Mediante un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, los legisladores aprobaron el exhorto al Congreso del Estado de Baja California para que lleve a cabo una revisión al Ayuntamiento de Tijuana en la asignación del contrato de arrendamiento de camiones recolectores de basura a Grupo Turbofin.
El gobierno del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro deberá ser revisado por el Órgano de Fiscalización Superior debido a las irregularidades con las que cuenta el contrato con el que se rentaron 52 unidades a la empresa de reciente creación y que ha sido materia de diversos reportajes periodísticos.
“El alcalde del municipio de Tijuana se ha distinguido por distintas irregularidades en la adquisición de servicios que podrían constituir un daño al erario público. El más reciente caso se presentó en la Adjudicación Directa a Grupo Turbofin, por un contrato de casi 80 millones de pesos, para la renta de 40 camiones recolectores de basura y 12 tractocamiones”, señala el escrito publicado en la Gaceta del Senado y aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Como parte de estas irregularidades, se señala la faltad de un decreto formal de emergencia para proceder a la adjudicación directa que se realizó, así como “la opacidad del proceso y que dicha decisión no haya sido consultada con el Cabildo”.
La bancada del PRI también precisó “la administración municipal, lejos de brindar la información necesaria que coadyuve a conocer las condiciones bajo las que se presentó la Adjudicación, ha decidido clasificar la información como reservada, por un período de seis meses”.
De igual forma, destacan “a más de 2 meses de haberse firmado el contrato y de entregarse un anticipo de más de 20 millones, Grupo Turbofin solo ha entregado 7 camiones a pesar de que con dicho pago se podrían comprar por lo menos 8, es decir, el gobierno está financiando a la empresa. Además, será hasta el mes de agosto cuando se haga la entrega total de los 52 vehículos, lo cual deja sin sustento el argumento de una supuesta emergencia”.
Incluso, refieren cómo “la renta mensual de cada uno de los 40 camiones recolectores de desechos sólidos es de 93 mil pesos y la de los 12 tractocamiones de transferencia es de 179 mil pesos, por unidad, lo que significa que mensualmente el municipio erogará 5.8 millones de pesos, lo que significa un incremento de 1.6 millones más caro de lo que un estudio realizado por el municipio había estimado en un estudio y en el que se contemplaba la adquisición de 60 unidades”.
Sin embargo, quedará en manos del Congreso de Baja California, con mayoria panista, resolver si este asunto se turna al Órgano Superior de Fiscalización o ignorarán el exhorto del Senado.
