En el Gobierno del Estado de Baja California hay, y hartos. Ahí están los casos de Bladimiro Hernández, secretario de la Contraloría; Loreto Quintero, oficial mayor, Carlo Bonfante, secretario de Economía. Y bueno, el notorio caso que fue de Antonio Valladolid en Planeación y Finanzas, sin menospreciar a la procuradora Perla del Socorro Ibarra. Todos ellos tienen dos cosas en común: han demostrado ser poco eficientes (siendo generosos) en sus responsabilidades, y son amigos del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Así que víctimas, analistas, críticos, detractores, la oposición (en menor grado) y ciudadanos pueden decir, señalarlos o denunciarlos con documentos, fotografías, ejemplos, estadísticas y abusos, y el Ejecutivo estatal no escuchará. Los ha mantenido dentro de la nómina del Estado desde 2013, y parece que terminará el sexenio con ellos.
Los compadrazgos tienen esas características, no siempre se trata de las mejores propuestas de funcionarios públicos, porque lo importante es beneficiar al amigo, hacerse acompañar del cómplice, y salir todos beneficiados de alguna manera, sea con candidaturas, con posiciones, con negocios, con currículum. Aunque terminado el sexenio poco se vuelva a saber de ellos.
En los ayuntamientos es lo mismo. Cosa especial, más en los panistas que en los priistas, será porque los tricolores hace mucho no ostentan el poder en general, pero los azules aprendieron sus vicios políticos en la administración pública y los han superado, o dijeran ellos, mejorado. De ahí los grupúsculos que se benefician entre ellos, o encarnan intereses compartidos.
Estas relaciones de compadrazgo se extienden del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, donde en el caso de Baja California, el gobernador impulsó a diputados amigos, comparsas y subordinados que lejos de representar los intereses del electorado, lo representan a él, votando a su favor lo que sea (ninguno le ha opuesto resistencia), o evitando que él o los suyos sean llamados a rendir cuentas.
Para la mala fortuna de gobierno y sociedad, esta práctica de mafias políticas enquistadas en gobiernos y congresos, es tan una constante que ya los electores no piensan por votar por el mejor, sino por el menos malo, porque “a final de cuentas todos son iguales”, es decir, así como en una empresa se calcula la merma, en política se da por sentado que habrá compadrazgo, corrupción, negocios ilícitos. La cuestión es quién roba menos.
De los tres poderes que integran el Estado, quizá el Judicial era el menos contaminado por este tipo de asociaciones políticas delictuosas. El método de selección de jueces, magistrados, ministros, intenta asegurar que lleguen los más probados, así sean desconocidos. Los méritos en la carrera judicial cuentan, los años de experiencia también, y por supuesto la progresiva formación académica es un punto a considerar. Con ello, con las bases de selección (aun cuando se ratifica o elige en el Legislativo), la intención es no caer en los grupos de compadres y amiguismo en el Poder Judicial.
Pero para todo hay modo, será el dicho de los mexicanos en el poder y particularmente de los abogados, que actualmente en el Poder Judicial de Baja California se lleva a cabo un proceso para seleccionar a un magistrado de tres que hace falta nombrar, el cual lleva más de dos años precisamente porque los amigos y compadres del presidente del Tribunal lo han entrampado.
Tenemos ahora muchas cuestiones inéditas en el Poder Judicial. Por ejemplo hay cuatro espacios ocupados por los supernumerarios, porque uno se suicidó, otro fue inhabilitado, una se fue de procurador, y otra más está enferma desde abril, pero no se ha retirado ni por incapacidad, además, no hay quien la supla, pues supernumerarios sólo se designan tres. Hace dos días, dicho proceso se convirtió en un espectáculo en el pleno, cuando un afín al presidente del tribunal quiso votar dos veces para seleccionar un juez, y ambos -y todos- recibieron una lección de una muy enojada María Esther Rentería, precisamente ex titular de ese poder.
En ese caos, en gran medida provocado por los compadrazgos que se quieren establecer con personas, antes que éstas sean parte del Poder Judicial, en el Congreso del Estado se han realizado las entrevistas a los seis abogados que resultaron finalistas (también con muchas irregularidades y favoritismos) para elegir un magistrado y suplir al fallecido Marco Antonio López Magaña.
En la primera ronda de exámenes, sólo aprobó una aspirante, cuando flexibilizaron las preguntas, pasaron a cuatro más, y en una segunda convocatoria incluyeron a otra. Seis en total, de entre los cuales los diputados elegirán al magistrado, y de no hacerlo en las siguientes semanas, en automático entra el primero de la lista, que es Alejandro Fragoso, que en la primera ronda no pasó, en la flexibilización quedó en segundo, y para la siguiente convocatoria fue colocado en el número uno.
Los otros entrevistados fueron Marcelino Zepeda, quien interrumpió el proceso de selección cuando se inconformó porque estaba en la posición número uno y lo bajaron a la dos. Columba Domínguez, la única que aprobó los exámenes en la segunda convocatoria y en automático entró a la posición tres. Lourdes Molina, la única aprobó todos los exámenes en la convocatoria original pero que fue desplazada a la cuarta posición por quienes incluso habían reprobado. Y al final, Ignacio Flores Anguiano, y el compadre del presidente del tribunal y de hecho magistrado (en sustitución), Víctor Ruiz de Chávez.
A estas alturas, todos y cada quien con sus recomendaciones, han hecho recorrido con los diputados en el Congreso del Estado, algunos con más vara alta que otros. Sería muy ingenuo apelar al compromiso de los legisladores y pedirles que seleccionen con el razonamiento y no con el compadrazgo y el interés personal, pero sí debería ser ésta una regla. Si ya tenemos comprometidos de intereses y amiguismo los poderes Ejecutivo y Legislativo, para qué avanzar en el mismo camino en el Judicial.
Terminadas las rondas de entrevistas, se espera que para el jueves 24 de agosto, o a más tardar el 31 del mismo mes, los diputados bajacalifornianos estén en condiciones de elegir entre los seis a un magistrado. Ojalá razonen, porque faltan dos, y de compadrazgos, ya estuvo bueno.
