En el transcurso de esta semana, el periódico The San Diego Union Tribune, que -por supuesto- circula del otro lado de la frontera, publicó una caricatura que a muchos bajacalifornianos, tijuanenses en lo particular, les indignó. Es la imagen de un letrero que da la bienvenida a Tijuana y de fondo una ciudad. El asunto es que el letrero está harto baleado, editorializando con dos cuestiones en la imagen: uno, la alerta que el gobierno de Estados Unidos impuso a sus ciudadanos para no visitar esta localidad precisamente por la inseguridad, y dos, que acá hay muchas balaceras.
Ninguna de las dos premisas es falsa. Habría que contar los disparos en la caricatura del Union, para saber si son mil 063, y corresponden al número de ejecutados que en Tijuana ha habido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2017. Balazos hay en la ciudad y muchos. Ahora ya las armas se utilizan también para amedrentar a comensales en todo tipo de restaurantes y en distintas regiones del municipio.
La misma inseguridad que vulnera a los residentes y pone en riesgo a los visitantes, ahora está afectando al sector que más ha despuntado en los últimos años por su calidad y valor, el gastronómico. Y además, al comensal californiano que es asiduo a los restaurantes de Tijuana, Rosarito, el Valle de Guadalupe, Tecate y Ensenada.
Rápidamente, políticos, empresarios y algunos ciudadanos comenzaron a indignarse por la caricatura del Union, cuando la realidad es esa. Vivir en Tijuana o venir a Tijuana, no deja de ser un riesgo. Un asalto a mano armada en la casa, el auto o en el restaurante, un robo a comercio o casa habitación, una extorsión, estar en el sitio de una balacera. Todo lo que ocurre en términos de inseguridad nos vulnera a todos.
Con quienes deberían indignarse es con quienes mantienen esas condiciones de inseguridad y violencia, de disparos y ejecutados; con quienes tienen la responsabilidad de proveer seguridad a los bajacalifornianos a los visitantes y a los turistas; con quien desde el municipio, léase Juan Manuel Gastélum, se niega a conocer de la inseguridad, entenderla para poder combatirla; y con quien desde el Estado, o sea, Francisco Vega de Lamadrid, no coordina a las fuerzas policíacas como es su obligación para contener la inseguridad. Por supuesto, sin dejar de lado la omisión por parte del Gobierno Federal.
El culpable no es el periódico de San Diego, ellos están ejerciendo -y en su país- la libertad de expresión, al editorializar en una imagen la realidad que perciben. Los culpables son los gobiernos locales que no tienen una estrategia eficiente para el combate a la inseguridad y la violencia en la región. Que ignoran el tema porque parece que no vinieron a gobernar y administrar un Estado o una ciudad, sino a pactar, acordar y negociar en beneficio propio o de reducido grupo.
Ya en el pasado las críticas de medios de San Diego hacia la inseguridad sucedieron, y los gobiernos municipales como el de Jorge Ramos en Tijuana o el de don Hugo Torres Chabert en Rosarito, incluso del de José Guadalupe Osuna Millán en el Estado, en lugar de enviar cartas inconformándose con la libertad de expresión de los periodistas del Union, tomaron decisiones, se coordinaron, disminuyeron la inseguridad y acudieron a los consejos editoriales de los medios de comunicación en San Diego para informarles lo que estaban haciendo, para decirles de frente y en entrevistas que este era un lugar seguro para los suyos.
Pero eso es trabajo, trabajo de estrategia y trabajo de comunicación, situaciones que no suceden en estos momentos en Baja California. Vaya, el alcalde Gastélum no se comunica ¡ni con los reporteros locales! Les dice que no es tema la inseguridad, se molesta porque lo abordan, los deja con la palabra en la boca, los ignora, se burla de la situación, mientras el gobernador Vega prefiere evitar ponerse en esas situaciones y encomendar toda la estrategia de inseguridad y percepción de la misma en el extranjero, a su director de comunicación social.
Pues fue Raúl Reynoso, un ex periodista de Tijuana, independiente pero ahora metido al PAN-gobierno, quien envió una carta de inconformidad al editor en jefe del San Diego Union Tribune, Jeff Light, para decirle -en un dejo de irrespeto a la libertad de expresión en el extranjero- que consideraban el cartón “OFENSIVO (así con mayúsculas, en total falta de respeto, otra vez), ya que pretende, en un dibujo, proyectar a Tijuana como una ciudad sombría y que recibe a sus visitantes con un deteriorado anuncio de “bienvenida” deshecho a balazos”. Agregó: “… saben perfectamente que el cartón falta a la verdad, toda vez que Tijuana está muy lejos de ser tétrica y de miedo como pretende proyectarla el dibujante”, y luego, como buen panista enojado, les echa la culpa de lo que dice que no existe, al justificar que el fenómeno delincuencial está relacionado con el trasiego de las drogas “… que pretenden cruzar e inundar de estupefacientes al vecino país del norte, también”. O sea, a ellos y por ellos.
Realmente Raúl Reynoso, quien en esta ocasión da la cara, o la firma mejor dicho, por el gobierno de Baja California, quiere tapar el sol con un dedo y reniega de la línea editorial de un medio que ni siquiera está en su país. Raro que no ha respondido al gobierno de Estados Unidos que tachó a la ciudad de insegura, o a medios de Europa que refieren a Tijuana como una de las ciudades más violentas.
La realidad es que quienes deberíamos estar indignados, somos todos los bajacalifornianos, con estas autoridades locales que han sumido a nuestro Estado y a nuestros municipios en una inseguridad terrible, al no combatir la criminalidad, al no combatir la impunidad con investigaciones y procedimientos para asesinos y narcotraficantes, que no previenen los delitos y que se ven rebasados hasta por delincuentes de quinta, que alejan al turismo restaurantero y alertan sobre la inseguridad en la región.
No, las posiciones editoriales no son el problema. El problema son los gobiernos, el del Estado y el del Municipio, que se niegan a reconocer lo que está a la vista, hasta provocar el hartazgo de todos.
