Delincuentes aprovechan avances de la tecnología para potenciar su capacidad ilícita y lograr sus objetivos económicos. Los drones utilizados por la delincuencia organizada representan un verdadero riesgo y amenaza para la seguridad pública y nacional, refiere especialista en Derecho aeronáutico. Más que circulares de la SCT para regular el uso de aeronaves no tripuladas, se requiere de un proceso legislativo que cimente en ley, el principio jurídico. Los drones también pueden ser utilizados para la comisión de delitos electorales en las próximas votaciones
Narcotraficantes, polleros y miembros de redes de prostitución utilizan la tecnología para consumar sus fines ilícitos a lo largo de la extensa franja fronteriza al norte de México, pues les facilita burlar a las autoridades mexicanas y estadounidenses a través del llamado “halconeo”, el espionaje y el trasiego de drogas, advierte el investigador académico Rodrigo Soto Morales.
El uso frecuente de drones por parte de los criminales, al menos desde 2011, motivó que los gobiernos, de ambos lados del muro, contraatacaran con otros importantes dispositivos interceptores y de vigilancia, sobre todo en la Unión Americana, donde son visibles sus prototipos sobrevolando su territorio. En México, aunque las fuerzas del orden cuentan con dicha tecnología, su operación no es perceptible, ni se ha transparentado su adquisición y empleo.
Apenas, el 19 de agosto de este año, autoridades norteamericanas de aduanas reportaron el aseguramiento de un dron que había transportado 13 libras de metanfetamina mexicana hacia San Diego, California. Un ciudadano estadounidense de 25 años fue detenido y confesó que desde el mes de marzo a esa fecha había realizado cinco o seis “viajes”. Un zumbido en el aire alertó a los oficiales que rastrearon el vuelo del artefacto hasta capturar al sospechoso, que recibiría mil dólares por su participación.
Así como éste, ha habido otros episodios como el ocurrido la madrugada del 14 de marzo de 2016, cuando un operativo de revisión en el penal de Reynosa, por parte de la Fuerza Tamaulipas, descubrió que además de droga, armas y hasta animales exóticos, los reos poseían un mini dron incompleto que al parecer utilizarían para obtener información de las vulnerabilidades de esa cárcel y planear su escapatoria.
Especialista en Derecho Aeronáutico y Seguridad Nacional, de la Universidad Panamericana, el doctor Rodrigo Soto reconoce que la tecnología, con sus capacidades de despliegue y de operación, tanto para personas físicas como para organizaciones “ya sea delictivas, corporaciones o agencias de gobierno. Obviamente ha ampliado la capacidad de influencia, ha generado los procesos para lograr un objetivo operativo concreto, sea producir un bien, prestar un servicio o como suele ser ya más frecuentemente, obtener, analizar y distribuir información”.
En entrevista con ZETA, el experto no se sorprende por los usos que la delincuencia ha dado a los avances tecnológicos, pues a todos hace la vida más fácil y permite llegar más rápido, más lejos y de forma más eficiente a lugares donde antes el ser humano no tenía el acceso que tiene hoy. Autos, otro tipo de transporte, teléfonos móviles, edificios inteligentes y otros productos científicos han cambiado el presente y alcance de millones de seres humanos.
Foto: Tomada de Internet
“Obviamente las organizaciones del crimen, también se ven favorecidas. Tienen, por decirlo así, nuevas formas de potenciar su capacidad de delinquir, de crear mercados, de influir en otras personas y de obtener sus objetivos económicos a través del crimen, porque hoy el problema de nuestro país no es una patología social, sino que es más bien un crimen, cuyo fundamento o motivación principal es la ganancia económica, ¿no? Lo observamos tanto en el tráfico de drogas, como en el contrabando y la trata de personas que ocasionalmente tienen que recurrir a la violencia para poder llegar a su meta. En ese sentido, la tecnología, en una forma muy resumida, nos afecta para bien y para mal a todos”, señala Soto Morales.
Amenaza a la seguridad
Con el uso de los drones, la acción de vigilancia (“halconeo”) se traduce al final en un reporte de información para la toma de decisiones y en ese sentido, el dron aporta datos audiovisuales que actualmente solo se tendrían a través de una aeronave. “Entonces, aquí surge una primera pregunta: ¿Para la lucha del crimen organizado tendremos que considerar al dron como una aeronave o como un simple dispositivo tecnológico en vuelo? Porque si jurídica y legalmente lo consideramos como una aeronave, que yo creo que así debería de ser, porque científicamente lo es, tiene que recibir el tratamiento legal de una aeronave, aunque no tenga tripulación. Ocupa un sistema de radiocontrol y telecomunicación, ocupa el espacio aéreo y ocupa un tamaño y un peso que despliega por esa vía general de comunicación que es el espacio aéreo”.
Al menos desde 2011, autoridades norteamericanas han interceptado drones procedentes de su frontera sur cargados con paquetes de droga. Otros aparatos simplemente realizaban acciones de vigilancia para el paso de indocumentados o establecer la posición de la patrulla fronteriza para esperar el momento oportuno de pasar estupefacientes.
El 16 de noviembre de 2015, los oficiales estadounidenses aseguraron en San Luis, Arizona, un cargamento de casi 31 libras de marihuana. El enervante empaquetado en tres bultos había llegado por vía aérea, surcando los ardientes vientos, desde San Luis Río Colorado, Sonora. La droga arrojada junto a un canal por un dron tipo Octocopter, tenía un precio en el mercado negro de los Estados Unidos de América de 15 mil 430 dólares, dijeron las autoridades.
“El dron es una aeronave. Es una aeronave, en el caso que tú me estás proponiendo, del crimen organizado, y que eso multiplica su capacidad de eficiencia y de eficacia para conseguir sus fines ilícitos. En ese sentido, es válido considerar que el dron no solo es un facilitador, sino que, en algunos casos, por su tamaño y peso, también puede ser considerado como un arma. Por eso, el dron sí puede representar, tanto para la seguridad pública y en algunos casos, depende donde se encuentre operando, para la seguridad nacional, un verdadero riesgo y una verdadera amenaza”, advierte Rodrigo Soto.
Debido a los referidos riesgos que estos dispositivos implican, el especialista estima que el tema amerita de un tratamiento específico y las diversas leyes deben de crear un espacio dentro de su estructura para que se les pueda hacer frente a estos sistemas remotos no tripulados por parte de la autoridad.
Regulación formal
Desde 2010, la Dirección General de Aeronáutica Civil expidió una circular que se basa en especificaciones técnicas y la clasificación de las aeronaves no tripuladas, de acuerdo a su peso y tamaño, a su velocidad y capacidad de alcance en altura y distancia, imponiendo el registro y certificación a los mismos para su operación en México. La circular ha tenido algunas modificaciones en 2015 y 2016, señalándose las áreas restringidas y otras limitaciones para la operación de drones.
Sin embargo, en opinión del académico Soto Morales, “esto es insuficiente, porque parte del uso de los drones, como si fuera solo una tecnología para uso civil, lo es también para el uso criminal. Existe ya el suficiente entramado legal para que, si alguien comete una barbaridad, ya sea una falta administrativa, ya sea un delito, o ya sea un daño o perjuicio a otro, por la operación de estos drones, se le pueda procesar judicialmente y exigir que cumpla con la responsabilidad y responda por el daño causado o el crimen cometido o la falta administrativa realizada”.
Es decir, sí existe un marco jurídico que puede hacer responsable a quienes utilizan los drones para delinquir. “Yo pienso que este es el segundo o tercer plano del problema. El primer plano, cuando tienes tecnología potencialmente peligrosa es contar, por parte de la autoridad y por parte de los ciudadanos, con tecnología que te pueda defender de manera efectiva de ese potencial peligro. La autoridad debe de tener las facultades para poner a salvo a la ciudadanía, en caso de que se detecte una infracción por parte de estos dispositivos, para neutralizarlos, si es el caso, decomisarlos, para después hacer la investigación y fincar la responsabilidad correspondiente”, asegura el entrevistado.
“El tema es si estamos trabajando los dos planos al mismo tiempo. No basta trabajar el plano legal, que a mi parecer ya tiene algunos adelantos, pero sigue estando incompleto, sino que hay que trabajar el plano de capacidades operativas por parte de la autoridad para inhibir y que se respeten las zonas restringidas de vuelo y disminuir las posibilidades de peligro, ¿no? En el plano legal queda mucho por hacer”.
En ese sentido, plantea el especialista, no basta con una circular, que es una disposición administrativa interna de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a través de una Dirección General de Aeronáutica Civil impone cargas a los funcionarios inspectores “que puede a través de convenios administrativos de colaboración hacer efectivo su cumplimiento con autoridades locales o municipales y tiene que ser así porque el espacio aéreo es jurisdicción federal, así como dice la Ley (General de Vías de Comunicación y Ley de Aviación Civil), entonces el espacio aéreo no va a dejar de ser una jurisdicción federal, al menos en el corto, en mi opinión”.
Rodrigo Soto Morales insiste en que, si bien, con una circular se avanza sin el viacrucis de pasar por un debate legislativo en la Cámara de Diputados, el dron es un fenómeno muy peculiar que requiere en el corto plazo de un principio jurídico que quede cimentado en ley, con la planificación de políticas públicas, además de dotar a las autoridades responsables, tanto de seguridad pública como de seguridad nacional, de otros drones u otras tecnologías que permitan su control desde tierra o en aire para que estén en vigilancia permanente y controlar que el dron esté limitado o constreñido a volar en donde le sea permitido volar sin que represente una amenaza.
Más de dos años y medio han transcurrido ya, desde aquel 20 de enero de 2015, cuando a la altura de la glorieta de la Diana Cazadora, en esta frontera, se desplomó uno de esos aparatos -hechizo- dotado de cámara de video y GPS integrado, que transportaba tres kilos de la droga sintética cristal. Las autoridades ni se alarmaron. Ya tenían noticia de avistamientos reportados por tijuanenses de la Zona Río y la colonia Libertad. Un año antes, la Secretaría de Seguridad de Baja California había asegurado otros tres drones, uno en el Valle de Mexicali y dos en Tecate.
Delitos electorales
El periodo electoral de 2018 está muy cercano. Durante las últimas campañas, algunos actores políticos han denunciado el supuesto uso de drones para espiar a candidatos. Al respecto, ZETA cuestionó al doctor Soto Morales sobre si este señalamiento es una realidad o todo queda en el terreno de la imaginación, para llamar la atención de funcionarios y electores como parte de la llamada “guerra sucia”, tan acostumbrada en estas etapas.
El docente asegura que obviamente es posible. “Desde que existen los drones ha sido el tema, ya que son políticos y ellos, por su modus vivendi, son figuras públicas. Cualquier ciudadano está expuesto a que se invada su privacidad a través del dron, no solo los políticos. Entonces, es un tema que está en la palestra desde el principio que se popularizó este tipo de tecnología y por eso, creo que nos está faltando agilidad y rapidez legislativa para abordar el problema de manera suficiente”.
“Las empresas que producen estos bienes que tanto nos ayudan para otras cosas, grabar recuerdos, disfrutar las vacaciones, agrimensura rural, pastoreo de ganado, mediciones de concentración atmosférica, vigilancia, fotografía, etc., etc., que son actividades lícitas y buenas, aparejadas por su capacidad operativa que puedan aplicarse con otra intención y que efectivamente se invadan los derechos de privacidad de las personas, se trafique drogue, se ataque a alguien, etcétera”, enfatizó Soto.
Tampoco se debe satanizar al dron y a los avances tecnológicos en turno que sean aprovechados por los delincuentes. “El ilícito siempre está ahí y como vemos, se puede hacer con un dron, con un coche, con un caballo, con una pistola para uso deportivo, etcétera. Entonces, el mal uso de las buenas cosas siempre es una posibilidad cuando caen en manos que tienden al dolo o a la conducta criminológica para delinquir. ¿Qué se tiene qué hacer? Acompasar los dos planos por parte de las autoridades, tanto el tecnológico como el legal y no se necesita hacer un gran articulado o una ley extensa. Basta con dos o tres artículos que tienen que ver con el tema de seguridad operativa, con el tema de responsabilidad legal, sea civil, criminal o administrativa; y con el tema de registro, capacitación y certificación para operación de los mismos, porque muchos de los incidentes pasan por la incapacidad técnica y la falta de pericia de los operadores”, finalizó el experto.
