Luego de ignorar por meses la problemática de los más de mil 500 indigentes que en promedio deambulan por Tijuana, el gobierno de Juan Manuel Gastélum decidió improvisar una solución, la cual consistió en retirar de la canalización del Río Tijuana a los que ahí pernoctaban. La mínima acción no desterró a los indigentes del Bordo, pero sí extendió su presencia a otras zonas, como el caso de Playas de Tijuana, donde ahora se refugian en ñongos cavados en arena y tierra, a la orilla del mar. Al mes, seguridad pública detiene a un promedio de 10 mil personas en situación de calle, la mayoría reincidentes
Expuesto ante la opinión pública y el reclamo del sector empresarial y organismos de la sociedad civil, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro decidió voltear a ver a los indigentes de la canalización del Río.
Lo hizo la madrugada del 18 de agosto, coordinado con diversas instancias de los tres niveles de gobierno, pero sin un protocolo de atención que permitiera una solución real de la problemática social.
Solo así se explica porque, después de ese operativo denominado macro, por el gobierno de “El Patas”; las personas en situación de calle, así como deportados y/o adictos, que regularmente deambulan y pernoctan en Zona Centro de Tijuana, Zona Río en sus tres etapas, así como en la Central Camionera, ahora han extendido su presencia en Playas de Tijuana.
En ñongos cavados entre tierra y arena, con desechos de madera, cartón y plástico, cientos de indigentes han improvisados un refugio donde pernoctar a la orilla del mar.
En el operativo del 18 de agosto, el XXII Ayuntamiento retiró a 350 personas, 200 de las cuales dice estar siendo atendidos en centros de rehabilitación; de los 150 personas restantes, la mayoría registran problemas mentales, que al no disponerse de un programa para brindarles tratamiento y atención, fueron arrojadas de nuevo a las calles para sumarse a otras en su misma condición.
Retornan tras ser detenidos por 36 horas
Se estima que en Tijuana rondan más de 1 mil 800 indigentes, entre los que se encuentran personas deportadas, con adicciones, de las que se presume que 1 mil 500 registra padecimientos mentales; no obstante, es una problemática social en serio crecimiento, del que ninguna autoridad ha definido una solución.
OPERATIVO PARA ATENDER PETICIÓN DE CÁMARAS Y CONAGUA
Diferentes cámaras y asociaciones solicitaron al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, que hiciera limpieza del Bordo, informó Mario Osuna, secretario de Desarrollo Social Municipal, dependencia que hace dos meses no contemplaba a ese sector en su programa de trabajo, remitiendo la atención de ésta a Seguridad Pública.
Con la presión de diferentes sectores de la sociedad y a petición de la Comisión Nacional del Agua -CONAGUA- dependencia que requirió “les ayudáramos a desalojar a las personas del Bordo para efecto de mantenimiento y limpieza en general del río”, el XXII Ayuntamiento optó por realizar, la madrugada del 18 de agosto, un operativo en la canalización del Río Tijuana, previa reunión con diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno.
“Más allá de una limpieza, porque no estamos limpiando ni basura, estamos tratando con personas, decidimos hacer un programa de inclusión de personas en situación de calle”, expuso Mario Osuna, quién anotó que originalmente iban por 150 personas y terminaron desalojando a 350.
De esa cantidad, 230 registraron problemas de adicción, por lo que fueron remitidas a 40 centros de rehabilitación que participaron en el operativo; siete fueron deportados, mientras que del resto, en una cantidad menor, por no aceptar la rehabilitación, junto a la mayoría que presentaba problemas de salud mental, fueron retornados a las calles.
A casi un mes del operativo, 30 han abandonado el programa de desintoxicación, “seguramente deben andar en las calles, de nueva cuenta drogándose, delinquiendo, les perdemos la pista”, admitió Mario Osuna.
Cuevas cavadas en Playas de Tijuana para pernoctar
No obstante, sin precisar datos de los sitios en donde los 200 restantes son atendidos por adicción a las drogas o alcohol, “por cuestiones de seguridad”, el funcionario municipal ya habla de casos de éxito en algunas de las personas desalojadas del Bordo.
“Íbamos por uno, dijimos que con uno que rescatáramos era suficiente y ahorita hay 200 personas que siguen con el procedimiento”, acotó.
ESPORÁDICA INTERVENCIÓN
Será hasta dentro de dos semanas cuando, de nueva cuenta, el gobierno municipal lleve a cabo otro operativo de rescate.
En tanto, se ocupa solo de proveer de víveres a los centros de rehabilitación que apoyaron con el programa de rehabilitación.
A los 200 que se mantienen en el proceso de recuperación, se les busca reintegrarse a la vida laboral, anotó el funcionario.
“Muchos piden limpien el bordo, pero nunca dicen que vamos a hacer con las personas. La situación es más compleja”, señaló Mario Osuna, titular de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal.
Pero, tampoco la autoridad local ha definido un programa de solución permanente, más allá de los 200 en los que actualmente se ocupa, aun cuando reconoce que en las calles de Tijuana deambulan alrededor de 1 mil 800, a los que tiene localizados en cinco puntos: Bordo, Zona Centro, Zona Río, Central Camionera y 20 de Noviembre.
Ahí se concentran “porque hay buenos samaritanos que les llevan comida y ya no tienen de qué preocuparse. Más que por los 10 pesos que les cuesta la dosis diaria para subsistir y salir adelante con su necesidad de estarse drogando. En otros caso, solo ocupan para la pachita y alcoholizarse”, comentó.
Consideró que la ayuda que se les da, fomenta su estancia en los sitios de donde la autoridad busca retirarlos, “pero no podemos quitar esa intención, porque no los podemos atender nosotros”, reconoció al recomendar a la ciudadanía a ayudar con ropa y comida a los centros de rehabilitación, para que estos sigan apoyando con el proceso de rescate que permita reinsertar a la vida productiva, a los indigentes adictos.
ENFERMOS MENTALES A LA DERIVA
Aunque no hay un padrón definido, de los 1 mil 800 indigentes, alrededor de 1 mil 500 enfrentan padecimientos mentales, por lo que no pueden ser enviados a los centros de rehabilitación.
El Instituto de Siquiatría no los recibe al no haber un familiar que responda por ellos, tanto en lo económico, como en lo social; mientras que el sector salud solo los atiende en enfermedades de urgencia, pero no con tratamientos psiquiátricos, al no estar contemplados dentro del stock de enfermedades que recibe el subsidio del Seguro Popular.
Aunque el secretario de Desarrollo Social indica que este “es un tema muy preocupante para esta administración”, el municipio tampoco tiene un programa de solución. “Actualmente, con los espacios limitados, lo que hacemos es recibirlo, atenderlos, asearlos y regresarlos a la calle”, expuso.
Pero sí tiene la intención de resolverlo a futuro, “vemos que podemos hacer con los enfermos mentales el próximo año”, dijo, para luego mencionar la posibilidad de donar un terreno para que sean organismos de la sociedad civil, las que se ocupen de instalar aldeas para que ahí se atiendan a estas personas. Pero solo es una idea, no hay nada concreto aún.
Vaya, ni presupuesto cuenta para atender la problemática”.
Mario Osuna tampoco consideró necesario definir un presupuesto para atender la problemática; por el contrario, ponderó que con el programa de rescate de 200 personas se ha invertido alrededor de 150 mil pesos. “No hemos gastado la gran cantidad de recursos, no creo que tengamos la necesidad de ampliar el presupuesto”, subrayó.
La Secretaría no tenía presupuesto, por lo que este año se canalizaron alrededor de 50 millones de pesos para atender a sectores vulnerables, personas con problemas de vivienda y alimentación; explicó el funcionario municipal, cantidad que consideró suficiente para atender a las personas en condición de calle.
“No es necesario incrementar los presupuestos, al contrario, hay que tratar de estirar la cobija sin destapar a los demás. Hay que hacer un uso responsable del recurso que se tiene y canalizarlo a programas que ayuden a la reinserción, sobre todo, echar manos de los organismos de la Sociedad Civil”, puntualizó.
Respecto al apoyo que el municipio proporciona a estos organismos, dijo que básicamente es en especie, con víveres, medicamentos y atención médica, previendo a futuro ayudarlos con el pago de algunos servicios, pero sin entregarles efectivo.
“No hemos manejado la parte económica porque no queremos caer en lo mismo”, expuso en referencia al pago de 3 mil pesos mensuales que la administración anterior canalizó para la asistencia mensual de cada persona ingresada a los centros de rehabilitación.
SEGURIDAD PÚBLICA DETIENE Y LIBERA
“No es la intención de capturarlos para después liberarlos”, subrayó Mario Osuna, secretario de Desarrollo Municipal.
No obstante, a la fecha, la Policía Municipal continúa realizando desalojos, pero en atención a la propia ciudadanía que así lo pide, sobre todo, de quienes habitan en las inmediaciones donde los indigentes pernoctan.
Por faltas administrativas, entre 7 mil y 13 mil personas son detenidas al mes en los 12 distritos de Tijuana, 95 por ciento de ellas están en situación de calle, informó Luis Felipe Chan Baltazar, director de Seguridad Pública Municipal.
El promedio diario de detenciones realizadas en cada distrito es de 200 personas, en esta misma condición, a quienes, de acuerdo al Bando de Policía y Buen Gobierno, cuando mucho, se les puede retener 36 horas, si el juez así lo determina, expuso Chan.
La mayoría de los detenidos son reincidentes, pero fuera de ese lapso de tiempo, no se les puede retener más. “Es un círculo que estamos haciendo con estas personas que viven en la vía pública, porque no cometen otra cosa que faltas administrativas”, dijo el funcionario.
Agrego, “el secretario -Marco Antonio Sotomayor- trae una idea de verlo a través de Estancia Municipal de Infractores -EMI- para que, quienes tienen problemas de droga, canalizarlos a centros de rehabilitación y no hacer operativos macros, como el que se hizo recientemente en la canalización”.
Sostuvo que, si bien, algunos cometen delitos menores, como daños a vehículos, robo a comercios, son los menos; “hasta ahorita, es el problema se resumen a la presencia que se ha dado en las últimas semanas en zonas donde antes no deambulaban, como es el caso de Playas de Tijuana”, señaló.
“Más que problema de seguridad pública, es un problema social, de gente que no tiene donde vivir”, acotó.
MUNICIPIO OBLIGADO A ATENDER EN FORMA PERMANENTE
La problemática de las personas en situación de calle, sean deportados, adictos, enfermos mentales, etcétera, “es una problemática muy grave que se trabaja las 24 horas del día”, indicó Carlos Mora Álvarez, titular de la Dirección de Atención al Migrante del Gobierno del Estado.
Conminó al gobierno municipal, desde el alcalde Juan Manuel Gastélum, pasando por el secretario de Seguridad Pública y secretario de Desarrollo Social, a tener una “atención constante”, mientras que a Conagua demandó mayor atención en cuanto a limpieza de la canalización del Río Tijuana.
