Luego de que la Secretaría de Gobernación instara al Gobierno del Estado a cumplir con la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres, como una de las 14 recomendaciones que se le hicieron para no emitir la solicitud de alerta de género en 2015, las obras que debieron concluir hace dos meses y medio siguen retrasadas. Pese a la falta de dinero en 2016, no se ejercieron y se perdieron 5 millones de pesos. Y violentando compromisos, hoy no existe una fecha para inicio de operaciones
Pese a que la Ley que Crea el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial Número 57 con fecha 11 de diciembre de 2015, instruye que debía entrar en vigor el 30 de junio de 2017 y el día 31 iniciaría funciones, dos meses y medio después, la construcción se encuentra apenas en 80 por ciento de avance de la primera etapa, y faltan por conseguir 17 millones de pesos para la conclusión del otro 20% restante, así lo hizo saber a ZETA el subsecretario general del Gobierno del Estado, Francisco Iribe Paniagua.
Dicha Ley también estipula que el Ejecutivo del Estado conformará una Junta de Gobierno y designará un titular, quien tendría que haber expedido el Reglamento Interno del Centro dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la norma, lo que debía ser, a más tardar antes de que concluya septiembre, pero eso tampoco se ha hecho. En consecuencia, menos se ha llevado a cabo la primera sesión de esa Junta de Gobierno, la cual tendría que haber sido convocada y presidida por el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la Ley.
Un incumplimiento tras otro, el gobierno de Baja California violó el acuerdo hecho hace dos años con la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos para evitar que se emitiera la “alerta de género”.
Debido a ello, representantes de asociaciones civiles pro defensa de la mujer y sus derechos e instituciones afines, han manifestado que el incumplimiento de todas estas acciones estipuladas “sin lugar a dudas” pone de manifiesto la falta de sensibilidad que todavía existe ante este tema urgente de atender.
Alerta de género por incumplimiento de instancias gubernamentales
Meritxell Calderón Vargas, coordinadora de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, señaló a ZETA que el antecedente de los centros de justicia para mujeres y de justicia familiar viene desde los años noventa, tiempo en que se trataba de atender a los niños, niñas y sus madres cuando sufrieran violencia familiar, así fue como se abrieron varios refugios en Tijuana y posteriormente en Mexicali, los cuales se lograron gracias a la gestión, preocupación e iniciativa de la sociedad civil.
Esta debería ser una tarea de las instituciones gubernamentales, pero el Instituto de la Mujer, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Procuraduría de Justicia, entre otras instancias, “no han estado haciendo su labor al no invertirle los recursos materiales ni humanos a un Centro tan importante como lo sería este”, reclamó la activista.
Esas omisiones provocaron que en 2015 solicitaran la alerta por violencia de género, no solamente en el sentido de desapariciones o feminicidios, sino de tener y poner en práctica una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “que es una necesidad que la población lleva muchos años reclamando”, y como condiciones para no emitir la alerta, la Secretaría de Gobernación (Segob) generó 14 recomendaciones, la sexta de ellas fue la creación del Centro.
No se ejerció completamente el primer recurso; Conavim se quedó sin presupuesto
Derivado de la recomendación, el Gobierno del Estado se puso en contacto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia federal encargada de subvencionar este tipo de centros. El 16 de junio de 2016 suscribieron un convenio de colaboración por 10 millones de pesos para la creación del Centro.
Esta primera inversión se hizo también con la contribución de un edificio por parte del Gobierno del Estado, inmueble que tiene un valor de 6 millones 125 mil pesos, además de la aportación de dos terrenos por parte del Ayuntamiento de Tijuana. Sin embargo, debido a que la construcción inició hasta el 19 de diciembre de 2016, el total de los recursos no fueron invertidos y el Gobierno del Estado Tuvo que regresar 5 millones 004 mil 175 pesos.
Para el ejercicio 2017, el Gobierno del Estado solicitó a Conavim un recurso por 35 millones de pesos para poder concluir la obra este año, petición que fue rechazada, como lo confirmó el subsecretario general de Gobierno, debido a que los recortes presupuestales en el país habían afectado a la instancia federal y por ende habían tenido que reducir sus flujos, y ya no tuvieron la posibilidad de patrocinar proyectos.
Primera etapa de las obras al 80%; hacen falta 17 millones
Sobre esta situación, Iribe Paniagua argumentó que a pesar de ello la obra nunca se detuvo y se continuaron los trabajos gracias a un recurso que se redireccionó a través de la Secretaría de Seguridad Pública y otro remanente de un recurso denominado FASP tanto de 2016 como de 2017, por 6 millones 500 mil pesos, con lo que se ha solventado la obra hasta el momento y que lleva un avance del 80%, según le comentaron trabajadores de la constructora durante un recorrido realizado el martes 5 de septiembre en las instalaciones. Concluyeron toda la instalación eléctrica, tienen materializados el área de cubículos, salas, habitaciones de tratamiento y del refugio, además de los ductos para el aire acondicionado.
La última etapa- pendiente- incluye acabados, pintura, detalles en los baños y posteriormente el inmobiliario de todo el Centro, para lo cual se requieren 17 millones de pesos: 11 millones para la terminación de la obra física y 6 millones para equipamiento, recurso que también se está gestionando de los fondos de la Secretaría de Seguridad, hasta que no se llegue el tiempo de gestionar ante Conavim para 2018.
Situación por la cual no vislumbran aún una fecha clara y exacta en que se pueda concluir el Centro.
No tener el Centro retrasa el trabajo
La Ley que crea este Centro puntualizó como objetivo principal del mismo, el “coadyuvar a la prevención y atención especializada de las mujeres víctimas de violencia, mediante la prestación de servicios integrales en el mismo lugar, con la finalidad de promover y garantizarles el derecho a la justicia”.
Además de brindar un ambiente seguro y confiable tanto a las madres como a sus hijos; contribuir a la reducción de la tasa de la violencia contra las mujeres; evitar la revictimización de las mujeres víctimas de la violencia; generar estudios, información y estadística sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias; consolidar un equipo multidisciplinario profesionalizado y acreditado en el tema de la violencia contra las mujeres, entre otros.
En ese sentido, Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), lamentó que en un clima tan violento contra la mujer en muchos espacios no se llevan a cabo acciones para eliminarla o prevenirla.
Explicó que la cultura mexicana sigue poniendo en el centro a los hombres y deja a las mujeres en un segundo término, al mismo tiempo que siguen siendo cosificadas como un sentido de pertenencia que lastima la dignidad de las féminas; agregó que en Baja California la no conclusión del Centro “sí retrasa mucho”.
“El Centro de la Justicia lleva a penas un comienzo en su construcción, digamos que es una acción afirmativa, sin embargo, una política pública y una decisión que se toma en el gobierno, que no se traduce con recursos, es difícil que se lleve a la práctica”, manifestó.
En ese sentido, la regidora presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Julieta Aguilera Castro, quien ha sido una de las funcionarias más insistentes en el tema para poder cristalizar el proyecto, compartió a ZETA que el trabajo se sigue haciendo y seguirá, pero el incumplimiento gubernamental perjudica al ideal de las mujeres porque, cuando se sufre de violencia, saben bien que el proceso a seguir es muy tedioso y revictimiza a las mujeres.
Por su parte, Meritxell Calderón Vargas destacó que ni la Federación ni el Estado han aportado el recurso que se necesita para el Centro, “…en este caso el Municipio está haciendo ciertos esfuerzos, pero tampoco está invirtiendo todo lo que se requiere, pese a la obligación contraída (…) No se está respondiendo casi a ningún tipo de violencia”.
