Al no notificar debidamente el poder judicial a Pedro Blanco Morales, apoderado deAutotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana BC, S.A. de C.V., mejor conocida como Altisa y por no inscribir correctamente el nombre de la empresa, el juicio de imputación por homicidio contra la persona moral fue suspendido, mientras que las víctimas continúan en espera de justicia.
Con todo y que la audiencia inició con una hora de retraso, Pedro Blanco Morales, apoderado legal de Altisa, quién fue requerido, no se presentó, tampoco envió representantes, por lo que se le nombraron defensores públicos.
Los defensores públicos asignados al caso, tanto para representar a las 17 víctimas, como los establecidos para representan a la empresa de autotransporte, aceptaron sin observación la suspensión de la audiencia, no así los representantes legales de los lesionados y de los familiares de los pasajeros que murieron en el accidente protagonizado por un camión de Altisa el 12 de octubre de 2016.
“No podemos estar jugando, llevamos casi un año jugando, no podemos equivocarnos en cosas básicas, ocupamos que venga un representante de la empresa, ocupamos apremiar a la empresa que asigne a un representante”, señaló uno de los abogados.
Los abogados de las víctimas conminaron al juez Gerardo Anguiano Ceja a que la notificación en lo sucesivo se dirija a la empresa, para que un representante de la misma se presente y no notificar a Pedro Blanco Morales, como apoderado, porque se corre el riesgo de que se le revoquen los poderes y el juicio se aplace.
Jorge Alberto Escárcega Germán, representante de Brandon Morelos y 4 víctimas más, lamentó el aplazamiento, sobre todo a que durante el proceso la razón social de Altisa se rectificó; no obstante, confió en que en lo sucesivo sí se le dé un correcto seguimiento al caso.
Programada para el 4 de junio, la audiencia inicial de formulación de imputación por homicidio y lesiones por culpa contó con la asistencia de 9 de las víctimas, entre ellas el joven Brandon, el sobreviviente del fatal accidente con mayores lesiones, al quedar casi cuadripléjico.
Entrevistado de manera previa al juicio, Brandon exigió “justicia, no solo para mí sino para todas las víctimas, tanto los heridos como para las familias de las personas que fallecieron”.
A las autoridades les pidió “ya no proteger a Altisa”.
Pero al salir, luego de que la audiencia fuera suspendida, se dijo decepcionado de que “no vinieran los representantes de la responsable de pagar”.
Doris Tapia, esposa de Pedro Torres Quintana, el conductor de la unidad 290 de Altisa, quien pereció en el accidente, también estuvo presente en la audiencia; al no ofrecerle la empresa de autotransporte alguna indemnización, denunció el caso.
A casi 9 meses de ocurrido el accidente, la empresa propiedad de Víctor, Rosana y Ludivina Sevilla tampoco ha indemnizado a las 17 víctimas, quienes también iniciaron acción legal, convirtiéndola
