Más de 299 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en el Ángel de la Independencia para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) se transforme en una Fiscalía Autónoma, capaz e independiente.
En los próximos días las organizaciones prevén presentar un proyecto ciudadano de dictamen al Congreso con el fin de reformar los transitorios constitucionales del 2014. Con el fin de romper con la opacidad de las discusiones, los colectivos #VamosPorMas y #FiscalíaQueSirva pretenden una discusión en un formato de parlamento abierto.
La sociedad civil espera ser tomada en cuenta en este proceso, y desde ya ven la necesidad de que el plazo previsto en la Constitución para el próximo Fiscal se reduzca de nueve a seis años sin posibilidad de reelección, y una revisión de los servicios técnico forenses.
“El asunto del pase directo del actual Procurador, no es un asunto de votos, sino se tiene que medir con el desempeño que ha llevado a cabo. Lo que yo te puedo decir es que en materia de dleitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos el trabajo del Procurador ha sido sumamente deficiente.”, dijo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Un caso ha sido el de Rosendo Rodrigo Pacheco desparecido por el Ejército, un caso que cuenta con una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Ni siquiera en esos casos el Procurador actual se ha comprometido en la lucha contra la impunidad”, dijo Guevara.
También los empresarios dejaron claro su punto de vista.
“Lo digo categóricamente bajo ninguna circunstancias vamos a optar por un pase automático, debe de analizarse a fondo. Y cualquier persona que tenga interés y la calificación deberá seguir un proceso formal para analizarse su viabilidad de ser electo, eso incluye al actual Fiscal y cualquier otro funcionario”, dijo Gustavo De Hoyos, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Derivado de la reforma-político electoral del 2014 se mandó el cambio de Procuraduría a Fiscalía.
Sin embargo, la transición quedó estancada y tres años después las organizaciones civiles ven el riesgo de que la nueva Fiscalía sea sólo un cambio de estatus jurídico, sin nuevos procedimientos ni rendición de cuentas.
“Capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, diseñada para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, incapaz de cumplir cabalmente su mandato, la PGR es uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la impartición de justicia en México”, apuntaron las oenegés en un comunicado.
La Fiscalía General debería incorporar facultades para atraer casos del fuero común que sean de importancia para el ámbito nacional, dada la gran cantidad de víctimas que la violencia ha dejado en el país.
“El ex Procurador Murillo Karam dijo en el 2012, públicamente, que recibía una institución desmantelada. Una institución desmantelada no se maquilla, se transforma”, dijo Alexandra Zapata, representante del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que integra parte de las iniciativas hoy expuestas.
La propuesta que se presentará al Congreso de la Unión incorporará criterios de designación que la proteja de los velos partidistas, apuntaron los activistas. ZETA/SinEmbargo
