Mariano Rajoy Brey anunció este sábado una serie de medidas encaminadas a asumir temporalmente las principales funciones de gobierno de la región de Cataluña, ante la amenaza de que el Parlamento catalán cumpla su intención de votar una declaración unilateral de independencia.
El presidente de España aseguró que aplicó el artículo 155 “contra su deseo”, previsto en el supuesto de que una comunidad autónoma no cumpla sus obligaciones o las leyes, para así “restaurar el orden constitucional, asegurar la neutralidad institucional, garantizar la actividad económica y los derechos de los ciudadanos”.
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El Ejecutivo español propuso proceder al cese del presidente catalán, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, al de los consejeros del Gobierno regional -conocido como la Generalitat-, así como la disolución del Parlamento regional y que dichos cargos sean asumidos por el Gobierno central de España. Rajoy pidió, también, que se realicen elecciones en esta región en un plazo máximo de seis meses.
Las medidas, que fueron pactadas por el Partido Popular (PP) con el principal partido de la oposición (PSOE), se decidieron en un consejo de ministros extraordinario, que se reunió para estudiar un artículo de la Constitución de 1978 que se aplica por primera vez en la historia de España.
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En una sesión del Senado –en el que es mayoría el conservador Partido Popular– prevista para el próximo 27 de octubre, se espera que se otorgue la autorización para poner en marcha el plan de Rajoy, quien sortea la crisis institucional más grave de la era democrática iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco.
España acusa al gobierno regional catalán de “desobediencia” constitucional, después de la celebración el pasado 1 de octubre, de un referendo que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español, pero que las autoridades regionales dan por válido.
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Aunque Rajoy aseguró que las medidas “no suponen una intervención de la autonomía”, se espera que esta tarde, el presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, dé una declaración después de que fuera anunciada la intención de cesarlo, junto a todo su gabinete.
“El único temor que se puede tener en una situación como ésta es no cumplir con tu obligación”, dijo el presidente de España al ser cuestionado por la prensa sobre si no temía que la decisión provocase un aumento de las ya importantes protestas en la región.
Rajoy también destacó la importancia económica de la situación, asegurando que una hipotética independencia “empobrecería” la economía regional entre un 25 y un 30 por ciento, ante la fuga de “más de mil empresas” de la región, “la desincentivación de la inversión” y la “desmotivación del turismo”.
Según datos del gobierno catalán, de un censo de 5.3 millones participaron 2.2 millones de personas, de los cuales 90 por ciento se mostró partidario de la independencia. Los contrarios al referéndum no hicieron campaña por el “no”, ni tampoco participaron en la consulta que estuvo marcada por violentas protestas.
El Gobierno español había dado como plazo a Puigdemont hasta el 16 de octubre para que confirmara si había declarado la independencia de Cataluña en una sesión celebrada el pasado 10 de octubre en el Parlamento regional.
“Cataluña se ha ganado el derecho a ser un país independiente”, dijo entonces Puidgemont, en un discurso que fue considerado ambiguo y en el que además pidió que se iniciara un diálogo. Sin embargo, la aclaratoria catalana no ocurrió y el Gobierno español decidió aplicar el artículo 155 para la región de 7.5 millones de habitantes, lengua propia y una marcada identidad cultural.
