“Las familias están dispuestas a saber la verdad; la verdad venga de donde venga, sea cual sea, siempre y cuando las investigaciones se hagan bien”, declaró a ZETA Omar García, ex normalista y compañero de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Sobreviviente de los ataques perpetrados contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, mismos que culminaron con la desaparición forzada de varios de sus compañeros, García realizó una pequeña gira en distintas instituciones educativas de Tijuana para hablar sobre dicha experiencia.
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“Si la verdad proviene de las comisiones internacionales, sea; si proviene de la Procuraduría General de la República (PGR), sea. Lo que queremos es la verdad, saber qué pasó, que se finquen responsabilidades contra aquellos que participaron, que se castigue pues a los responsables y se garantice que el acontecimiento no se va a repetir”, manifestó, refiriéndose con ello no solo a agresiones contra estudiantes, sino a las desapariciones forzadas.
Si tras agotarse las instancias jurisdiccionales nacionales, sigue sin practicarse justicia en este crimen, se buscará castigar al Estado Mexicano a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los funcionarios impunes en la Corte Penal Internacional, aseguró García, al recordar que “en estos tres años, ustedes han visto que ha habido tres procuradores distintos llevando el caso, en una sola administración”.
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Señaló que la expulsión del territorio nacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los cuales investigaban el caso en paralelo a la PGR, puede ser señal de que estos estaban avanzando más allá de lo conveniente para los altos funcionarios del país.
Si bien, señala que la responsabilidad de esclarecer los hechos es competencia de las autoridades, señaló que este crimen puso en evidencia la relación del entonces Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca, y del entonces Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con el narcotráfico, siendo un posible motivo del ataque que uno de los camiones secuestrados por los estudiantes llevara también un cargamento de droga.
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A tres años de los acontecimientos, “ya no pensamos en que en este mes se va a resolver, estamos pensando en que pudiera no resolverse en este año, ni en cinco años. Lo que tenemos que luchar, es al mismo tiempo no solo para que se investigue, también tenemos que luchar para mantenernos de pie”.
De los dos camiones asegurados por los estudiantes ese 2 de octubre, García tuvo la fortuna de encontrarse en el que partió tras escuchar el par de agresiones contra sus compañeros por parte de elementos policiales y miembros del crimen organizado. Si bien le tocó vivir un tercer ataque con armas de fuego a la concentración de estudiantes y periodistas en Iguala.
