Por lo que estamos padeciendo, tandeos de agua por todo Baja California, es un hecho que al Estado le hace falta infraestructura para el flujo, manejo y administración del recurso. No solamente en el Valle de Guadalupe o en Ensenada, zonas en las que ciertamente el problema de falta de líquido es grave; también en ciudades como Tijuana, que hace 30 años no tenían problemas de abastecimiento, lo mismo el resto de los municipios hasta llegar a la Capital, Mexicali, que también sufre este problema.
De eso no hay duda. Después de años de vivir de la infraestructura subterránea que se construyó en el gobierno de Ernesto Ruffo Appel, con sus actualizaciones en la era de José Guadalupe Osuna Millán, es en esta administración de Francisco Vega de Lamadrid que el problema del agua vuelve a ser tema. En parte, efectivamente, por la falta de infraestructura, y en parte también por un deficiente manejo en la mayoría de las comisiones estatales de Servicios Públicos.
Respecto el agua, Vega ha realizado varias acciones y cometido varios errores. Su pretendida Ley del Agua, donde pretendía metropolizar el servicio, privatizar el flujo y la administración de la misma, le fue aprobada por los comparsas diputados del PAN, PRI y otros aliados, a pesar de la animadversión social que ya cargaba con la sospecha de la corrupción.
Ante los levantamientos sociales de enero de 2017, cuando más de 50 mil personas salieron a la calle en Mexicali para pedir su salida y la abrogación de la Ley del Agua, así como la salida de la Cervecera Constellation Brands, inversión traída por Vega en sospechosas negociaciones y que requiere mayormente de agua para su funcionamiento, el gobernador hubo de dar marcha atrás.
Pidió a los mismos diligentes diputados que le aprobaron su mamotreto, que siempre no, que recularan, que lo abrogaran, atendiendo la voz de la sociedad que antes no escuchó ni él, ni los diputados afines.
Pero ha mantenido su proyecto de las desalinizadoras. Entre ellas la más cara, la de Rosarito, entregada a un grupo denominado Aguas de Rosarito, que integran las empresas NSC Agua, Nuwater y Degremont, al cual el gobierno del Estado propone pagar 172 millones 840 mil pesos al año, durante 37 años, hasta haber devengado 76 mil 740 millones de pesos. Para iniciar ese proyecto, ya aprobado por los mismos diputados afines, ahora es necesario modificar la letra para que el Estado pueda financiar y garantizar el pago a la empresa.
Eso no ha sucedido porque desde hace semanas, ciudadanos han tomado una y otra vez el Congreso del Estado para evitar lo que consideran un robo, la sospecha sobre el gobierno que todo lo corrompe.
En el mismo sentido estaba la aprobación de la construcción del C5i, un sistema de Coordinación, Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, para la seguridad de Baja California. Centro que representantes de la sociedad civil, de las cúpulas empresariales y del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, consideran no es necesario, tanto como mejorar las condiciones actuales de la infraestructura de seguridad, tanto materiales como en recursos humanos, particularmente con mayor capacitación y una mejoría considerable salarial a los policías de Estado y Municipio.
Durante las últimas cuatro semanas, esos dos temas provocaron el estallido en el Congreso del Estado, no porque los diputados actuaran con independencia de Poder Legislativo ante el Poder Ejecutivo, sino porque la sociedad no está de acuerdo con la forma en que gobernador y diputados aprueban el endeudamiento del Estado, de manera opaca, nada transparente y con sospechas de corrupción.
Sin importar la sociedad ni la opinión de los miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, ni la de los líderes empresariales, el jueves 26 de octubre, el gobernador, con 18 diputados y en medio de protestas, aprobaron el endeudamiento por 800 millones de pesos a 16 años, para la instalación del equipo tecnológico del C5i. Los votos de los comparsas, y hay que anotarlo porque buscarán la reelección en 2019, provinieron del PRI, PAN, PT y PRD; gracias a ellos, sin transparencia ni certeza de buen gobierno, la administración de Baja California pagará entre 69 y 80 millones de pesos al año. Los legisladores que no estuvieron de acuerdo con los procedimientos de “Kiko” Vega fueron el priista Bernardo Padilla, el panista Miguel Osuna Millán, los representes de Morena, Catalino Zavala y Víctor Manuel Morán; Luis Moreno, del PES, y Jorge Núñez, del PEBC. Mientras Job Montoya, de Movimiento Ciudadano, se abstuvo de votar ante la falta de una consulta ciudadana, que por supuesto el Gobierno del Estado no quería.
La aprobación del C5i también redundó en la renuncia del secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, después de diez años al frente de la dependencia.
En los siguientes días tocará a los diputados del gobernador actuar una vez más contra el sentir social, y apoyar la opacidad y sospecha de corrupción, cuando empeñen su dignidad al aprobar los proyectos para el agua que trae Vega, ya con contratos y presupuestos.
Para nadie es un secreto que tenemos un problema de agua, como tampoco lo es que la inseguridad está haciendo crisis, en concordancia se debería entender la inversión en ambos sentidos, en agua y en seguridad, lo que no se entiende ni cuenta con la aprobación social, es la manera tan nada transparente que hace Francisco Vega del uso de los recursos del Estado, no solo de este, sino de los años por venir.
Esa actitud de cerrazón, de cacicazgo moderno que ejercen en el Gobierno del Estado, es lo que no termina por convencer a los ciudadanos y a los grupos organizados, que los proyectos y programas aprobados, sean lo que requiere el Estado.
La falta de transparencia, de convocatorias y licitaciones, y las empresas que ganan los millonarios contratos, terminan por convencer a la sociedad que este es un gobierno que todo lo corrompe, que saca provecho de la urgencia, de la necesidad, de una población que está en condiciones de inseguridad y ahora, encima de todo, que ni agua tiene.
