Del jueves 31 de agosto al jueves 7 de septiembre de 2017, en Tijuana han sido asesinadas 56 personas. Es el funesto récord de la inseguridad y la violencia en una ciudad cuyo alcalde, Juan Manuel Gastélum, dice que eso no es tema.
En el año, en Tijuana se han registrado más de mil 108 homicidios dolosos, la situación, pues, se antoja de emergencia, de alerta roja, de gravedad, y requiere de la toma de decisiones y medidas urgentes para contener la violencia, combatir la criminalidad y llevar seguridad a la sociedad.
Vaya, el clima de delincuencia es tan delicado, que si de las balas se salva, la probabilidad de un asalto o un robo aumenta a medida que lo hace el índice en la comisión de estos delitos. Además, en cualquier lugar, en una tienda de autoservicio, en un cafetín, en un restaurante, en la casa o transitando en su automóvil, cualquier ciudadano puede ser víctima de un robo, de un asalto.
Sin embargo, ese contexto de inseguridad en el que vivimos los bajacalifornianos, particularmente los tijuanenses, los gobernantes no lo ven. Sea porque andan de vacaciones, porque se dedican a hacer negocios, porque no tienen suficiente capacidad intelectual, porque no gozan de sensibilidad social o simplemente porque han llegado al cinismo ese que da el poder y la política, pero tanto Francisco Vega el gobernador, como Juan Manuel Gastélum el alcalde, no hablan de inseguridad, ni accionan estrategias o programas para contenerla.
Y quienes sí lo hacen, o intentan hacerlo (más allá de algunas corporaciones que trabajan en ello), desde la administración pública o un cargo de elección popular, son avasallados por el protagonismo o el capricho. Sucedió esta semana. En el Cabildo de Tijuana, en la Comisión de Hacienda, los regidores ahí reunidos, salvo uno o dos que ni van ni trabajan, llegaron a la conclusión (bendito sea) que era necesario entrarle al tema de la inseguridad, pero de fondo. Hacer mesas de trabajo, de análisis y propuesta para cambiar o fortalecer los reglamentos municipales para acabar con la impunidad o las prácticas que de manera directa o indirecta, llevan a la inseguridad.
En el documento que surgió de la reunión de los regidores, se inscribe como punto de acuerdo “la instalación de una mesa de trabajo para realizar una revisión integral de la problemática existente en materia de seguridad pública, en la que puedan ser analizadas las capacidades humanas y materiales de las que actualmente dispone el Ayuntamiento de Tijuana para brindar dicho servicio público, al igual que para analizar los factores sociales, económicos, culturales, legales, etcétera, que influyen en el surgimiento y el incremento de la delincuencia y de la violencia en nuestra ciudad, con el objetivo final de que tal ejercicio de revisión y análisis permita arribar a las conclusiones necesarias para impulsar la construcción de políticas públicas…”.
En el cuerpo del documento se abordan los temas a tratar, prevención del delito, estrategia policial, limpieza, alumbrado, venta de bebidas alcohólicas, infraestructura, capacidad policíaca, estructura operativa, herramientas, y otros rubros y sectores que en su conjunto sientan las condiciones para la seguridad, o cuando fallan, para la inseguridad.
De todos los regidores, dos no firmaron. Ni Romero Arizpe, ni Tito Quijano, a este último de hecho otros ediles lo culparon de bajar el tema de la sesión de Cabildo. Y en efecto, Quijano, regidor independiente e integrante de la Comisión de Seguridad, se negó a firmar y a que el tema de las mesas de trabajo fuese llevado al Cabildo en las condiciones en que fue suscrito.
¿Cuál el problema? Muy sencillo para Quijano: la reunión de análisis salió de su propuesta de seguridad pública municipal, de un documento que entregó en mayo, donde enumera acciones a seguir, reglamentos a cambiar, temas a analizar, para llevar seguridad a los gobernados. La justificación para detener la discusión de la instalación de mesas de trabajo con el tema, que es tema, aunque no lo sea para el alcalde, es que en ninguna parte del documento se asienta que ello se pensó debido a la propuesta de Quijano, y para las mesas de trabajo, se consideran los ejes a analizar que Quijano propuso en su documento.
Así de sencillo. El protagonismo detiene los trabajos para buscar seguridad.
El regidor independiente quiere ver su nombre en el documento y que sus propuestas sean analizadas y llevadas a cabo, igual pueden fortalecerlas el resto de los regidores, pero deben ser esas. ¿Qué le pasó a Tito Quijano? Dice que es el único que trabaja en esa Comisión, que suyas son las propuestas y eso debe estar contenido en el documento, acaso que José Vicente Jiménez también hace algo desde su regiduría y presidencia de la Comisión de Seguridad, pero como él es el de la idea o de la propuesta de seguridad pública municipal, cualquier acción que salga al respecto le debe ser acreditada.
En el documento de la Comisión se abordan los temas sugeridos en la propuesta de mayo de Quijano, no en un orden específico y tampoco de manera literal, pero si se consideran, no podría ser de otra manera: no es que un regidor encuentre el hilo negro, sino que los factores que causan la inseguridad, la violencia, el crimen y la impunidad, son los mismos que conocen quienes a eso se dedican; vaya, no se requiere de mucho cerebro para saber que uno de los problemas es que no hay suficientes elementos en la Policía Municipal de Tijuana, o que la indiscriminada entrega de permisos para la venta de alcohol y la impunidad para hacerlo las 24 horas del día, abonan al fenómeno delincuencial, por citar solo dos ejemplos.
El tema de las mesas de trabajo ya se detuvo. No se llevó al Cabildo en la última sesión, y será abordado de nueva cuenta en la Comisión de Seguridad como lo necesita el regidor Quijano, para intentar que los temas, “sus temas”, sean considerados literalmente en la propuesta base, para que se pueda llevar a cabo.
La propuesta de Quijano no es mala, es lógica y lo menos que puede hacer en su posición de regidor, como lo deberían estar orquestando el resto de los ediles, pero de eso a detener las acciones porque no lleva su nombre o sus propuestas específicas, hay un trecho que aleja el sentido común y el servicio público, y lo acerca a la soberbia y el interés.
Retrasar la toma decisiones en materia de seguridad por protagonismo es, en este contexto de inseguridad y violencia, una afrenta a la sociedad. Si para el alcalde no es tema, y para el regidor es membrete, lo que menos importa aquí (parece) es la seguridad de los gobernados.
La elaboración de “un plan urgente de seguridad pública (aplicable para los próximo 90 días) considerando tipos de delito, referencia geográfica, horarios y días de mayor incidencia”, que Quijano propuso con urgencia en mayo, no se ha realizado en septiembre. Como tampoco se han analizado sus cuatro ejes de acción: “Acciones, tácticas, políticas y jurídicas; programas preventivos y de vinculación con la sociedad; mejoramiento de vialidades y movilidad; y comunicación efectiva”. Tampoco se han abordado, y cuando ya estaban a punto de serlo, detuvo la discusión porque en el documento no se sustentó el punto de acuerdo en su propuesta.
Realmente cuesta trabajo entender a los políticos, sean independientes o de cualquier partido, cuando accionan pensando en sí mismos, y no en la ciudad. Ante tales decisiones, habrá que esperar una semana más para que empiecen a ver cómo analizarán y con quiénes, el plan urgente que requiere Tijuana en materia de seguridad, lo cual en el colmo, para el alcalde, no es tema. Pobre Tijuana, pobres todos.
