Sin pensar en que la ciudadanía estaba preparada para rechazar el interés de Armando Martínez Vega, Alcalde del Ayuntamiento de La Paz, por privatizar los servicios municipales -contratación de una empresa que recaude el Impuesto Predial-, decenas de personas se dieron cita en la sala de Cabildo de la capital para oponerse a ello.
“No se ha visto ningún beneficio para La Paz”, surgió un grito de entre los ciudadanos.
Y es que el alcalde y su equipo se ha visto sobrepasado y se han declarado incompetentes, sin embargo, a pesar de que han existido discusiones por los temas del alumbrado público, entregado a ciertas empresas en administraciones pasadas; “bajita la mano”, Martínez Vega intentó dar un golpe a los paceños, pero estos se defendieron y solo quedó su respuesta.
“No es un tema ambiental, es un tema de recaudación”, lanzó Martínez.
Pese a los manifestantes, la sesión continuó con la insistencia del alcalde de privatizar el servicio.
“Se realice la contratación de la empresa denominada Ambiental Legal Proyectos SC para la recuperación del pago del impuesto predial”, siguió Rosa Evelia Solorio, síndica Municipal de La Paz.
Pero las manifestaciones también se hicieron presentes en la mesa de Cabildo, donde regidores aprovecharon los reflectores de la gente y de los medios, como Oscar Burgos, de Morena, para declarase también en contra: “No puedo estar de acuerdo en contratar a una empresa externa”, expresó.
En medio de un zafarrancho, la sesión se realizó en La Paz, en donde, lo que se pretendía fuera una estocada directa a las arcas municipales: “lo hemos venido diciendo que no íbamos a permitir un tema que tenga que ver con el bienestar de los paceños, lo politizamos”, cínicamente mencionó Armando Martínez Vega.
De entrada, “Ambiental Legal Proyectos SC” es una empresa dedicada al comercio al por menor, en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas; su raíz se encuentra en el Estado de Guerrero, no cuenta con un sitio web ni fax; además no tiene correo electrónico y solo aparece un celular de registro, lo que hace dudar su procedencia y veracidad, ya que puede tratarse de una empresa fantasma que pretende bajar recursos, previo al proceso electoral que se viene en Baja California Sur.
Incluso, en la lista de pretendientes a favor de la privatización se encuentran los regidores: Pablo Ojeda Meza, Jorge Barrón Pinto, Arlen Palacio Villanueva y Julio Cervando, al igual que Alejandro Tirado; mismos que están con fuertes intenciones de ir por una diputación local, aunque con poca oportunidad.
Sobre dicho contrato con la empresa recaudadora de impuestos, ni el contrato, ni las condiciones del mismo fueron reveladas, lo que abona aún más a la desconfianza de dicho acuerdo. Algunos regidores quisieron brindar justificación a favor de la iniciativa, pero generó molestia a los asistentes.
Alejandro Tirado Martínez, regidor del Verde, intentó tomar la palabra, pero fue callado por los asistentes.
Después de una hora de debate, surgieron fuertes señalamientos al jurídico y tesorero municipal, quienes se han visto involucrados en decisiones que comprometen la tranquilidad financiera y jurídica de La Paz, lo que generó descontento y caras largas. No obstante, las críticas continuaron ante la estocada que pretendían.
“Si no tiene la capacidad y que no tiene el personal, es como si yo les dijera: ‘no tengo la capacidad de ser regidor’, ¿qué me van a decir ustedes? Entonces señores, me pregunto, ¿dónde está el jurídico?”, puntualizó Oscar Burgos, regidor de Morena.
Ante la polémica que desató está propuesta, se llegó al acuerdo de no de desecharla, sino revisarla, al aprobarse con un total de 15 votos, valorar la situación de la iniciativa; además, se turnó para que la comisión encargada, plantee una nueva propuesta. El tema sigue vigente y es cuestión de tiempo para que la bancada Panista en el Cabildo, busque la manera de atracar las arcas municipales.
Tras congelar el intento de privatizar la recaudación y el área de Catastro, el alcalde Martínez fue cuestionado sobre ello, para lo cual justificó, al punto de negar, que no se tratara de una privatización, sino al contrario, de otorgar un contrato a una empresa “foránea” que dé un funcionamiento que el municipio ha quedado a deber por incompetencia.
“No hay ninguna privatización. El tema era darle a una empresa el poder remediar el rezago de casi 500 millones de pesos; poder resarcir algo hacia el municipio. Entonces, no hay ninguna privatización. El actuar del impuesto predial lo sigue cobrando tesorería”, expresó Martínez.
Según el alcalde de La Paz, la intención es recaudar el adeudo histórico superior a los 500 millones de pesos, situación en la que no se ha puesto empeño. Solo con promociones pretende recuperar el dinero que se adeuda y no con el uso del área jurídica que pareciera, sigue de ornato.
Además, estuvo pretextando que no alcanzan los trabajadores para esa tarea, sin embargo, en otras áreas tiene personal de más y hasta con tareas para sacar copias, mandaderos y que sirven de telefonistas, incluso el Sindicato de Burócratas ha solicitado que personal sindicalizado tome algunas tareas que hoy son de confianza, para que se tenga un ahorro en la nómina, y el alcalde ha detenido por no perder a “su gente”.
A la llegada del jurídico, el cual proviene de otro Estado, ya se tenían malos antecedentes en sus funciones en su lugar de procedencia, de modo que trajo a su equipo de trabajo cuando ya había personal capacitado e instalado, prefiriendo removerlo para tener personal de su confianza.
“La cantidad de personas que tienen es poca, se requiere un procedimiento más largo; aparte, de lo que se recaudaría, con eso se le pagaría a la empresa o a la persona que estuviera ahí, finalmente, el día de hoy se discutió y el tema de Cabildo es para discutir los temas y poderle dar salida. Se paró ese tema, buscaremos la mejor opción. La cosa es rescatar ese dinero”, manifestó, Armando Martínez Vega.
Con este intento de otorgar el contrato, queda evidenciado que, tanto el Departamento Jurídico, tesorería y los más de tres mil empleados que registra el Ayuntamiento, no son suficientes para realizar una estrategia que sea óptima en la recaudación de impuestos. Aún no ha sido revelado el nombre del beneficiario real de la privatización de la recaudación, es decir, el dueño o prestanombres de la empresa, no se sabe de las cláusulas, mucho menos si ya hay un contrato establecido.
