El Gobierno Federal hizo un gran fraude -en el que están involucrados más de 50 funcionarios-, ya que 11 de sus dependencias pagaron 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales a 8 universidades públicas, que a su vez triangularon el dinero a 186 empresas, muchas de estas “fantasma” o irregulares, de acuerdo a las Cuentas Públicas 2013 y 2014.
Esto según una extensa investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y el portal informativo Animal Político, publicada la noche de este lunes, que titularon: “La Estafa Maestra”.
Las empresas están distribuidas en 6 entidades: Tabasco, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Nuevo León y Chiapas. 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura, ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen, señaló la investigación.
La investigación consistió en revisar las empresas a las que se les entregaron los recursos públicos y confirmó que son empresas “fantasma”: sin registro ante la Secretaría de Economía, ilegales, abandonas, desmanteladas, o cuyos socios “viven en barriadas”
Las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio. Los otros 3 mil 433 millones de pesos se entregaron “a empresas fantasma”. Y el resto del dinero -aseguraron MCCI y Animal Político- sirvió para, supuestamente, contratar servicios, muchos de estos sin evidencia documental de que hayan existido, señaló la investigación.
Los convenios entre instancias públicas están permitidos en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sin embargo, la legislación establece requisitos, como son no subcontratar más del 49 por ciento o realizar una investigación de mercado, que fueron violados en este esquema de fraude, abundaron MCCI y Animal Político.
Entrevistado por los investigadores, Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), afirmó que la triangulación de recursos es “un fraude” y “un claro acto de corrupción”. Además, agregó que los titulares de cada dependencia fueron responsables del delito, a pesar de que no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido desde el año 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas. Incluso, la ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos públicos.
“[…] es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios […] Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos”, señaló Portal Martínez.
Las dependencias involucradas fueron: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces encabezada por Rosario Robles Berlanda; el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con Alfredo del Mazo Maza -ahora gobernador electo del Estado de México-; la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuya titularidad era de Emilio Chuayffet Chemor.
Además de Petróleos Mexicanos (Pemex), con Emilio Lozoya Austin; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez -hoy Embajador de México en Cuba-; el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), con José Reyes Baeza Terrazas; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con Gerardo Ruiz Esparza; la Secretaría de Economía (SE), con Ildefonso Guajardo Villarreal; entre otras.
Las instituciones educativas involucradas en el fraude fueron: la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuyo rector era Jorge Olvera García -hoy presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Edomex-; la Universidad Autónoma del Carmen; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con Alejandro Vera Jiménez.
Además de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; la Universidad Politécnica del Golfo de México; el Instituto Técnico Superior de Comalcalco; la Universidad Popular de la Chontalpa; así como la Universidad Tecnológica de Tabasco.
