El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, incumplió la Constitución de Baja California; a la administración que encabeza se le pasó que, de acuerdo a la reforma de 2014, deberían entregar el Informe de Gobierno el primer día del inicio de sesiones del Congreso del Estado, esto es, el 1 de agosto. No lo hicieron y ahora buscan, a través de la Junta de Coordinación Política -y no ante el Congreso- que les difieran la fecha para el 1 de octubre
El primero de noviembre de 2013, Francisco Arturo Vega de Lamadrid tomó protesta como gobernador constitucional del Estado de Baja California. Ahí prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución, sin embargo, el titular del Ejecutivo estatal parece ser el primero en violarla al no presentar su Cuarto Informe de Gobierno al Congreso del Estado el primero de agosto, fecha en que la Constitución local marca para hacerlo.
El Capítulo II, relativo a las facultades y obligaciones del gobernador según la Constitución Política de Baja California, en su Artículo 49, inciso V, señala que deberá “rendir un informe general, por escrito, del estado que guarde la Administración Pública, remitiéndolo al Congreso a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias”.
Claudia Agatón
La apertura del primer periodo de sesiones ordinarias también se encuentra clara en la Constitución, al remitirse al Artículo 22: “(…) el Primer Período inicia a partir del primero de agosto al último día de noviembre de cada año”.
Bajo esa premisa el gobernador del Estado no entregó su Informe de Gobierno, por lo que el Congreso del Estado podría emitir una declaratoria de incumplimiento.
Fue hasta el 14 de agosto, una vez que se desató la polémica, que el Ejecutivo reaccionó pero de mala manera y, en lugar de realizar una petición al Congreso del Estado para que les asignaran una nueva fecha, lo hizo ante la Junta de Coordinación Política y sólo mandó copia al presidente de la mesa directiva, Edgar Benjamín Gómez García, quien confirmó a ZETA sobre tal documento.
En declaraciones atribuidas a Rubén Armenta Sanabia, argumentó que la culpa fue de los diputados locales, ya que salieron de vacaciones sin importarles que se venciera la fecha para entregar el informe.
Las declaraciones del representante de la Secretaría General de Gobierno del Estado molestaron a más de un diputado, ya que aparentemente fue el Ejecutivo quien no presentó el informe, teniendo la opción de hacerlo mediante Oficialía de Partes.
Ejecutivo incumplió: diputados
El representante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, Catalino Zavala Márquez, afirmó que fue el mismo gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, quien el 17 de octubre de 2014 publicó la reforma al Artículo Quinto Transitorio, donde se estableció que la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correría a partir de octubre hasta 2016.
“El gobernador fue omiso en la presentación de su informe de labores, y por lo tanto, incumplió su obligación constitucional”, asegura el diputado.
En caso de existir un acuerdo para que “Kiko” Vega rinda su Informe de Gobierno el primero de octubre carece de legitimidad, ya que no contó con el aval de todas las fuerzas políticas, contraviniendo al principio de pluralidad y democracia.
“Se vio un documento (en la Junta de Coordinación Política, Jucopo) que envió el secretario general de Gobierno, dirigido al coordinador de la Jucopo que no es el conducto porque debió ser a la representación del Congreso, que es la mesa directiva y no la Junta; el planteamiento que hicimos fue que no lo vamos a tomar en cuenta, lo que tiene que hacerse es que el Ejecutivo cumpla de inmediato con la omisión en la que se ha incurrido”, advirtió el legislador.
Zavala Márquez dijo que el documento ni siquiera fue votado en la Jucopo, aunque reconoció que las modificaciones que realizó la pasada legislatura carecen de sustento, fue aprobado y avalado por el Ejecutivo para que fuera el primero de agosto la fecha en que tendría que presentar el informe.
“Se está incumpliendo con un mandato constitucional producto de esta reforma que básicamente un servidor no le ve la razón del cambio de fecha, esa reforma no tiene que ver con el empate electoral, es atípica”, explicó.
Luis Moreno, PES
El acuerdo fue que el Congreso exija al Ejecutivo entregar el informe de manera inmediata.
Por su parte, Luis Moreno, diputado por el Partido Encuentro Social (PES), indicó que la falta de informe representa una omisión del Ejecutivo del Estado y es reflejo del abandono de sus responsabilidades en todas las áreas de gobierno.
“Creo que han minimizado mucho lo que significa cumplir con los protocolos y las formas, porque a veces pareciera que el gobierno tiene otras prioridades, están tan distraídos en otras prioridades que a veces se les olvida que hay tiempos fatales que se tienen que cumplir”, reprochó el legislador.
Moreno expresó que varios diputados sabían desde el 31 de julio que Vega de Lamadrid tenía que entregar el informe.
“¿Por qué no lo hizo? No lo sé, es una transición de mesa directiva que da pie a que en medio de ese proceso se puedan omitir algunos procedimientos, pero este es muy delicado, mi postura es que el gobierno tiene que ser más responsable”, expuso.
Se puede subsanar: PT
Para la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Claudia Agatón, la falta del gobernador se puede subsanar, ya que se trata de una interpretación puritana del derecho, a su parecer existen otros temas prioritarios que se deberían atender en primera instancia, como la falta de espacios para que los jóvenes accedan a preparatorias y a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
“Vamos a atender con toda seriedad el señalamiento de quienes consideran que se cometió una violación al texto constitucional y estableceremos de inmediato un dialogo con el gobernador para que a más tardar en la próxima sesión del Congreso, se entregue el Informe de Gobierno y ojala que el gobernador no sólo lo entregue por escrito, sino que acuda al recinto parlamentario para presentar su informe”, declaró la legisladora de oposición.
Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Edgar Benjamín Gómez Macías, comentó que no existen sanciones para el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid por no cumplir con la fecha del informe.
Dijo que a partir de que presentó el Plan Estatal de Desarrollo, el primero de octubre de 2016, a partir de ahí corre un año completo.
“Esta modificación de la Ley implica que para el próximo año tendría que ser el primero de agosto la presentación de dicho informe, ya no sería de un año, sino de los meses que han de transitar durante este lapso”, señaló el presidente del Congreso local.
El único documento que recibió el Congreso fue a la Jucopo, con copia para el presidente de la mesa directiva, donde solicitaban el primero de octubre para presentar el informe.
Cuestionado sobre la postura de abogados y diputados que señalan que un acuerdo de la Jucopo no es válido, Gómez finalizó que la propia Ley le otorga facultades a la Jucopo como un ente que tiene posibilidades de que los acuerdos que se tomen, se suban al pleno.
Se les pasó: MC
Al gobernador Francisco Vega de Lamadrid y a todo su equipo de colaboradores se les pasó la fecha para presentar su informe de labores ante el Congreso del Estado, misma que tuvo que realizarse el pasado primero de agosto, a raíz de los cambios que pretenden homologar los electorales estatales con los nacionales.
Francisco Rueda de la general de gobierno
Así lo señaló el diputado por Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Molina. Precisó que dichas reformas se contemplaron desde 2014, cuando se encontraba en el Congreso del Estado, donde se estableció que la medida entraría en vigor en 2016, pero por única ocasión se permitiría entregar el informe para el primero de octubre, no siendo así para el actual ejercicio constitucional.
La intención de todo esto era recorrer las legislaturas en 2019 y con ello se movieron los periodos de sesiones, que son de cuatro meses, a dos en algunos casos.
A partir de 2017, el primer periodo de sesiones comenzaría entonces en el mes de agosto y, según establece la Constitución del Estado, el informe se presenta en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, que sería el primero de este mes.
Referente a posibles sanciones, Molina opinó que tendría que hacerse un análisis más de fondo, pero desconoce si esto provocaría alguna llamada de atención. Sin embargo, consideró que independientemente de ello hubo omisiones por parte del Estado.
Por su parte, el diputado Andrés de la Rosa Anaya sostuvo que se encuentran a la espera que la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva del Congreso decidan cómo proceder ante este incidente.
Cuestionado sobre si hubo un error por parte de los poderes, De la Rosa Anaya direccionó la pregunta hacia las instancias conducentes, pero adelantó que se está trabajando para determinar cómo quedarán las comparecencias de funcionarios y la glosa, con la intención de resarcir la situación.
Mientras que el abogado Fernando Rosales señaló que derivado del Decreto 112 publicado el 17 de octubre de 2014 por el gobernador Vega de Lamadrid, se modificó el Artículo 22 de la Constitución local con lo cual, el titular del Ejecutivo debió presentar su informe el pasado primero de agosto.
“El gobernador estaba obligado de acuerdo a la Constitución a entregar el informe el primer día de agosto de 2017, lamentablemente el gobernador por su ineptitud junto con su gabinete, (Francisco) Rueda y Rubén Armenta no lo presentaron, lo que es una violación directa a la Constitución local” afirmó el abogado.
Aunque la Constitución local no contempla una sanción por no entregar el informe, se puede presentar un juicio político en el Congreso de la Unión por la omisión del gobernador del Estado.
Según Rosales, tanto Armenta como De la Rosa hablan de un acuerdo, el cual considera que, en caso de existir, sería ilegal porque no se publicó en el Periódico Oficial.
El miércoles 23 de agosto, el litigante presentó un escrito ante el Congreso del Estado para que éste emita una “declaratoria de Incumplimiento” por no haber remitido el informe.
Gobierno a la espera: Rueda
Por último, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, expresó que el tema se seguirá analizando a la espera que el Congreso del Estado emita un acuerdo para dar cumplimiento con el informe. “Es importante el compromiso de todas las instancias de gobierno de atender esta tarea que nos corresponde a todos, la de rendir cuentas, que es lo importante y lo que nos preocupa”, destacó.
En cuanto a la fecha en que se debió entregar el informe, será el Congreso el que tome una determinación: “Derivado de las reformas que se tuvieron por la Legislatura anterior, se tomaron acuerdos para modificar los plazos y términos de cuándo debería presentarse el informe, pero también hay que señalar que no se consideraron algunos aspectos y que es en esta Legislatura con la que estamos trabajando para poder subsanar”.
