La administración de Donald Trump resguardó una zona en la frontera entre Tijuana y San Diego para la construcción de prototipos del muro prometido en su campaña. El fiscal de California responde con una demanda en la que alega que el Gobierno Federal violó diferentes leyes federales y estatales en este proceso
Desde un accidentado camino de terracería, por donde avanzan camiones de carga hacia estacionamientos y yonques en la colonia Las Torres de Tijuana, se observa el sitio designado para la construcción de los prototipos del muro entre México y Estados Unidos.
A unos cuantos metros de la barda metálica que marca la frontera con San Diego, en terreno vigilado por la Patrulla Fronteriza, una malla verde cubre un área rectangular de unos 300 metros de longitud, donde seis compañías seleccionadas por el gobierno de Donald Trump, iniciarán la construcción de dos modelos de muro.
Las características del primero se resumen en que debe ser de concreto y tener una altura de nueve metros, el segundo, puede construirse con cualquier otro material y no tiene un tamaño definido.
El 31 de agosto, después de cinco meses de retrasos en el proceso, seis empresas resultaron seleccionadas para participar en la construcción de prototipos del muro.
A pesar de que el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado el presupuesto para la construcción, la Casa Blanca destinó un monto para realizar estudios y preparar el sitio para los prototipos.
El área designada se encuentra a cuatro kilómetros del cruce fronterizo de Otay, cerca de una pequeña planta de electricidad. En los alrededores, se acondicionaron espacios de entrada y salida para vehículos grandes.
San Diego, explicó la Patrulla Fronteriza en marzo, fue elegido como el sitio para las pruebas porque reúne varios escenarios que se encuentran a lo largo de los tres kilómetros de frontera, como la costa, el desierto, garitas transitadas, colindancia con áreas residenciales e industriales, así como áreas sin barda.
Se planea que otros prototipos sean construidos en Calexico, California, así como en la frontera de Texas.
Las empresas seleccionadas tendrán un periodo de 30 días para concluir sus propuestas de muro con una prórroga de hasta 60 días en caso de alguna situación extraordinaria.
Aunque todavía no se ha anunciado la fecha en que iniciarán los trabajos, se espera no pase de la primera semana de octubre.
Fiscal de California presenta demanda: “Ni siquiera el Presidente puede violar la Ley”
El miércoles 20 de septiembre, el fiscal general de California, Xavier Becerra, se plantó en la frontera, en el parque binacional ubicado entre San Ysidro y Playas de Tijuana, para anunciar una demanda contra la administración de Donald Trump.
De continuar con la construcción, “el Departamento de Seguridad Nacional violaría estatutos federales y regulaciones relacionadas con esos estatutos y, además, numerosas leyes estatales y locales en California”.
Por ello, precisó Becerra, la demanda se presenta “en nombre de los 40 millones residentes de California y en nombre de California. La lista de leyes violadas por la administración del Presidente para construir su muro de campaña, es bastante larga”.
El fiscal Xavier Becerra, acompañado del regidor David Álvarez, frente a la malla fronteriza
El documento se presentó ante la Corte del Distrito Sur de California y alega que la administración de Trump se amparó en un estatuto federal para no presentar estudios de impacto ambiental, a pesar que esta Ley migratoria no autoriza este tipo de proyectos.
Marisol León, subprocuradora de Derechos Civiles en la Oficina de la Fiscalía General de California, detalló: “Sin una evaluación del impacto ambiental de esta construcción del muro en la zona fronteriza, no sabemos la afectación a los residentes de la zona fronteriza, en particular los residentes de Calexico y San Ysidro”.
También explicó que en esta región coexisten varias especies de flora y fauna amenazadas, consideradas en peligro de extinción.
Por su parte, Becerra reiteró ser respetuoso de “las políticas migratorias, entendemos que son materia federal, pero si pasa en nuestro patio, queremos que se siga la Ley”.
El fiscal estuvo acompañado del regidor de San Diego, David Álvarez, y de la asambleísta demócrata Lorena González. Ante medios de comunicación de ambos lados de la frontera, Becerra advirtió: “Si hay un paso que intente tomar la administración de Donald Trump, que dañe al pueblo aquí o el medio ambiente de California, estaremos en la Corte para ponerle un alto. Nadie puede ignorar la Ley, ni siquiera el Presidente de Estados Unidos”.
Si la opinión de la Corte coincide con la del fiscal, la construcción de los prototipos podría suspenderse hasta que las evaluaciones de impacto ambiental sean presentadas.
“Lo que nos va a ayudar es el hecho de que la Ley explica lo que se tiene que hacer para construir un muro y en este país, las instituciones que tenemos para seguir la Ley, son fuertes y creo que la Corte va a ayudar al pueblo norteamericano y de California, a sostener la Ley”, consideró.
No es la primera vez que el fiscal general de California se enfrenta a la administración de Trump en tribunales. Apenas el 11 de septiembre, Xavier Becerra anunció una demanda ante la Corte en contra del Gobierno Federal, por la eliminación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
La denuncia se interpuso una semana después de que Trump anunciara la terminación del programa que inició como una orden ejecutiva del ex Presidente Barack Obama para dejar en manos del Congreso la creación de una Ley que determine el futuro de casi 800 mil jóvenes.
En esta ocasión y a metros de México, el funcionario estatal recordó que uno de cada cuatro dreamers que tienen protección bajo DACA, viven en California.
“Necesitamos ver si la Corte nos ayuda a proteger los intereses de estos muchachos que han tomado acciones valientes, que han demostrado que pertenecen a Estados Unidos y van a ser grandes líderes en este país”.
— Debido a estas dos demandas, la de DACA y la del muro, ¿les preocupa alguna represalia en cuanto a presupuesto o que la administración federal intente afectar a California para ejercer presión?, preguntó ZETA.
“Esa pregunta toca en la importancia de esta demanda que le dice al Presidente Trump que tiene que seguir la Ley, porque si en este país no tuviera que seguir La ley el Presidente, entonces sí tendríamos el temor de que nos dañe, pero porque tengo fe en las instituciones de este país y en la Ley, creo que el Presidente Trump no puede amenazar a California con recursos y decir que no vamos a recibir los recursos que hemos ganado, solo porque no le gusta a él cómo California maneja sus asuntos”, indicó Becerra.
Protestas bajo control
Si bien, del lado mexicano la zona para los prototipos del muro queda a unos metros de la vía pública, del lado estadounidense civiles no se pueden acercar a menos de tres kilómetros.
Rejas con letreros que prohíben el paso por tratarse de zonas privadas y federales, cierran la calle Vía de la Amistad que conecta con el cruce peatonal de Otay.
Sammy Castañón, vocero del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego, confirmó que autoridades locales, estatales y federales trabajan en la designación de sitios de libre expresión, en caso de que se realicen protestas en contra del muro.
De acuerdo con el Wall Street Journal, la administración de Donald Trump envió un oficio a agencias de San Diego para advertir que la construcción del muro podría traer protestas como las que se realizaron en contra del oleoducto de Dakota en 2016, ya que esa área del Condado de San Diego corresponde al Departamento del Sheriff.
Castañón refirió que esta agencia participaría en asegurar “la seguridad del proyecto del muro en la frontera”, pero recordó, “nuestra prioridad es la seguridad de la gente del Condado de San Diego. Los posibles sitios y áreas de expresión libre en el área donde se planea la construcción, (permitirían) que la gente lo haga de forma pacífica”.
De igual forma, aseguró que los oficiales “están preparados para atender cualquier emergencia o situación”.
Para Pedro Ríos, director del Comité de Servicios Amigos Americanos, el memorándum del Gobierno Federal advirtiendo de protestas violentas “crea una narrativa falsa de que la sociedad civil es la violenta cuando se realizan manifestaciones cuando, por lo regular, se ha mostrado pacífica”.
Si bien, esta organización fronteriza no proyecta ninguna protesta, Ríos recordó que en los casos en que protestas se han tornado violentas en San Diego, las fuerzas policiales iniciaron los ataques.
En mayo de 2016, mientras Trump estaba en campaña presidencial, las protestas en su contra terminaron con 35 detenidos y uno de los despliegues más violentos por parte del Departamento de la Policía de San Diego, opinó.
Ríos considera que la insistencia del Presidente de Estados Unidos por construir un muro “es un capricho de su parte, porque su campaña estuvo basada en el muro, en ir en contra de la migración mexicana y, si deja esa idea, pierde su base de apoyo”.
Continuó: “Políticamente, el Presidente y algunos congresistas republicanos están aferrados a seguir con la construcción del muro y ver cómo conseguir los fondos”.
El activista pro migrante advierte que en los siguientes meses, congresistas republicanos podrían negociar una reforma que regule el estatus migratorio de los miles de dreamers a cambio de presupuesto para construir el muro y militarizar la frontera.
Precisó que, a inicios de septiembre, una comitiva fronteriza, con integrantes de California, Arizona, Nuevo México y Texas, acudió a Washington para exponer a congresistas su desacuerdo con esta negociación.
“Abogan por un proyecto de apoyo y de Ley, pero dijeron que no quieren un intercambio de militarizar la comunidad a cambio de un proceso legal. Uno de cada cinco dreamers vive en comunidades fronterizas, así que les afectaría”, añadió.
Fiscal vs. fiscal
Una hora antes de que el fiscal general de California, Xavier Becerra, encabezara una conferencia de prensa en San Diego, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions hizo lo mismo.
En el puerto, frente a un buque de la Guardia Costera para hablar de decomisos de cocaína en aguas internacionales, el fiscal de Trump respondió a la demanda que el gobierno de Jerry Brown en California prepara en su contra.
“Estados Unidos tiene una frontera, el gobierno de Estados Unidos tiene el control de esa frontera y una responsabilidad de protegerla, esperamos hacerlo exitosamente y avanzar con nuestra Ley de la frontera”, apuntó.
Sobre sus diferencias en cuestiones migratorias con estados como California, reconoció tener “un desacuerdo sobre ciudades y estados santuarios y la negación de diferentes jurisdicciones para cooperar con los agentes de ICE, de detener a quienes estén en este país de manera ilegal. Me parece increíble que haya ciudades que se nieguen a cumplir la Ley, necesitamos esa cooperación, les pido que reconsideren su postura y trabajemos juntos en maneras efectivas”.
Sin embargo, cuando a Becerra se le cuestionó sobre este desencuentro entre los gobiernos estatal y el federal, remató: “El procurador general toma una posición contraria a la posición de los 40 millones de habitantes de California en cuanto a construir un muro, por eso tomamos nuestras acciones y nuestras direcciones”.
