El incremento constante en el número de homicidios que se han estado perpetrando en la ciudad, aunado al hecho que los familiares no están reclamando los cuerpos, ha provocado que hasta el 6 de septiembre de 2017, 581 cuerpos hayan sido destinados a la fosa común, en el olvido de todos. En el propio Semefo y la PGJE, señalan que la cifra de cadáveres que van a la fosa es mucho menor y que el proceso de liberación se lleva a cabo de forma “normal”. Sin embargo, aceptan que el exagerado número en homicidios es un problema latente
Cada semana, alrededor de 15 o 18 cuerpos bien acomodados en cajas de aserrín comprimido, salen de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) directamente hacia la fosa común, ubicada dentro del Panteón Municipal Número 12, en la colonia Valle Redondo de la delegación La Presa. La escena es tan común y frecuente, que quienes los preparan y los entierran ya lo ven como algo ordinario y rutinario, ante el creciente número de homicidios dolosos que se presentan cada día en la ciudad.
De acuerdo con datos oficiales del Semefo, hasta el día 6 de septiembre han registrado en Tijuana 581 cuerpos que se han ido a la fosa común, mientras que hasta el 11 de octubre, el Registro Civil, instancia que otorga el permiso de inhumación para ser depositados en la fosa, registró 666 casos de cuerpos que han terminado en ese sitio.
La mayoría salen porque sus familiares no los reclaman por temor a represalias de sus homicidas y de la propia autoridad, por desinterés, debido a que ya no tenían una relación cercana entre sí o porque son originarios de otros estados y pierden la intención de poder recuperarlos ante los lentos y dificultosos procesos, sobre todo porque además de tener que cumplir con una considerable lista de requisitos, todavía se tienen que trasladar hacia Tijuana, cumplir con todo el proceso y hacer un gasto funerario.
Personal responsable de preparar los cuerpos y de llevarlos a la fosa común, así como el encargado del Panteón Municipal, aseguraron a ZETA que hasta inicios de octubre ya llevan alrededor de 900 destinados a este sitio, un promedio de 80 o 100 cada mes, la gran mayoría víctimas de homicidio por arma de fuego u objetos punzocortantes, aunque otro porcentaje deriva de accidentes automovilísticos y otros menos por enfermedades.
Sin embargo, las autoridades de las dependencias antes señaladas, consideran que aunque efectivamente uno de los problemas en ese sentido es el creciente número de homicidios en la ciudad, la cantidad de cuerpos -con cifras indistintas entre sí- que han ido a la fosa común es mucho menor a la que mencionan los trabajadores. Además, afirman que los procesos no afectan para que los cadáveres sean reclamados y entregados a los familiares.
Innegable decir que no les está afectando el elevado número de homicidios
Para el subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José María González, es “innegable” decir que con tanto homicidio en la ciudad –hasta el 19 de octubre eran mil 379 en Tijuana- no les esté afectando en este tema, puesto que como bien lo dijo a este Semanario, “no es lo mismo entregar tres o cuatro cuerpos a entregar siete u ocho cuerpos en un solo día”, promedio diario que están liberando a Semefo para ser llevados a la fosa común.
Fotos: Agustín Reyes.- Personal de Semefo y la PGJE depositan 18 cuerpos en la fosa común.
Situación en la que también incide de manera considerable el factor de que los familiares no están compareciendo para la petición de los cuerpos, es decir, no los están reclamando y eso significa que en promedio un 45 por ciento del total de los cuerpos por homicidio doloso se han ido a la fosa común en lo que va del año.
Los motivos por los que considera que no se están reclamando, son coincidentes con los señalados por trabajadores de las funerarias y de Semefo, el primer factor debido a que las familias no muestran interés en sus consanguíneos, al no haber lazos de unión entre ellos.
Además, por temor, pero en este caso no por posibles represalias, sino porque a los familiares de las víctimas que tienen como móvil el narcomenudeo y la delincuencia organizada, que oscila entre el 85 y 90% de todos los cuerpos, se les cuestiona a qué se dedicaban sus seres queridos y, ante el temor de ser interrogados, optan por dejarlos.
En los casos cuando se priva de la vida a una persona que se dedicaba al narcomenudeo, y que probablemente tenían un punto de venta o eran distribuidores de droga, sucede que si en su casa tienen más mercancía, lo más probable es que algún familiar continúe con ese pequeño negocio, por ello muchas veces “ya no le mueven al tema”, porque eso implicaría la intervención de la Policía y dejan que se vayan a la fosa común.
Papeleo: problema menor, pero no menos significativo
Aunado a estas dos situaciones, los trabajadores de las funerarias y el propio Semefo manifiestan que “un problema menor, pero no menos significativo” que también genera que más cuerpos terminen en la fosa común, es el hecho de que la tramitología para solicitar la recuperación de un cuerpo muchas veces se torna engorrosa y problemática, sobre todo para quienes son originarios de otros estados del país e inclusive para quienes radican en Estados Unidos.
Las trabas devienen sobre todo cuando se tiene que hacer la identificación de un cuerpo, porque tienen que acreditar que sean de línea directa, es decir, padres o hermanos en primera instancia, o ser de segunda o tercera generación: tíos, abuelos, primos o inclusive amigos.
Además, estos trabajadores refieren que los plazos para realizar los trámites muchas veces no les alcanzan y los familiares prefieren dejar de lado la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos.
Situación que refutó el propio subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE, quien aseguró que aunque no es la primera opción, cualquier familiar los puede reclamar y recibir, para ello se verifica y comprueba la relación de parentesco que se tenga con la víctima, proceso que se hace de manera ágil y que con la prueba de necropsia, en dos días máximo se puede solicitar el cuerpo.
En el caso de las personas que viven en otra parte del país o fuera de este, se les aplica el derecho de no re-victimizar a los cuerpos, es decir, a quienes la solicitan, se le da una prórroga para poder llegar a la ciudad a realizar los trámites correspondientes y reclamar el cuerpo.
Hay excepciones que demoran el proceso
Para que un cuerpo pueda ser liberado a un familiar se establecen 15 días para que comparezcan y puedan reclamarlo, de no hacerlo durante ese periodo, se realiza la necropsia y Semefo envía una relación de carpetas de investigación al Ministerio Público, en la que se informa sobre los cuerpos que tienen en ese momento y el propio MP les contesta diciéndoles cuáles sí y cuáles no se pueden ir a fosa común; una vez que Semefo cuenta con las órdenes de liberación, se llevan a las oficinas de Registro Civil para expedir los permisos de inhumación de los cuerpos.
Personal de Semefo prepara cuerpos para llevarlos a fosa común.
José María González, de Investigaciones Especiales de la PGJE, sostiene que existen algunas excepciones para llevar a cabo el proceso de liberación de cuerpos, ya sea hacia la fosa común o de entrega a los familiares, los cuales pueden retrasar los procesos; una de estas excepciones es el caso de los cuerpos putrefactos y los calcinados, porque con esos se espera el dictamen de ADN de cada uno para poder reconocerlos; el proceso tarda entre tres semanas y hasta dos meses.
Otra excepción es la que marca el Código Nacional que entró en vigor recientemente y que considera la prohibición de las cremaciones, es decir, que los cuerpos a los que se les privó la vida de forma intencional no se les puede cremar, por consecuencia, cuando la familia no conoce esa disposición y lo pretendían cremar, una vez que se les informa, tardan unos días en pensar qué quieren hacer y por ende, algunos dejan que los envíen a la fosa por el elevado costo del entierro.
Instalaciones de Semefo, otro gran problema
“A reserva de lo que ellos puedan manifestar”, José María González resaltó que otro de los problemas que tiene la PGJE con el propio Semefo, y que deriva en todas estas circunstancias antes comentadas, es el reducido tamaño de las instalaciones con que cuentan, lo cual se debe a que ya llevan varias décadas sin crecer ni ampliar sus espacios.
Ejemplo de ello es que si el Ministerio Público libera 10 o 15 cuerpos un día, al siguiente llegan otros 10 o 15 más, y el ciclo así se repite, por lo cual atribuye que se ha tenido cierta problemática en ese sentido y genera una acumulación, como ya se documentó en este Semanario en pasadas ediciones.
Debido a esta problemática, ambas instituciones se han reunido en varias ocasiones para poder llegar a acuerdos y así solventar la situación, en ese entendido la propia PGJE ha estado proveyendo tanto personal como transporte a Semefo para que puedan llevar los cuerpos a la fosa común.
En el afán y el propósito de poder tener una respuesta para saber la opinión y postura de las autoridades del Semefo, durante un par de semanas se buscó de manera reiterada y constante tener una entrevista con el coordinador en la ciudad u obtener algún posicionamiento en su caso.
Sin embargo, a pesar de las promesas de agendar una entrevista y de mandar la información solicitada, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta alguna por parte de los intermediarios.
