El 17 de agosto se cumplió el plazo para concluir los trabajos del edifico del Poder Judicial que será la sede de los juicios orales federales en Mexicali.
Pese a esto, la empresa SAWAM, con sede en Hermosillo, Sonora, pero que ya cuenta con filial en Mexicali, se encuentra muy retrasada en el proyecto que, según el contrato, comenzó el 16 de diciembre de 2016 y tendría un plazo de 240 días naturales para culminarse.
En el contrato en poder de CACHANILLAZ establece que bajo ninguna circunstancia se pospondría la entrega de la obra, pero no señala alguna sanción para la empresa que recibió un monto de 189 millones de pesos para la construcción y que se ubicará en Río Nuevo, a un costado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la misma zona que año tras año presenta las mayores inundaciones por las lluvias.
Cabe señalar que dicha licitación fue entregada por el ingeniero Francisco Javier Pérez Maqueda, director general de Inmuebles y Mantenimiento, y por el entonces director de Presupuestos y Concursos, José Alejandro McNaught Salguedo, ambos destituidos del Poder Judicial debido a sospechas de corrupción.
De hecho, Pérez Maqueda fue despedido tras encontrarle, el viernes 10 de febrero en la Ciudad de México, 4 millones de pesos en efectivo dentro de la cajuela del vehículo oficial asignado a su cargo, los cuales se encontraban en una bolsa negra.
En ese contexto se concluye el plazo para la entrega del edificio del Poder Judicial en Mexicali, pero nada… no hay nada concreto.
Ley es diferente: Atilano
Carlos Atilano Peña, ex candidato independiente a la alcaldía de Tijuana y ahora representante del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independiente, afirmó que la Ley del Agua para el Estado de Baja California que presentó el 15 de julio es totalmente distinta a la expuesta por el Gobierno del Estado.
Esto luego que el ciudadano Témoc Ávila denunciara que la Ley de Atilano era una copia -casi en su totalidad- de la que finalmente fue abrogada por el Congreso del Estado a petición del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Según Atilano, su legislación prohíbe expresamente la privatización del agua, que el agua debe ser un derecho humano, que se pugna por la municipalización del servicio y la derogación del Decreto 57, a diferencia de la presentada por el Ejecutivo.
“Es un protagonismo fuera de todo contexto (de Ávila), en términos de la Ley y sin conocerla, la primera pregunta que se le hizo fue si leyó la Ley y dijo que no, ¿cómo puedes criticar una Ley que no te has dado tiempo de leer? Son diferentes artículos” expresó Atilano Peña.
Negó que se hubieran copiado artículos, “son artículos que deben estar ahí, no podemos inventar el hilo negro, no podemos decir que el agua no es H2O”, aseguró al ser entrevistado.
Atilano dijo que Témoc Ávila revisó una versión de la Ley que no fue la final, por lo que reconoció que tenía algunos errores pero finalmente se subsanaron. Prometió enviar la versión final a esta columna, misma que hasta el cierre de edición, no se recibió.
Cansados de Ulises Méndez
A quien se le está acabando el tiempo de tolerancia es al titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
Alonso Ulises, titular de la DSPM
Alonso Ulises Méndez, cuenta de ello es el malestar que viven residentes del fraccionamiento Jardines de San Marcos, quienes denunciaron que desde hace más de 45 días les quitaron la patrulla que tenían asignada a su cuadrante.
El profesor Daniel Vázquez Guerrero preside el Comité de Vecinos de San Marcos Sección 2, y se comunicó con el autor de esta columna para señalar que en solo siete meses se han cometido 87 delitos en la colonia.
Indicó que durante años habían aportado para el mantenimiento y reparación de una patrulla para que fuera asignada a su sección, sin embargo, en el mes de marzo ya no pudieron realizar los pagos porque la unidad se encontraba en muy mal estado, además de que les pedían solventar los gastos de gasolina.
Patrullas
A raíz de ello se manifestaron en abril; autoridades municipales les prometieron la asignación de una nueva patrulla sin tener que pagar por ella, finalmente les incumplieron, porque ya va más de mes y medio sin que se les asigne una nueva unidad.
La principal exigencia del comité de vecinos es que el alcalde cumpla con los compromisos que realizó, al prometerles la patrulla sin tener que pagar por ella, así como mayor vigilancia en la zona.
Preguntones
Pareciera que algunos funcionarios del Ayuntamiento de Mexicali niegan o aplazan las entrevistas a propósito, sin embargo, mandan a otros reporteros a preguntar sobre los temas en los que están trabajando reporteros de ZETA. Ahí se las dejo.
Refilón
Las quejas por la pésima atención son frecuentes en el departamento de jueces calificadores del Ayuntamiento de Mexicali, donde se le niegan descuentos a la ciudadanía de bajos recursos, pese a que se encuentra contemplado en la Ley, además de una mala actitud en la coordinación en la Comandancia de Policías ubicada en Héctor Terán Terán.
