Al recobrar la presidencia el primero de diciembre de 1884, Díaz ya había encontrado a una mayoría de gobernadores, militares mansos y de civiles dóciles. Pero, asimismo, varios caciques y militares que, por haber participado en la revuelta de Tuxtepec, creían tener merecimientos para llegar a la presidencia o que debían tener un tratamiento especial. Para neutralizarlos y controlarlos, Díaz envió como comandante militar de su feudo, al joven General Bernardo Reyes, quien los sometió amenazándolos con quitarles sus riquezas o privándolos del monopolio del contrabando si continuaban actuando en forma independiente. En 1886, el cacique General de Zacatecas, Trinidad García de la Cadena, quiso lanzar su candidatura a la presidencia y fue asesinado. Esto basto para que los demás se declararan porfiristas.
Luego, uno por uno, Díaz logró que los gobernadores desmantelaran sus “guardias nacionales”, y con el ahorro de los haberes respectivos, pudiesen pagar puntualmente a sus empleados civiles. Además, suprimió las alcabalas para que los estados se convirtieran en pedigüeños del Gobierno Federal y así adecuar la repartición juiciosa “del pan” y usar lo menos posible “el palo”. Sobre todo, sus acciones políticas estaban dirigidas a lograr perpetuarse en el poder.
Díaz acabó con la costumbre de que las camarillas que tomaban el poder, arrojaran a la calle a los empleados del bando contrario, quienes viéndose sin empleo, difamados y perseguidos, solo tenían dos opciones: invariablemente se entregaban a la tarea de organizar una revuelta o se dedicaban a delinquir.
Díaz astuto e inteligente supo atraerse a quienes habían sido sus oponentes y enemigos en el bando contrario y encumbró en los círculos del gobierno a Manuel Romero Rubio, lerdista, suegro y un antiguo servidor de Maximiliano, además del oaxaqueño Manuel Dublán, como ministro de Hacienda. Como a estos, acomodó a cuanto jurista se le acercara. En 1868 otorgó ocho mil millones de pesos para pagar empleados de la burocracia y a setenta en 1909. Siempre procuró aumentar las fuentes de trabajo, logrando con ello que la mayoría de los agitadores perdieran sus intenciones belicosas.
A la seudoburocracia del país, Díaz la captó asignándole puestos de relumbrón, pero sin poder y empleos diplomáticos en el extranjero. El apoyo clerical fue obtenido mediante un trato de caballeros. El gobierno frenaría a los anticlericales que acosaban a los eclesiásticos, permitiría extraoficialmente la reapertura de conventos y se haría desentendido cuando la Iglesia organizara peregrinaciones públicas; además volvería a adquirir propiedades. Mientras que el clero se comprometía a financiar revueltas y renunciaría a continuar exigiendo la derogación de las Leyes de Reforma. Para no enfurecer a los anticlericales, las leyes seguirían apareciendo en los códigos, aunque sin tener vigencia real.
Para el año de 1887, México ya estaba por alcanzar una longitud de diez mil kilómetros de vías férreas, incluyendo las primeras 640 que Juárez había iniciado y que Lerdo inauguró en ejercicios presidenciales, además de las obras públicas que los generales y políticos agraciados revendían con elevadas utilidades a los empresarios extranjeros que ejecutaban realmente los trabajos.
Continuará.
Guillero Zavala
Tijuana, B.C.
