A la crisis de seguridad que se vive en Baja California, que ha sumado más de mil homicidios violentos este año, le anteceden más de 43 millones de pesos destinados a seguridad pública que los gobiernos de Tijuana y Ensenada desviaron, malgastaron o simplemente, no utilizaron. Opacidad en las compras, adjudicaciones directas, transferencias a otras cuentas y falta de equipo, las principales irregularidades
Al revisar el fondo del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) que Tijuana recibió durante 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llegó a la siguiente conclusión: “No existe relación directa entre el aprovechamiento de los recursos SUBSEMUN y los índices delictivos”.
Lo anterior porque al hacer una revisión de la incidencia delictiva, los auditores encontraron que el número de homicidios y secuestro aumentó 38.6 por ciento y 39.1%, respectivamente, así como el número de violaciones con un 24% durante 2014 en comparación con 2013.
La escalada siguió. Cuatro años después, en mayo de 2017 (la información más reciente disponible), Baja California sumaba 51 mil 316 delitos, más de la mitad de los 97 mil 368 con los que cerró 2016. De estos, 26 mil 470 están clasificados como robos y 3 mil 794 como lesiones. Mientras que la entidad supera las mil ejecuciones, más de 800 registradas en Tijuana.
Si los recursos destinados a la seguridad pública no impactan directamente en la reducción de delitos, cuando son mal utilizados, los resultados son incluso peores.
En revisiones a fondos que recibieron los ayuntamientos de Tijuana y Ensenada en 2014 y 2016 (los informes más recientes en este rubro por parte de la ASF), se detectaron más de 43 millones de pesos desviados, mal aplicados o simplemente no utilizados.
Tijuana sin municiones
Por concepto del Subsemun, el Gobierno de Tijuana recibió 91 millones 404 mil 800 pesos, de los cuales se auditó una muestra de 69 millones 327 mil 100 pesos, lo que representa el 75.8%.
De entrada, el informe de la ASF determina que el municipio no contó con mecanismos de control que garantizaran una adecuada integridad y valores éticos, ni realizó programas operativos para cumplir con los objetivos del subsidio.
Tampoco realizó autoevaluaciones de control interno por parte del personal responsable de la administración y ejecución del Subsemun.
Sin embargo, al entrar a la revisión del dinero, la ASF detectó una serie de anomalías como traspasos por 15 millones 44 mil 800 pesos a una cuenta bancaria no especificada.
También hallaron un monto por 2 millones 795 mil 500 pesos, depositados a las cuentas del Ayuntamiento que no fueron utilizados y, en consecuencia, se reintegraron a la Tesorería de la Federación. El destino de estos recursos era equipamiento para policías.
Un gobierno de adjudicaciones directas. Astiazarán
Tampoco fueron publicados los cuatro informes trimestrales del formato Gestión de Proyectos, ni el primer, tercer y cuarto trimestre del avance financiero en la página oficial de internet del Gobierno del Estado de Baja California, ni en la página web del Municipio de Tijuana, Baja California. Tampoco se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California.
Cuando personal de la ASF analizó el formato de gestión de Proyectos y Avance Financiero, constató diferencias en las cifras de ambos reportes en lo ejercido, “por lo que no existe calidad ni congruencia en la información”.
En cuanto a la adquisición de equipamiento, el Ayuntamiento entregó un contrato por medio de adjudicación directa para la compra de pick-ups doble cabina, motocicletas, equipo de transporte unidad para diez pasajeros y sedán.
Por medio de dictámenes formalizados el 10 de noviembre, 16 de junio, 18 de diciembre y 16 de junio, todos de 2014, “no se fundamentó debidamente la excepción a la licitación, no presentó sus tres cotizaciones para acreditar los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, ni contó con actas de entrega de bienes”, se señala. Esta situación se repitió con la adquisición de equipo GPS.
Por otra parte, explica el documento, la administración de Jorge Astiazarán Orcí destinó un millón 080 mil pesos a la compra de municiones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sin embargo, la ASF solo verificó que la Sedena entregó bienes por 685 mil pesos, por lo que quedó pendiente la entrega de bienes por 395 mil pesos, que fueron pagados el 11 de diciembre de 2014.
Por este motivo, “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 394 mil 997 pesos (más intereses)”.
Motos, patrullas, uniformes y chalecos antibalas mal comprados
Los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) que se destinaron a Tijuana durante 2016 llegaron a 79 millones 524 mil 900 pesos. De estos, el ente fiscalizador revisó una muestra de 54 millones 789 mil pesos, monto que representó el 68.9% de los recursos transferidos.
La Federación entrega estos recursos en dos ministraciones. En el caso de Tijuana, entonces gobernada por Jorge Astiazarán, la segunda aplicación de recursos no llegó al 50% como está establecido, sino al 48.3% del monto asignado, “debido a que no acreditó el cumplimiento de las metas establecidas”.
Y es que los auditores constataron que, al 31 de diciembre de 2016, el gobierno municipal ejerció 78 millones 180 mil 600 pesos.
Ello implica que un millón 546 mil 600 pesos (con intereses incluidos), fueron desperdiciados, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación el 27 de enero de 2017, ya entrado el Gobierno de Juan Manuel Gastélum.
Como resultado, se realizaron tres observaciones a los recursos del Fortaseg que Tijuana recibió en 2016.
Uno de ellos refiere la adquisición de once motocicletas, 14 camionetas pick-up doble cabina, 2 mil 300 juegos de uniformes compuestos por camisolas, pantalones, botas tácticas, gorras tipo beisbolera y 50 chalecos balísticos.
Lo anterior porque “se constató que se adjudicaron de forma directa sin acreditar los criterios de economía, oportunidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para las mejores condiciones del municipio”, indica el documento.
Por otra parte, el informe concluyó que se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo porque el Municipio no publicó en su página de internet, ni en medios locales de difusión, el cuarto trimestre del formato único de los informes trimestrales.
En consecuencia, ello “limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora”, explica la ASF.
Mientras que el principal destino de los fondos fue el siguiente:
* Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial: un millón 375 mil 200 pesos.
* Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública: 3 millones 55 mil 400 pesos.
* Adquisición de chalecos balísticos y uniforme para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública: 37 millones 989 mil 600 pesos.
* Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública: 12 millones 455 mil 100 pesos.
* Adquisición de computadoras y unidades de protección y respaldo de energía para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública: 33 mil 900 pesos.
Ensenada desperdició 41 millones de pesos en 2016
En su informe respecto a los recursos que Ensenada recibió en 2016 por concepto de Fortaseg la ASF detectó daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 38 millones 691 mil 226 pesos y recuperaciones probables por 41 millones 503 mil 200 pesos.
Ese año fue el último de gobierno del ex alcalde priista Gilberto Hirata Chico y los malos manejos de este fondo forman parte de los mil 800 millones de pesos que se le atribuyen por desvío.
Hirata con graves observaciones.
De los 60 millones 988 mil pesos destinados ese año al fondo, la Auditoría revisó una muestra de 53 millones 942 mil 100 pesos, que implican un 88.4%.
Tan solo en transferencias bancarias, por ejemplo, se identificaron depósitos de otras fuentes de financiamiento por 9 millones 262 mil 300 pesos.
Algunos de los desvíos que integran el daño al erario público son los siguientes:
* 28 millones de pesos en adquisición de chalecos balísticos y uniformes para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
* 2 millones 730 mil pesos por falta de entrega de 436 cámaras adquiridas y no recibidas en tiempo y forma.
* 399 mil pesos dentro de programas de prevención social de la violencia dirigidos a jóvenes.
* 338 mil pesos por falta de aplicación de la garantía de cumplimiento por el atraso en la entrega de los bienes adquiridos.
* 99 mil pesos por concepto de evaluaciones de control de confianza y profesionalización.
* 96 mil pesos en la compra de computadoras y mantenimiento preventivo de cómputo, adquisición de lectores biométricos de huella digital, adquisición de aire acondicionado y su póliza de mantenimiento para los elementos de la Secretaría de Seguridad
Otro probable daño a la Hacienda Pública Federal, detectado en este informe, es por un monto de 81 mil 90 pesos (más intereses) por falta de aplicación de los recursos otorgados.
Y es que, de los fondos totales, al 31 de diciembre de 2016, “se realizaron traspasos a otras cuentas bancarias por 13,330.0 miles de pesos sin proporcionar información que acredite el destino, ni su aplicación a los fines del programa”, indica el documento.
De la misma forma, la ASF determinó que el Ayuntamiento de Ensenada “no cuenta con registros presupuestales vinculados con el sistema contable lo que limitó su transparencia e identificación”.
Más de 25 millones para el NSJP en Ensenada y Tijuana
Uno de los argumentos principales que utilizan los gobiernos municipales para explicar el incremento de delitos, es el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), ya sea porque acusados de delitos como robo simple y portación de arma, pueden llevar el proceso en libertad o porque justifican que los agentes siguen en etapa de adaptación.
Sin embargo, tan solo en 2016, los gobiernos de Tijuana y Ensenada recibieron en conjunto 25 millones 571 mil 400 pesos para la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.
En el caso de Tijuana, el monto fue por 15 millones 945 mil 900 pesos, los cuales se destinaron al pago por concepto de cursos de primer respondiente y equipamiento de kits de primer respondiente.
Mientras que Ensenada recibió 9 millones 625 mil pesos, que se devengaron y pagaron por concepto de tres cursos, equipamiento de kits y compra de mil 123 cámaras para primer respondiente, cumpliendo con las metas programadas.
