En ocasiones parece que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está haciendo todo lo posible, en términos de la construcción de instituciones, la elaboración de leyes, y la redacción de reglamentos, para no terminar en prisión.
Por ejemplo eliminar el pase directo del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, a Fiscal General de la República para ejercer ese cargo durante nueve años, es uno de los temas que evidentemente más trabajo le ha costado abordar y decidir a Enrique Peña Nieto. Conociendo el sistema presidencialista en que los miembros del Partido Revolucionario Institucional se desenvuelven, era muy fácil que el Presidente ordenara y el legislativo (con mayoría tricolor y aliados diversos) accionara para que el Fiscal Carnal quedara en el pasado. Pero no, no lo hizo así.
Otro pendiente tiene que ver con lo mismo: hacer una Fiscalía que funcione en materia de persecución y combate a la corrupción durante el último año del sexenio peñista y los que siguen. Por alguna razón que solo se conoce en Los Pinos, el Presidente no se ha pronunciado a favor de lo que ya no es una petición, sino una exigencia ciudadana para castigar la corrupción, que en su sexenio, ha llegado a niveles altísimo.
De entrada los dos pendientes inciden directamente en si el Presidente o cualquiera de sus más cercanos funcionarios será o no juzgado por corrupción, asociación delictuosa, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses u otros delitos de corrupción.
En un sistema como el político administrativo y de gobierno mexicano, donde lo que impera es el presidencialismo, con la sola voluntad del Presidente de la República, esas reformas ya serían una realidad. Pero no, no lo son.
En estos momentos, México es un país en el que no se pueden acreditar los delitos de corrupción porque no hay fiscal anticorrupción, porque no ha sido nombrado el Fiscal General, porque no se ha modificado la ley y el reglamento para la selección del mismo y su marco de actuación. Es un círculo vicioso que mantiene a muchos políticos, funcionarios y gobernantes en la impunidad. Un círculo que el Presidente no ha querido romper.
De manera obligada en la Procuraduría General de la República han iniciado la investigación denunciada en el ámbito internacional e investigada por periodistas mexicanos, sobre el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a quien fue director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, además cercanísimo a Enrique Peña Nieto, y piedra angular de la que fue su campaña a la Presidencia de la República, época en la que iniciaron las dádivas ilícitas de Odebrecht, según dieron cuenta los periodistas de Quinto Lab en su indagación pública.
A semanas que Lozoya se haya presentado a declarar de manera voluntaria y decir que nada tenía que ver en los actos de corrupción, la PGR ha informado y así lo recogió el periódico Reforma, que investigan a 18 funcionarios de Pemex por el caso Odebrecht. Les han revisado las cuentas bancarias, y sus transacciones por parte de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, en busca del enriquecimiento ilícito. Entre los 18 investigados que ahora es público su caso, no hay peces grandes. En la cadena voraz de la estructura gubernamental se trata de funcionarios de tercera y de cuarta, subdirectores, gerentes y coordinadores, no más. 18 funcionarios de medio nivel cuyos nombres sí están siendo públicos por parte de la institución.
Obligadamente investigan a Emilio Lozoya, y a estos 18 ex servidores. Seguramente alguno de esos 18 terminará siendo procesado y juzgado por corrupción. La mayoría de los funcionarios de alto nivel de quienes se sospecha actos de corrupción, son, dijera un ex alcalde de Tijuana, del PRI por cierto, “ratas pero no pendejos (sic)”. Se refería al hecho de no dejar la huella propia en los actos ilícitos, irregulares, abusivos del poder.
Más que 18 funcionarios menores investigados o en prisión por un caso, un solo caso de señalamiento de corrupción de los muchos que existen, lo que la Presidencia de Enrique Peña Nieto necesita para obtener una pizca de credibilidad que no tiene, es un pez grande en prisión. Un Secretario de Estado, un Director de paraestatal, un Secretario General de Sindicato, un Gobernador apenas electo o un ex gobernador apenas desempleado.
Legar una Fiscalía General de la República sin cordón umbilical a partido alguno, una Fiscalía Anticorrupción ciudadana, con garras y dientes, con leyes aplicables para todos, con independencia, y un marco jurídico claro que siente las bases para acabar con las prácticas de corrupción, o castigarlas con severidad y celeridad.
Tal como están las fichas, a catorce meses que Enrique Peña Nieto se convierta en ex Presidente, y esté en posición de ser el primero en México en ser juzgado por actos de corrupción, el priísta tiene una oportunidad más, de las últimas, para demostrar finalmente que su compromiso es con el País, y no con los suyos.
En medio del repudio ciudadano por la tardía, opaca y ventajosa labor a propósito de la segunda etapa de reconstrucción tras los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017, al Presidente Peña le urge una legitimización de salida, meter a la cárcel a un director, a un secretario, castigar la corrupción actual; no hacerlo, continuar con el garlito de no cambiar la letra legal para impedir al Fiscal Carnal, persistir en un Fiscal Anticorrupción afín a sus intereses, los de su partido y aliados, significará la continuidad de la impunidad, la promoción de la corrupción en su último año de gobierno, y hacer todo lo posible, de salirse con su Fiscal, de no pisar la cárcel en el futuro próximo.
Un pez grande (o varios) de la política y la función pública en la cárcel es lo que México necesita para creer aunque sea un poco en su sistema de gobierno, y a Enrique Peña Nieto le urge pescarlo justo cuando tiene el tiempo en contra.
