Recientemente ZETA hizo pública la denuncia de trabajadores, los cuales estaban siendo abusados en sus derechos por parte de la empresa Cabo Fuels, la cual se ubica en la carretera La Paz al Aeropuerto Internacional “Manuel Márquez de León”.
Al respecto, la empresa actuó en contra de los empleados que denunciaron abusos en sus derechos laborales, ante ello, más denuncias surgieron contra la empresa, que incluso ponen en riesgo la vida de los empleados y de la ciudadanía en general.
Un testimonio anónimo reveló que además de violar los derechos de la Ley Federal del Trabajo, la empresa infringe leyes municipales y ambientales. De entrada, por realizar actividades industriales de transformación y no “de acopio y almacenamiento”, tiene alcance el permiso de uso de suelo, lo que refiere que operaban sin autorización.
El denunciante informó que la empresa hace entierros de materiales tóxicos sin previa autorización de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Son dos patios, cuando ahí se junta todo el cochinero cuando entierran todos los residuos, que es carbón, eso es dañino. En ese terreno, para que no se vea lo que enterraron con la misma tierra, la tierra del compañero ya no se va poder procesar porque ya es tóxica”, denunció por su parte uno de los empleados.
El director de Desarrollo Urbano y Ecológico del XV Ayuntamiento de La Paz, Armando Anaya Carbajal, confirmó que el viernes 1de septiembre la empresa fue clausurada por incumplir su permiso de uso de suelo, pero pareciera que la firma ya conoce el caminito de la impunidad, pues a través de un amparo solicitado en un Juzgado federal, se le otorgó permiso para realizar las actualizaciones correspondientes para su regularización.
“El uso de suelo que ellos presentaban era para centro de acopio y almacenamiento, es aplicable en esa área, pero el acopio y almacenamiento sabemos lo que significa, es muy claro: ellos estaban procesando, realizando un procesamiento que entra dentro del área industrial”, lamentó Anaya Carbajal.
Hasta que el juez federal no determine un dictamen, la empresa no podrá solicitar el permiso de uso de suelo industrial.
En el tema laboral, la Delegación Federal del Trabajo en Baja California Sur afirmó que Cabo Fuels fue sancionada con 200 mil pesos por violaciones a las solicitudes basadas en los estatutos de la Ley Federal del Trabajo, procedimiento que le fue notificado en días pasados.
“La notificación quedó lista, la causa es una serie de anomalías que nosotros encontramos, la notificación no se calcula nada más por una multa o una infracción, sino por una serie de cosas; la de los 200 mil pesos es por una negativa a contestar lo que nosotros estábamos pidiendo”, informó Ernesto Álvarez Gámez, delegado del Trabajo en el Estado.
Pero ahí no termina el problema, ya que fue confirmada la existencia de 220 observaciones en contra de la empresa. Hasta que no se resuelva el proceso actual en contra de un trabajador, no pueden iniciar nuevos procesos por el mismo concepto, lo cual la deja en la mira de la Delegación del Trabajo.
Estas serían las primeras acciones legales que las autoridades ejecutan en contra de la empresa, y esto no sería evidente sin la denuncia de los trabajadores, los cuales han recibido represalias por parte de la recicladora y requieren la intervención de las autoridades. Precisamente el delegado de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Millán Bueno, reveló que Cabo Fuels es observada de manera minuciosa.
“Esos temas son precisamente cuestiones muy técnicas, muy específicas, que se tendrían que llevar ante instancias como Semarnat, Profepa, incluso la misma PGR en su caso; lo que nosotros abonamos es al Estado de Derecho, al cumplimiento de las normas y que todos los procesos que se están llevando a cabo son apegados a la Ley”.
Y confirmó que a partir de que fueran destapados posibles delitos ambientales, las instancias vinculadas al medio ambiente siguen de cerca el desarrollo de la empresa, pues es claro que hay problemas, “todas las instancias del Gobierno Federal están trabajando en ese esquema de cumplimiento de la norma de la Ley”.
