 153; y en 2016, 5 mil 770. Los resultados del año en curso están en proceso de censo.
El 27 de marzo se llevaron a cabo consultas públicas para hacer las modificaciones pertinentes, con el trabajo del IMIP y Desarrollo Urbano. .
Como dato técnico, para la extracción de agua hay 554 pozos de uso doméstico 137 de uso pecuario, así como 25 de uso urbano. En 2007 se realizaron 39 trámites con diez factibilidades de uso de suelo, de los cuales 14 no proceden.
Del Moral concluyó que es urgente por parte de la comisión regularizar las construcciones, el agua, la conducción de aguas tratadas, las reservas de uso agrícola y comenzar a sancionar a través de administración urbana a todo aquel que intente mermar la vocación de la Ruta del Vino.
