Por una denuncia del alcalde panista Arturo de la Rosa Escalante, el ex edil de Los Cabos se presentó en la PGJE el 27 de septiembre por desvío de recursos en el expediente LPZ/112/SP6/2016. Agúndez ya promovió un amparo y, se sospecha, cometió un desvío multimillonario a través de empresas fantasma
El 27 de septiembre, a José Antonio “Tony” Agúndez Montaño, ex alcalde de Los Cabos, se le vio en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aunque informó que solo acompañaba a un familiar.
La verdad es que el ex servidor público había comparecido ante la solicitud de la autoridad, después que el XII Ayuntamiento del panista Arturo de la Rosa Escalante lo denunciara por desvío de recursos.
Según el documento entregado a ZETA, Agúndez Montaño fue citado a las 10:30 am, pero llegó una hora después y, durante la interacción que se dio entre los medios de comunicación, negó el motivo de su presencia.
“Vine acompañar a mi ahijado”, dijo “Tony” a la prensa. “que no se les olvide que ya inició el proceso electoral”, agregó.
Se recuerda que su hermano y compañero de partido, Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador de Baja California Sur (2005-2011), fue encarcelado en mayo de 2012 por los delitos de desvío de recursos, peculado y falta de probidad; sin embargo, meses después fue liberado bajo fianza.
Jose Antonio “El Tony” Agúndez Montaño, ex alcalde de Los Cabos y Narciso Agúndez Montaño, ex Gobernador de BCS
— Entonces, ¿no hay ningún tema? ¿Se puede declarar inocente?, insistió ZETA durante el encuentro con Antonio Agúndez.
“Por supuesto, no hay nada que… ¿en dónde está? (dijo preguntando por su camioneta). Ah, perdón”.
— Sobre las concesiones y permisos de uso de suelo, ¿qué puede decir? ¿Cuántas otorgó en su administración?”.
“Todas las que el Cabildo autorizó”, justificó.
En sí, José Antonio Agúndez Montaño acudió a “la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría de Baja California Sur, bajo el número de expediente LPZ/112/SP6/2016, por delitos de causa penal y acudió en compañía de un abogado particular”, según establece el documento filtrado.
Durante su mandato, el 1 de febrero de 2015, meses antes de salir de la administración, se habló del posible auto robo que Agúndez perpetrara a las arcas municipales, pues ese día supuestos “ladrones” ingresaron a Tesorería Municipal y violaron una caja fuerte, apoderándose de alrededor de 3 millones de pesos.
Además de este hecho, hay otra gran variedad que siguen en investigación, a través de desvíos, prestanombres y actuales servidores públicos que podrían salir raspados, algunos presidenciables y que quizá busquen alguna alcaldía.
El abuso de las arcas municipales
Derivado a la auditoría forense aplicada por la administración de Arturo de la Rosa Escalante, al recibir “el changarro” de Agúndez, surgieron las irregularidades que el presidente municipal realizó durante su mandato; entonces se encontró que se contrató un crédito por 161 millones 835 mil 564 pesos, los cuales fueron etiquetados de la siguiente manera:
Christian y Argelia Agúndez Gómez y el esposo de esta última Freddy Erubey Martínez Rivera participaron con prestanombres para extraer recursos desde las arcas municipales cuando administraba su tío José Antonio Agúndez Montaño.
* Adquisición de Maquinaria Pesada: 46 millones 431 mil 510 pesos y 90 centavos. A empresas como MATCO, Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos y Chibuca Maquinaria, SA de CV.
* Compra de vehículos y camiones: 15 millones 309 mil 194 pesos con 5 centavos. Automotriz Transmar de Cortés, SA de CV; Vehículos Automotrices de La Paz, SA de CV; Motores La Paz, SAPI; Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, así como diversas aseguradoras.
* Modernización de Catastro Municipal y del Registro Público de la Propiedad: 43 millones 994 mil, 650 pesos con 6 centavos; la empresa encargada fue Cartodata, SA de CV.
* Emplacamiento vehicular, costó 8 millones 811 mil 856 pesos y 50 centavos, a través de la empresa Troquelados e Impresos, SA de CV.
* La Sala de Cremación y Velatorio de Cabo San Lucas y San José del Cabo: 2 millones 195 mil 495 pesos con 33 centavos, recurso entregado a Ingeniería y Proyectos del Cabo, S de RL de CV.
Sin embargo, en la revisión de números y documentos realizada por el despacho auditor se encontró que no hay modo de comprobar en qué se gastaron 45 millones 092 mil 947 pesos con 16 centavos, lo que llevó a la síndico del XII Ayuntamiento de Los Cabos, Susana Zatarain García, a presentar la denuncia correspondiente en junio de 2016. Dos denuncias de hechos en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJE.
Pero dentro de la exhaustiva búsqueda que se realizó, resalta un cheque que salió de la cuenta 0151509047 del XI Ayuntamiento de José Antonio Agúndez Montaño, con numeración 3504, expedido el 3 de septiembre de 2014 a nombre de Ingeniería y Proyectos del Cabo, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S de RL de CV), la cual de acuerdo a los datos obtenidos, se trata de diez empresas fantasma que operaron de la mano de los Agúndez Montaño para exprimir los recursos públicos.
Al parecer se otorgaron y adjudicaron proyectos de construcción, venta y adquisición de vehículos y camiones, servicios y venta de materiales de limpieza y proveeduría interna; pero la empresa encargada de la construcción de las Salas de Crematorio de Cabo San Lucas y San José del Cabo recibió el recurso superior a 2 millones 195 mil pesos por obras que ni siquiera se concluyeron.
“Los crematorios y el velatorio, eso iniciamos el proyecto, iniciamos la licitación, en Cabo San Lucas se complicó un poco por no tener un espacio donde construir, y el otro lo empezamos y licitamos conforme a la Ley, y lo iniciamos en San José Viejo, que hay un velatorio, que inclusive, como lo dejamos en proceso, ni se ha ahorita inaugurado y utilizado por ciudadanos de nuestro municipio, en especial los de San José del Cabo y la ciudad lineal”, reconoció Agúndez.
Agúndez Montaño y Ernesto Ibarra Montoya, Diputado Federal del PAN
La empresa en mención está a nombre de Jonathan Torres Inzunza, representante legal y prestanombres de Christian Agúndez Gómez, Argelia María Agúndez Gómez y Freddy Erubey Martínez Rivera, sobrinos del ex alcalde e hijo, así como la hija y el yerno del ex gobernador por la alianza del Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo, Narciso Agúndez Montaño, “operación que sin duda es solo el reflejo de muchas otras operaciones, que van a ir saliendo una por una, ya tenemos toda la documentación y qué bueno que se ampara, este es solo el pequeño de los asuntos, tenemos más desvíos que quisieron ocultar a últimas de la administración”, indicó un contacto en Los Cabos.
Para dar mayor respaldo a la documentación que ZETA tiene en su poder, el 2 de octubre, José Antonio Agúndez Montaño promovió un amparo en contra de toda acción legal que la actual administración municipal pudiera ejercer en su contra, buscando la suspensión de cualquier ejercicio; el documento 1141/2017 fue admitido por el Poder Judicial de la Federación, con esto Agúndez estaría evitando quedar tras las rejas de manera momentánea, como en su momento fue encerrado su hermano.
Las imputaciones contra Agúndez y sus secuaces
Para dar seguimiento al caso de desvío de recursos, en una entrevista “a modo” realizada por su ex director de Comunicación Social, Jorge Castañeda Ibáñez, declaró que “quedaron remanentes en algunos de los casos, y ese remanente es lo que ellos dicen que nosotros desviamos para el gasto corriente”.
Pese a la documentación presentada, el ex alcalde negó haberse enriquecido él o su familia, sin embargo, la realidad es otra.
“Hay 40 millones de pesos que pueden ser utilizados para infraestructura. En ningún momento utilizamos recursos para otra cosa, y en ningún momento nos llevamos recursos a bolsillos ajenos a lo que era el trabajo administrativo del XI Ayuntamiento de Los Cabos”, pero el propio ex edil reconoció que esos “remanentes” fueron desviados para otros usos, como 19 millones de pesos para pavimentación, 15 millones a equipamiento urbano, 3.5 millones a electrificación, 1.5 millones para saneamiento y 1.5 millones para agua potable.
Aun con documentos en mano, a Agúndez le siguen faltando más de 5 millones de pesos. Entre los ex servidores públicos de su administración que podrían estar coludidos con las transas de “Tony” figuran:
Gerardo Manríquez Amador, ex tesorero general municipal y principal operador del alcalde; en su momento intentó sobornar a ZETA; Guillermo Marrón Rosas, ex secretario general; Oswaldo Murillo Martínez, ex síndico; y Edilberto Graciano Chávez, ex oficial mayor.
Estos últimos serán llamados a declarar por parte de Sergio Villarreal Almazán, fiscal de Distrito.
“El síndico lo sabe muy bien, era el presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, era el representante legal y encargado del patrimonio, y por supuesto, el tesorero”, dijo Antonio Agúndez tratando de desviar la atención.
Una fuente reveló a este Semanario que Gerardo Manríquez Amador se encuentra en Querétaro, de momento no se le ha podido notificar, pero la PGJE ya lo busca para que rinda declaración.
