Además de Mario Villanueva, detenido en la década anterior, 12 ex mandatarios estatales han sido apresados de 2010 la fecha. Eugenio Hernández, de Tamaulipas, fue detenido por autoridades estatales, porque en el fuero federal su averiguación está archivada. “El Geño” es requerido por una Corte Federal de Texas por lavado de dinero. Desvío de recursos, familiares metidos en sus negocios y enfermedad, las coincidencias entre los políticos acusados
El tamaulipeco Eugenio Javier Hernández Flores se convirtió en el ex gobernador mexicano número 12 en pisar la cárcel durante la última década, aunque solo siete de ellos se mantienen privados de su libertad, dos fueron exonerados y tres enfrentan su proceso o condena en libertad. Otros diez ex mandatarios de entidades federativas son mencionados en investigaciones de autoridades federales o del fuero común por señalamientos directos o indirectos en la comisión de presuntos delitos.
A una semana de la captura de Hernández Flores, un cateo realizado en una ranchería cuya propiedad se le atribuye, deja ver los lujos y excesos del político imputado por el gobierno de Estados Unidos de conspirar en instrumentos de lavado de dinero y apoyar la operación de un negocio de traspasos monetarios sin licencia. En México, está acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al hombre preso en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, localidad donde fue detenido el viernes 6 de octubre, se le refiere como socio con el 50 por ciento de las acciones de una empresa dueña del Rancho Las Palomas, con 60 hectáreas de terreno, ubicado en el kilómetro 13 de la salida a Monterrey en el Ejido Tierra Nueva.
El rancho tiene dos residencias, alberca, cancha de tenis, dos bodegas, un lienzo charro, dos caballerizas y viviendas para trabajadores. Personal de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, autoridad que detuvo al “Geño” Hernández, también localizó en el lugar 12 caballos cuarto de milla y varias cabezas de ganado. En una de las bodegas había más de una decena de cabezas de venado y cabras montesas disecadas, a manera de trofeos de cacería.
Foto: Demian Chávez/Cuartoscuro.com
Además, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguró un impresionante terreno de mil 600 hectáreas localizadas en el Puerto Industrial de Altamira, originalmente patrimonio estatal, presuntamente fue adquirido por el ex gobernador en 16 millones de pesos, a través de prestanombres.
Hernández Flores, de 57 años de edad, tenía conocimiento de que en Texas lo requiere una Corte de Distrito desde tiempo atrás. También sabía que en Tamaulipas avanzaba la denuncia formulada en su contra ante la PGJE, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por las presuntas irregularidades registradas durante su administración entre 2005 y 2010. Sin embargo, se mostraba confiado, como si el poder que un día ostentó tuviera una extensión protectora.
Desde finales de agosto de 2017 trascendió la carpeta de investigación local iniciada contra Eugenio. Incluso la agencia ministerial encargada del asunto citó al ex funcionario para que compareciera el 21 de agosto, pero hizo caso omiso y dejó plantado al fiscal. Aun así, el político presentó una demanda de amparo, mas el acto reclamado de orden de aprehensión todavía no existía y finalmente causó sobreseimiento el juicio de garantías.
A nivel federal, Hernández fue investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada en el mismo expediente de Tomás Yarrington. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) rastreó su presunto patrocinio y complicidad con “Los Zetas” y el Cártel del Golfo, pero finalmente, en 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) no ejercitó acción penal en su contra y envió la averiguación previa al archivo.
Fue el miércoles 4 de octubre cuando, por fin, las pesquisas de la autoridad persecutora del delito, pero del fuero común, se materializaron, y producto de la consignación de la carpeta de investigación 14/2017, se obtuvo el mandamiento de captura de un juez en materia penal de Ciudad Victoria. Apenas dos días tardaron los agentes de la Policía Ministerial de Tamaulipas en cumplir con la orden del juzgador.
Tras ser puesto a disposición del juez de control, Eugenio Hernández se declaró ajeno a los hechos que le imputan por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dos despachos de abogados se encargan de su defensa. No tienen noticia de la orden de detención provisional con fines de extradición internacional que en medios de comunicación, se asegura, solicitará el gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con el documento Case 2:14-CR-00178, el tamaulipeco y su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra “conspiraron” para transferir, transportar y cometer fraude en bancos de Texas, en los cuales depositaron fondos robados del erario público, así como sobornos de grupos criminales por 30 millones de dólares. Por tal asunto, desde 2015, la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, emitió una orden de aprehensión contra el mexicano.
Foto: Cuartoscuro.com
Presuntamente, “El Geño” recibía dinero de “Los Zetas” desde que era alcalde de Ciudad Victoria para dejarles operar, apoyo económico que le habría servido para financiar su campaña posteriormente a la gubernatura. Como jefe del Ejecutivo estatal, aseguran, formó parte de una red que empleó el dinero ilícito para adquirir inmuebles en Austin y McAllen por un valor aproximado a 30 millones de dólares.
Los defensores desconocen esas imputaciones y por ahora se concentran en la causa penal de Tamaulipas y en procurar una estancia digna de su cliente mientras prevalece la medida cautelar de prisión preventiva en el reclusorio victorense. Han promovido permisos para que los familiares de Eugenio puedan visitarle y les permitan ingresar medicamentos, pues señalan que el político está enfermo.
El caso de Hernández Flores y el de otros ex gobernadores señalados por actos irregulares, de corrupción o delictivos, tienen ciertas similitudes:
- Desde que estaban en funciones se advertían anomalías, principalmente en el manejo de recursos públicos.
- Un enriquecimiento difícil de explicar que ha burlado todo tipo de controles.
- Familiares directos o parientes políticos inmiscuidos en la adquisición de bienes inmobiliarios, como prestanombres.
- Las autoridades sucesoras les dan oportunidad de huir y hacen lentas las investigaciones, generando suspicacias de negociaciones políticas futuras.
- Cuando los ex mandatarios son detenidos se dicen muy “enfermos”, y obviamente “inocentes”.
Además de los 12 ex gobernadores que han sido detenidos de 2010 a la fecha, existe el cabalístico número 13, de Mario Villanueva Madrid, quien fue apresado en la década pasada y permanece privado de su libertad, después de ser enjuiciado y condenado en EU, de donde regresó visiblemente disminuido de salud.
A pesar de que ahora, en apariencia, ya se persigue a los políticos que defraudan la confianza de los gobernados, nada garantiza que con el paso del tiempo la impunidad campee como ocurre con los grandes narcotraficantes y miembros de la delincuencia organizada. Otra cosa habría ocurrido si a Jorge Carrillo Olea, Sergio Estrada Cajigal, Manuel Cavazos Lerma y demás ex gobernadores que tuvieron señalamientos sospechosos, les hubiera tocado esta época.
Encarcelados
Investigados
Pisaron la cárcel
MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID
Quintana Roo, 1993-1999 (PRI)
Fue el primer ex gobernador detenido, procesado y sentenciado por vínculos con el narcotráfico. Judicialmente se acreditó su nexo con el Cártel de Juárez en la década de los noventa. En México recibió condena de 22 años de prisión por lavado de dinero, delitos contra la salud y asociación delictuosa, pero su pena fue interrumpida por su extradición a Estados Unidos, donde también fue encontrado responsable de lavado de dinero. Tras permanecer en una penitenciaría de Kentucky durante seis años y medio, fue deportado el 18 de enero de 2017 para cumplir el resto de su condena en una prisión federal mexicana. Debido a su precario estado de salud, su defensa solicita prisión domiciliaria.
PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA
Chiapas, 2000-2006 (PAN, PT, PVEM, CONVERGENCIA)
Acusado de delitos como peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa, Salazar fue aprehendido el 7 de junio de 2011 en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, y trasladado al penal de El Amate en Cintalapa. Según las autoridades en turno, el ex mandatario había desviado 104 millones de pesos durante su administración, incluida una cantidad de dinero destinada a la reconstrucción por los daños que causó el huracán “Stan” en 2005. En noviembre de 2012, el juez penal de la causa exoneró de los cargos al político, que así continuó con su carrera.
NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO
Baja California Sur, 2005-2011 (PRD)
Por el supuesto delito de peculado en perjuicio de las finanzas del Estado, fue detenido el 24 de mayo de 2012 junto al que fuera su secretario general de Gobierno, Alfredo Porras. El hombre estuvo preso un tiempo en el Centro de Reinserción Social de La Paz, acusado de distraer 76 millones 200 mil pesos por concepto de la venta irregular de siete bienes inmuebles en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas. El 7 de noviembre de 2014, en cumplimiento a una sentencia de un juicio de amparo indirecto promovido por Agúndez, contra el auto de formal prisión que lo mantenía procesado, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal decretó auto de libertad en su favor y de su coacusado.
LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT
Aguascalientes, 2004-2010 (PAN)
Aunque ya ha recibido dos sentencias condenatorias en México, aún es investigado por autoridades norteamericanas, acusado de adquirir siete inmuebles en San Antonio, Texas, con 6 millones de dólares desviados de su administración y depositados en bancos de esa nación. Un juez penal federal le impuso una pena de dos años y tres meses de prisión por el delito de peculado, por 1.9 millones de pesos; mientras que otro juzgador le condenó a seis años y nueve meses de cárcel por los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público, con relación a la compra simulada de un tomógrafo en 2010, valuado en 13.8 millones de pesos, que ningún hospital público de la entidad recibió. No está preso. Uno de sus hijos fue involucrado en el asunto.
ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO
Tabasco, 2007-2012 (PRI)
Recluido en el hospital penitenciario de Tepepan, en Ciudad de México, enfrenta un proceso penal federal desde 2014 por desfraudación fiscal agravada de más de 224 mil pesos. Está formalmente preso en otras causas criminales por delitos como fraude al erario estatal y otros cargos por varios millones de pesos, en los fueros común y federal. Debido a delicados problemas de salud, sus abogados tramitan desde hace varios meses el beneficio procesal de resguardo domiciliario. Uno de sus hijos fue involucrado en la presunta red de corrupción del ex gobernante.
JESÚS REYNA GARCÍA
Michoacán, interinato 2013 (PRI)
Sustituyó interinamente al gobernador Fausto Vallejo Figueroa entre el 22 de abril y el 23 de octubre de 2013. Es procesado penalmente desde el 4 de abril de 2014 por su presunta relación con el narcotraficante Servando Gómez Martínez “La Tuta”, encarcelado líder de Los Caballeros Templarios, con quien aparece en un video difundido a través de redes sociales. Estuvo internado en la prisión de máxima seguridad “Altiplano”, pero en mayo de 2016 fue trasladado al penal de “Mil Cubres” en Morelia, donde continúa su juicio por delincuencia organizada.
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS
Sonora, 2009-2015 (PAN)
Se entregó voluntariamente a la PGR en noviembre de 2016 y fue internado en el Reclusorio Preventivo Oriente de Ciudad de México, donde se encuentra a disposición de dos jueces federales, uno capitalino y otro del Estado de México, acusado de la comisión de cinco delitos, entre ellos delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero por más de 178 millones de pesos en uno de los asuntos, y 8.8 millones de dólares en otro. Uno de sus hijos estuvo preso, pero fue exonerado de cargos similares.
JAVIER DUARTE DE OCHOA
Veracruz, 2010-2016 (PRI)
Al sentirse presionado, solicitó licencia al cargo de gobernador el 12 de octubre de 2016 y huyó hacia Guatemala, donde fue detenido el 15 de abril de 2017 y finalmente extraditado a México el 17 de julio reciente. Internado en el Reclusorio Norte de la Capital mexicana, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Errores técnico-jurídicos del Ministerio Público federal pusieron en riesgo la causa penal. En Veracruz cuenta con tres órdenes de aprehensión en su contra por delitos del fuero común, pero el trámite de un juicio de amparo ha impedido que los mandamientos sean ejecutados hasta el momento.
FLAVINO RÍOS ALVARADO
Veracruz, interinato 2016 (PRI)
Tras la licencia de Javier Duarte, Ríos quedó al frente del gobierno veracruzano del 12 de octubre al 30 de noviembre de 2016. Desde los primeros días de su efímero mandato, trascendió el auxilio que brindó a Duarte, al facilitarle un helicóptero propiedad del Ejecutivo estatal para escapar de la acción de la justicia. Flavino fue detenido e internado en la cárcel de Pacho Viejo en marzo de 2017, acusado de los delitos de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Un juez local cambió la medida de prisión preventiva por resguardo domiciliario, y después la volvió a modificar por libertad provisional bajo caución. Enfrenta su proceso en libertad.
TOMÁS JESÚS YARRINGTON RUVALCABA
Tamaulipas, 1999-2004 (PRI)
Luego de varios años de estar en la mira de las autoridades estadounidenses, fue detenido el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, donde a la fecha está preso. El 21 de septiembre reciente, la Corte de Apelaciones de Florencia avaló la petición de extradición hecha por los gobiernos de México y Estados Unidos; sin embargo, no se ha determinado a cuál de los países será entregado. Señalado por sus nexos con organizaciones criminales de “Los Zetas” y el Cártel del Golfo antes y durante su administración gubernamental, es acusado, entre otros delitos, por tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario.
ROBERTO BORGE ANGULO
Quintana Roo, 2011-2016 (PRI)
Desde que estaba al frente del gobierno quintanarroense se conocía de sus presuntos malos manejos y desvíos de dinero público. Al terminar su periodo huyó por varios países, hasta que el 4 de junio de 2017 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando pretendía viajar a París, Francia. Fue internado en la prisión “El Renacer”, donde el 18 de septiembre el gobierno panameño le notificó que su extradición fue autorizada para que enfrente las causas penales que le aguardan en México por lavado de dinero en el fuero federal, y por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública en el fuero común. Interpuso un recurso de apelación.
EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES
Tamaulipas, 2005-2010 (PRI)
Sucesor de Tomás Yarrington en la gubernatura tamaulipeca, a “El Geño” se le atribuyeron relaciones con el narcotráfico, pero el Gobierno Federal no le investigó. Autoridades de Norteamérica le investigaron por lavado de dinero y por defraudar a tres bancos de ese país. Recientemente la Fiscalía Estatal Anticorrupción de Tamaulipas ejercitó acción penal en contra del ex mandatario por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, obteniéndose la orden de aprehensión el 4 de octubre de 2017. Su detención ocurrió dos días después en Ciudad Victoria y fue recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones del lugar.
RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ
Nuevo León, 2009-2015 (PRI)
Imputado por los delitos de ejercicio indebido de funciones, daño al patrimonio y peculado, el político fue encarcelado en la prisión de Topo Chico y fichado administrativamente el 26 de enero de 2017, pese a la suspensión provisional concedida en un juicio de amparo por un juez federal. Luego de 19 horas fue liberado para que siga su proceso penal en libertad. En julio último, un juez le informó sobre una nueva imputación por enriquecimiento ilícito y peculado, que a la fecha siguen en periodo de investigación. En septiembre, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León solicitó a un juzgador vincular a proceso a Medina por utilizar un helicóptero oficial para realizar vuelos privados entre 2013 y 2014.
Investigados
JORGE JUAN TORRES LÓPEZ
Coahuila, interinato 2011 (PRI)
Fue mandatario interino del 4 de enero de 2011 al 1 de diciembre de 2011, en la transición de su antecesor Humberto Moreira Valdés, y su sucesor, Rubén Moreira Valdés. Desde septiembre de 2013, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Texas señaló que durante los meses de su administración, Torres López habría recibido sobornos de Luis Carlos Castillo Cervantes “El Rey de los Dragones”, acusado en la Unión Americana de lavar dinero producto de fraude bancario, soborno y robo.
