La deuda pública del Estado de Baja California asciende a 21 mil millones de pesos, cantidad que para Bladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas del Estado, “es manejable”, toda vez que para su pago anual se destina “tan solo el 2.3 del presupuesto de egresos”, porcentaje que representa un aproximado de mil 035 millones de pesos.
“La expectativa es que poco a poco empiece a bajar conforme estemos pagando. Afortunadamente, los indicadores nos trataron bien, pero no podemos apostar a un futuro basado en endeudar a la gente”, declaró.
Cuestionado sobre las afectaciones de los recortes federales al gasto público en el presente ejercicio fiscal, el funcionario manifestó que a Baja California no le fue tan mal como se vislumbraba, ya que los ingresos se presupuestaron en torno al precio del petróleo y el tipo de cambio, que no sufrieron variaciones tan drásticas, además de presentarse una mejora en la tasa de captación de impuestos de la Federación.
Ante el anuncio del Gobierno Federal de un nuevo recorte al paquete económico 2018, por 45 mil millones de pesos, Hernández Díaz señaló que no puede especularse sobre cómo esto afectará las participaciones federales de Baja California, lo que tendrá que resolver el Congreso de la Unión.
“Todos los días tratamos de presionar a las áreas para que vayan bajándole a la nómina, traemos un programa de no sustitución de plazas vacantes. Por ahí tenemos que hacer el ajuste, continuar con el recorte de gasto corriente”, son las estrategias aplicadas por el Gobierno del Estado para generar ahorro de recursos que puedan redirigirse a educación y seguridad, comentó, al precisar que este año se han ahorrado 108 millones de pesos.
En sesión del Grupo Madrugadores Tecate, Hernández Díaz afirmó que los dictámenes que se discutirán en el Congreso del Estado para la construcción de un par de desalinizadoras a través de asociaciones público-privadas y la actualización del sistema de seguridad C4 a C5i, no reúnen las características técnicas para ser considerados como deuda, pero sí como compromiso de pago.
“En realidad va a ser un compromiso de pago del agua que te vendan”, afirmó, señalando los usuarios no verán ninguna diferencia entre pagar por agua proveniente del Río Colorado o la proveniente de las desalinizadoras.
Destacó que esa medida podría representar un ahorro en energía eléctrica para los organismos operadores del agua, gasto que este año podría rebasar los 600 millones de pesos; el no requerir el agua de desalinizadora al ser potabilizada, podría representar otra economía, subrayó.
Sobre el C5i, señaló que esto tampoco se considera deuda, al tratarse de un contrato de prestación de servicios, en que Gobierno del Estado no adquirirá ni operará el equipo, contrato que en caso de incumplimiento podrá rescindirse.
