Consejería Jurídica del XXII Ayuntamiento de Tijuana insiste en radicar en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales las demandas interpuestas por ciudadanos en contra de los contratos de arrendamiento entregados por el municipio a Grupo Turbofin, lo que para COCI representa un conflicto de interés, al ser el Juez titular esposo de una empleada de la paramunicipal COTUCO.
En conferencia de prensa, el Concejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes –COCI- informó sobre el problema legal que enfrenta el juez Francisco Caballero Green, al tiempo que informó el haber recabado las 12 mil 500 firmas requeridas para la realización del plebiscito que deje sin efecto tanto el proyecto de concesión por 15 años el servicio de alumbrado de Tijuana y la recién aprobada alza a las tarifas de transporte público.
Será hasta el lunes 28 de agosto cuando el conglomerado COCI presenté ante el Instituto Estatal Electoral las firmas recabadas en la Universidad Autónoma de Baja California UABC-, Palacio Municipal, Catedral, entre otros puntos.
Para que sea el órgano electoral el encargado de llamar a plebiscito a los ciudadanos “y que estos decidan si aprueban o no la privatización del alumbrado, que podría significar un gasto de 5 mil 200 millones de pesos, y el aumento a las tarifas de pasaje”, expuso Carlos Atilano.
La colecta de firmas se realizó luego de que el gobierno municipal se negara a efectuar una consulta ciudadana al respecto, recordó Atilano.
De acuerdo a la legislación vigente, para llevar a cabo el plebiscito se requiere la aprobación del .5 de los ciudadanos registrados en la lista nominal, lo que representa la cantidad de 12 mil 500, en el caso del municipio de Tijuana.
Respecto al supuesto conflicto de intereses del juez Caballero Green, Ignacio Anaya Barriguete dijo que la esposa de éste, Sandra Gastélum, labora como encargada de relaciones públicas en el Comité de Turismo de Tijuana, paramunicipal que opera con recursos municipales.
Dijo que al menos en los juicios de amparos presentados por él y otra integrante de COCI en contra de la renta de camiones recolectores de basura, Leonardo Martínez, Consejero Jurídico del gobierno municipal, ha insistido en que sea en el Juzgado Cuarto de Distrito en donde se les dé seguimiento, lo que resulta sospechoso.
“El juez tendría que excusarse y no aceptar llevar asuntos relacionados con la actual administración municipal, toda vez que incurre en conflicto de intereses, un delito tipificado en el artículo 225 del Código Penal Federal”, subrayó Anaya Barriguete.
Antes de denunciar públicamente este hecho, dijo que como demandantes buscaron dialogar con el Juez para exponerles su inquietud, pero que el juzgador no ha aceptado recibirlos.
Ante ello, los abogados demandaron la intervención del Consejo de la Judicatura Federal para que resuelva este conflicto.
