Robert S. Hough, juez de inmigración en El Paso, Texas, negó el pasado 13 de julio, el asilo político en Estados Unidos a Emilio Gutiérrez Soto, reportero mexicano de 53 años de edad, que llevaba más de nueve años de trámite a la espera de una respuesta de las autoridades estadounidenses a su solicitud.
Gutiérrez Soto era corresponsal en Ascensión, Chihuahua, del periódico El Diario, cuya sede se encuentra en Ciudad Juárez. El 28 de enero de 2005, el periodista informó de un caso sobre el presunto robo de dinero y joyas por parte de 6 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un hotel para inmigrantes en la comunidad fronteriza de Puerto Palomas de Villa.
El periodista aseguró que a partir de entonces fue intimidado por militares de esa región, por lo que el 15 de junio del 2008 decidió refugiarse en Estados Unidos junto a su hijo, que entonces tenía 15 años de edad.
Pocos días después de publicada la nota sobre lo sucedido en Palomas, el periodista fue llamado por un coronel, quien le ordenó reportarse al hotel Miami, en el centro de Ascensión.
Ahí, según narró a la revista Mother Jones el propio Gutiérrez Soto, el general Alfonso García Vega lo acusó, de forma intimidante, de fabricar información que sólo desprestigiaba a los militares, y le ordenó dejar de escribir este tipo de notas.
El periodista se disculpó, preocupado por sí mismo y su hijo -que ahora tiene 23 años de edad-, quien lo esperaba afuera. Los militares lo dejaron ir, pero le advirtieron que estaría bajo vigilancia.
Según denunció Gutiérrez Soto, medio centenar de soldados efectuaron en plena noche del 5 de mayo del 2008, un duro cateo, totalmente ilegal, en su domicilio particular, diciendo que buscaban drogas y armas, y le advirtieron que “se portara bien”. Una amiga le dijo al periodista que “lo iban a matar”. Fue entonces que decidió escapar junto a su hijo.
A su llegada al país, Gutiérrez permaneció siete meses detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), separado de su hijo, y tras ser liberado continuó con su proceso de petición de asilo.
Sin embargo, después de 9 años de presentar su petición, el juez de inmigración desechó todas las pruebas presentadas por la defensa legal del periodista y decidió negarle el asilo tras una audiencia celebrada el pasado 13 de julio.
“Se tardó varios más días para presentar los documentos en los que dice por qué me niega el asilo. No aceptó argumentos, los testimonios de testigos y las pruebas periodísticas que presentamos”, afirmó Gutiérrez Soto en entrevista con la agencia española EFE.
El próximo 19 de agosto, el reportero aseguró que interpondrá un recurso de apelación con el fin de que se reabra su petición en la misma corte migratoria y dijo estar dispuesto a llevar su caso ante la Corte Suprema de Justicia estadounidense.
El reportero chihuahuense había presentado en la documentación los casos de los periodistas asesinados en México, por lo que argumentó que no puede regresar a México “bajo ninguna circunstancia”.
En julio del 2011, Gutiérrez Soto pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar su caso y otorgarle auxilio, pues el gobierno de México es incapaz de proteger a los comunicadores amenazados, dijo.
Tras obtener un permiso de trabajo y mientras su hijo recibe educación, en la actualidad el ex reportero trabaja atendiendo un puesto de antojitos mexicanos, de su propiedad, en Las Cruces, Nuevo México, EU.
“Cada compañero que muere, cada compañero que está desaparecido es un reflejo de lo que pude haber experimentado. Mi desaparición, mi asesinato, es algo que yo pude haber experimentado. Me duele mucho”, le dijo Gutiérrez al Centro Knight de la Universidad de Texas, antes de su audiencia.
El periodista chihuahuense afirmó que siente dolor por las familias de sus colegas que fueron asesinados en México por hacer su trabajo.
Los periodista mexicanos, dijo, “simplemente nos topamos con [una] pared, nos topamos con la ausencia de ideas, con la ausencia de solidaridad, con ausencia de autoridades con ética, de autoridades con un mínimo de querencia por hacer cumplir lo más elemental que es el respeto a la vida”.
