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miércoles, octubre 2, 2024
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Morir joven en el país de la impunidad

La imagen es muy dolorosa. El escenario de la tragedia es una calle sin pavimento, un patio quizá, con basura y maleza verde. Recargados sobre una pared, los cuerpos de tres jóvenes de 15, 19 y 20 años, pero será la mala nutrición, las características físicas del sur del país, los tres aparentan ser aún menores. Su vestimenta complementa esta versión, camisas de colores vivos, pantalones de mezclilla (uno de ellos color mostaza) y sus cortes de pelo a la moda.

Los tres chamacos están muertos. Unos a otros se acompañan físicamente, están ladeados por las balas que les metieron a sus cuerpos en lo que parece una ejecución contra la pared, un fusilamiento. Uno de los muchachos porta la camiseta de la Selección Mexicana de Futbol, “la verde”, con las letras redondeadas como las utilizadas en el Mundial México 68. Las letras blancas están rojas de sangre.

Una persona más que no se ve en la fotografía de los cuerpos mancillados de los jóvenes, fue asesinada en el mismo lugar. Él tenía 40 años. Los cuatro fueron masacrados en Guerrero, específicamente en Coyuca de Benítez, el miércoles 13 de septiembre, y la fotografía es obra de Bernardino Hernández, de la agencia fotográfica Cuartoscuro.

La imagen se ha publicado en portales noticiosos como SinEmbargoMX, como la foto que se vuelve “botón de la tragedia en México”.

Efectivamente, Guerrero es el segundo Estado de la República Mexicana donde más ejecuciones se han registrado en los últimos cinco años, precisamente los que tiene Enrique Peña Nieto al frente del Gobierno Federal en su calidad de Presidente de la República. De acuerdo al reciente conteo de asesinatos dolosos realizado por ZETA, en aquella entidad, antes un paraíso turístico, 10 mil 232 personas fueron asesinadas con violencia.

En total, en el país y en los cinco años transcurridos del sexenio de Peña Nieto, 104 mil personas han sido ejecutadas, como lo fueron los muchachos de Coyuca, una población no muy lejana de Ayotzinapa, Iguala, donde en 2014, seis normalistas fueron asesinados y 43 más desaparecidos.

Como todo México, Guerrero es una zona de guerra para las estructuras criminales que dominan los cárteles de las drogas. Un fenómeno delictivo que ha dado muestras de haber rebasado la capacidad del Gobierno Federal para contenerlo. El narcotráfico es el origen del dolor más grande de México: la pérdida de seres queridos, sea asesinados, secuestrados, enviciados.

Sin embargo, no ha llamado la atención de la Presidencia de la República en estos cinco años, como para establecer un plan emergente de combate al narcotráfico y al crimen organizado. En su premisa de Un México por La Paz, Peña no ahondó para diferenciar su estrategia de la llevada a cabo por Felipe Calderón Hinojosa un sexenio atrás. No existe una política integral de combate a los narcos o a los criminales, que dé oportunidades a los jóvenes mexicanos para no terminar asesinados a balazos como los tres de Coyuca.

El objetivo de aprehender líderes de cártel o de células criminales no ha disminuido la inseguridad, de hecho la ha exacerbado, pues los cárteles terminan por diseminarse ante la ausencia del líder criminal o la incapacidad por ambición de no elegir un nuevo capo. Hay más estructuras criminales hoy que en el sexenio anterior.

Un día después del descubrimiento de los cadáveres de los jóvenes en Guerrero, en la Ciudad de México un niño de siete años fue asesinado junto a su padre por -según las autoridades- dos hombres que viajaban en una motocicleta; un crimen, de confirmarse el modo de operación, similar a las ejecuciones colombianas de las décadas de los ochenta y noventa.

En Baja California, niños han sido asesinados cuando acompañaban a familiares, los casos de Hugo David y Ashley hicieron que la sociedad se indignara momentáneamente. Hubo comentarios de frustración, la exigencia de justicia, los señalamientos de ineficiencia y corrupción hacia los gobiernos, y luego nada.

Fue a mediados de 2011, un año y meses antes que Felipe Calderón Hinojosa concluyera su periodo como Presidente de la República, cuando en Juárez (por aquellos años Chihuahua era tan violento como lo es hoy Guerrero) cinco muchachos fueron asesinados a balazos después de terminar un partido de futbol. Tres chamacos más fueron heridos en el ataque armado. Aquel crimen indignó a la sociedad mexicana, y se exigió entonces justicia  y seguridad para el país.

Pero ahora no se ven las marchas como en aquellos años, el Presidente Peña ha ignorado y minimizado tanto el tema de la violencia en México, que poco llama la atención de la sociedad, que en buena parte prefiere ver el tema como algo amarillista, que solo ocurre a quienes están metidos en cuestiones criminales.

No sabemos si los tres jóvenes de Coyuca estaban metidos o no en cuestiones criminales. Lo que es evidente es que los mataron a mansalva, a sangre fría, y también que vivían en una de las regiones más pobres de México, que no avanza porque no hay progreso, porque no hay oportunidades, porque el salario mínimo es raquítico y, con la inversión pública, se transa para beneficio de unos cuantos corruptos que permanecen impunes.

No existe una política integral de combate a la delincuencia que contenga no solo la aprehensión de los líderes de los grupos criminales, sino que incluya también la detención de sus segundos de abordo, el desmantelamiento de las células delincuenciales, el aseguramiento de dineros y el congelamiento de cuentas bancarias y empresas utilizadas para el lavado de dinero, la clausura de las rutas de trasiego de las drogas y la erradicación de la siembra ilícita, por decir unos pocos elementos que deben complementarse, acaso completarse, con programas educativos, culturales, deportivos, de superación y desarrollo para los pueblos y comunidades, pasando por las ciudades.

Pero no, en México tenemos un Presidente más preocupado por heredar para sí mismo impunidad, y un procurador general de la República que hace política para quedarse en el cargo por nueve años más, en lugar de establecer planes para acabar con la inseguridad, detener a los asesinos para dejar claro que en México se ejerce el Estado de Derecho, y nadie, nadie, tiene la oportunidad criminal para quitarle al vida a tres jóvenes como los de Coyuca de Benítez, Guerrero. Tres jóvenes que, se aprecia, vivían su vida de forma colorida, desparpajados. Tres jóvenes que en este país de la impunidad y la ineficacia se quedaron sin oportunidad en la vida hasta ser arrinconados en una pared y asesinados.

De eso es responsable el titular del Poder Ejecutivo, de no dar seguridad a la juventud, de no dar seguridad a los mexicanos, de no ejercer el Estado de Derecho, de proveer impunidad a los asesinos, de permitir el crecimiento de las estructuras criminales en el país.

En efecto, la dolorosa imagen de los tres asesinados cuando su vida iniciaba, es el botón que muestra la realidad de la inseguridad en México: un país que al dejar morir así a sus jóvenes, está acabando con su futuro.

Autor(a)

Adela Navarro Bello
Adela Navarro Bello
Directora general del semanario ZETA, Consejero de Artículo 19 y del CPJ para las Américas, entre otros reconocimientos, tiene el Maria Moors Cabot 2021 de la Universidad de Columbia.
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