El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, fue citado por la PGR por el caso de sobornos a funcionarios de la paraestatal, en beneficio de la constructora brasileña Odebrecht. Con todo y que figuraba como involucrado desde el mes de mayo, la Procuraduría no lo había requerido.
Señalado de haber recibido 10.5 millones de dólares por beneficiar con contratos de obras a Odebrecht, Lozoya Austin fue citado, el 17 de agosto, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Supuestamente, una parte de ese recurso se utilizó a favor de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto (en 2012). Ante esa presunción, el Partido de la Revolución Democrática interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
La secretaria general perredista, Beatriz Mojica, exigió se investigue “cómo es que esos recursos (‘3 millones 140 mil dólares’) llegaron a la campaña”. A propósito, mencionó que Lozoya fungió como coordinador de un área de la plataforma proselitista de Peña Nieto.
El partido del sol azteca, según trascendió, fundamentó su denuncia en “información periodística”.
En su edición, 13 de agosto, el diario brasileño O’ Globo publicó que el ex representante de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses, transfirió cantidades millonarias a Lozoya, entre 2012 y 2014, a cambio de una licitación por 115 millones de dólares para efectuar obras en la refinería de Tula, Hidalgo. Se menciona que al inicio de esas negociaciones, en opinión de Meneses, el mexicano estaba contemplado para ocupar un puesto relevante en el periodo gubernamental 2012-2018.
Por su parte, la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle, denunció a Emilio Lozoya ante la PGR por el delito de peculado. Exigió que el procurador Raúl Cervantes se separe de la investigación por conflicto de intereses, pues fue “coordinador jurídico de la campaña de Peña”.
Conforme a información del Senado de la República, legisladores panistas solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congelar las cuentas bancarias de Emilio Lozoya, con la finalidad de “salvaguardar dichos recursos ante la posibilidad de que provengan de actividades ilícitas”.
En cuanto a las denuncias interpuestas por las fuerzas de oposición, se trata de procedimientos políticamente consecuentes, como los que el PRI ha interpuesto por los casos: Silvano Aureoles (PRD), por presunta operación en red de corrupción, como candidato al gobierno de Michoacán; Delfina Gómez (Morena), por supuesto rebase de topes de campaña como candidata al gobierno del Edomex; y Antonio Echevarría (PAN), por presunto financiamiento del narco a favor de su campaña al gobierno de Nayarit.
En una carta firmada por el ex director de Pemex, éste negó las imputaciones en su contra.
Lozoya ya había sido implicado en un caso de corrupción, en 2015, por supuestamente privilegiar con licitaciones a la empresa española OHL, con la presunta coparticipación del dirigente nacional priista Enrique Ochoa, entonces titular de la CFE.
Datos difundidos, dan cuenta de que, tras la campaña de Peña Nieto, Lozoya compró “una casa en efectivo, con valor de $38, 000,000”.
En su comparecencia ante la PGR, donde fue en compañía de su abogado Manuel Coello, el ex director de Pemex se reservó su derecho a declarar, limitándose a recibir la carpeta de investigación que lo involucra. Más adelante, en conferencia de prensa, aseguró, a propósito de esa documentación, “no existe un solo elemento de prueba que acredite que recibí dinero de ellos o de alguien”.
