Es necesario que el Gobierno Federal tome medidas más enérgicas para la protección de los derechos de alrededor de 6 millones de personas nacidas en territorio mexicano que, por vivir de forma irregular en los Estados Unidos, corren el riesgo de ser deportados; mencionó Jorge Schiavon, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El Estado mexicano debe acompañar a sus nacionales en los procesos de retorno al país, considerando que estos dejan atrás familia y patrimonio, ya que el 40 por ciento de los mexicanos con estadía irregular en Estados Unidos, llevan más de 10 años; otro 40 por ciento, entre 5 a 10 años; y solo el 20 por ciento han llegado recientemente a la Unión Americana.
“Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es proponer acompañamientos diferenciados para diferentes poblaciones de mexicanos, dentro de los procesos de retorno”, sugirió, para lo que dijo debe aprovecharse la red consular en Estados Unidos que cuenta con oficinas en 50 ciudades.
Schiavon señala que la respuesta del Gobierno mexicano ha sido invertir mayores recursos en dicha red consular, en específico, por mil millones de pesos, con destino para acompañamiento judicial a los connacionales, así como el apoyo en sus procesos de naturalización como estadounidenses, lo que no representaría la perdida de la nacionalidad mexicana, al permitirse la doble nacionalidad, pero falta reforzar el programa de acompañamiento.
El catedrático aseguró hay dos grandes amenazas por parte de la administración Trump, la primera de ellas relacionada a las deportaciones masivas; y la segunda, el no contar con la infraestructura suficiente en materia de política exterior, para hacer frente a las medidas anti migratorias que puedan venir.
“Técnicamente no han ocurrido; lo que sí ha habido es un cambio radical en términos de a quién se está deportando. En la administración Obama eran deportaciones más bien de personas detenidas en frontera o gente con antecedentes penales, lo que estamos viendo ahora son deportaciones del interior de los Estados Unidos y particularmente gente que llevaba muchos años viviendo en los Estados Unidos”, explicó.
Por último, se están promoviendo litigios estratégicos, “identificar casos de mexicanos que estén en una situación jurídica y aprovechar ese caso como un ejemplo para cambiar el sistema judicial de los Estados Unidos”; esto mediante el establecimiento de jurisprudencia.
Penetrar en la política local de Estados Unidos debe ser otra de las estrategias para proteger los intereses mexicanos, afirmó Schiavon, dando como ejemplo el hacer contacto a través de las embajadas con la iniciativa privada, para convertirla en una aliada que se oponga a la salida del país vecino del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.