Una serie de deficiencias y puntos débiles en la nueva Ley de Justicia para Adolescentes han quedado al descubierto tras el análisis, a un año de su implementación, en todo el país. Centros de Tratamiento con poca población y el desplome de las audiencias, son algunos de los rasgos de una Ley “hipergarantista”
Jason, Miguel Ángel y Jorge, son tres jóvenes internos cuya edad ronda entre los 16 y 19 años. Los tres están acusados de delitos graves: robo con violencia y violación equiparada. Los tres solicitaron beneficios de libertad a dos años de haber ingresado al Centro de Tratamiento para Adolescentes (CTA) de Mexicali.
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Aunque la solicitud de los tres fue rechazada por diversos factores, no es la realidad que se mantiene desde el 18 de junio de 2016, cuando entró en vigor la nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, calificada por el juez Álvaro Castilla Gracia como “hipergarantista”, al grado de desahogar el sistema penitenciario para menores, de 480 reclusos a mediados de 2016, a 74 en toda la entidad, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Los tres internos del CTA solicitaron la libertad anticipada por cumplir el 75 por ciento de la pena, pero ninguno pudo obtenerla: uno, porque sus padres no respondían por él -lo que ocurre en el 70 por ciento de los casos-, otro por indisciplina y un tercero que había cumplido su sentencia, pero al ser menor de edad y no tener familia en Baja California, tendría que ser internado en un albergue hasta los 18 años, del que ya escapó una vez. A fin de cuentas solo tendrán que esperar cinco meses como máximo para volver a la calle.
Infortunadamente, los tres provienen de familias disfuncionales, sin respaldo de sus padres y en situación de pobreza, lo que probablemente derivará en una nueva internación.
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Se desploma población en los CTA
Opiniones contrarias emiten diversos sectores gubernamentales sobre el tema, pues unos consideran positiva la reducción de la internación de menores infractores, y otros afirman que la flexibilidad de las leyes está perjudicando a la sociedad.
Las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) son claras: en tan solo seis meses, 26 internos han recobrado su libertad, pero de enero de 2016 a la fecha, la cifra es superior. De los 480 internos que había en los diversos centros de tratamiento para menores en 2016, solo quedan 74 y la cifra continuará en picada.
Fotos: Eduardo Villa.- Álvaro Castilla Gracia, Juez de Justicia para Adolescentes.
Según el juez de Justicia para Adolescentes, Álvaro Castilla Gracia, el principal motivo es que prácticamente ningún delito se judicializa, ya que el catálogo se ha reducido a unos cuantos ilícitos con pena privativa de la libertad.
Afirmó que desde junio de 2016, el trabajo se redujo en un 70%, ya que los delitos que pueden ser judicializados son muy pocos, además de tener una sentencia máxima de cinco años y no de diez, como anteriormente se tenía en la entidad.
Según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solo el 10% de los menores detenidos terminan ante un juez, y de esos, menos de la mitad culmina en internación. El resto adquiere medidas cautelares holgadas.
Carlos Mario López, director del CTA de Mexicali, señaló que en Baja California se tenía mucho avance en el tema, por ello no se sufrió el cambio como en otras entidades del país.
Indicó que se ha recibido el cambio de buena manera y confirmó que la población penitenciaria se desplomó desde su implementación, pues en Mexicali se contaba con 80 adolescentes y actualmente apenas alcanza los 30. La capacidad máxima del centro es de 210 internos.
Resaltó que en entidades como Chihuahua se liberó de forma masiva a menores infractores, pero en Baja California no fue así, pues se evalúa cada caso para determinar si ya se cumplió con las medidas de reinserción social.
“Esto no quiere decir que no serán sancionados, solo que su sanción será en el exterior”, y agregó, la cifra continuará bajando y las internaciones serán cada vez menos.
Pese a que existen sanciones o seguimiento a los jóvenes que logran recuperar su libertad, un porcentaje muy reducido cumple con las medidas cautelares, por lo que con frecuencia se tiene que girar una nueva orden de presentación para llamarle la atención.
Sin embargo, Laura Iveth Rivera Lazcano, directora estatal de Justicia para Adolescentes de la PGJE, señaló que la mayoría de los detenidos y judicializados en la entidad no cumplen con las medidas cautelares.
Destacó que en la mayoría de los casos los jóvenes se comprometen a firmar cada semana, estudiar, trabajar o tener alguna práctica deportiva, pero pocas veces cumplen y se tiene que girar una orden de presentación, además de emprender una búsqueda del menor para llevarlo de nuevo ante el juez.
Esto quiere decir que son liberados, pero pocas veces cumplen con las medidas a las que se comprometen para permanecer en libertad.
Está directamente ligado a incremento en la delincuencia: DSPM
Para el director de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, el incremento en la delincuencia guarda relación con la implementación de la nueva Ley, pues un gran porcentaje de los delitos que se cometen en Mexicali son realizados por menores de edad, los cuales son utilizados por criminales de mayores, a sabiendas que no pisarán la cárcel, sobre todo en robo con violencia.
Específicamente este delito, brinda muchos beneficios para los internos, ya que el catálogo divide el robo con violencia física y moral, de la que esta última no amerita pena privativa de la libertad.
Esto quiere decir que si en un asalto apuntan a la víctima con una pistola, pero no la golpean, alcanzan beneficios de libertad.
“Nos hemos encontrado menores que han cometido veinte robos con violencia que han asaltado”, reveló el funcionario, sin embargo, como sus faltas no son consideradas delitos, no generan registro y adquieren beneficios de libertad, sin importar el crimen cometido.
María Elena Palacios de la Unidad de Atención a Menores.
El jefe de la Policía consideró que por el afán de tener una legislación tan vanguardista “estamos perdiendo la noción de la sociedad en que vivimos”, ya que el país no vive en el primer mundo y los padres o los entornos familiares no siempre son los ideales para los jóvenes.
Solo en la primera mitad del año, los menores son responsables de 500 delitos, según Laura Iveth Rivera Lazcano, de Justicia para Adolescentes de la PGJE, siendo el robo en todas sus modalidades, el delito por el cual recibe a menores con mayor frecuencia.
La funcionaria rechazó la perspectiva de Ulises Méndez, señalando que no es un tema exclusivo de la Ley, sino que se cuenta con una serie de factores sociales que provocan el incremento anual en la delincuencia, sobre todo las adicciones.
El consumo de drogas está directamente relacionado a los delitos de infantes y jóvenes, pues el 90% se encuentra bajo el influjo de algún estupefaciente. Dicha cifra mantiene cierta relación a lo referido por la coordinadora de la Unidad de Atención a Menores de Edad de la Policía Municipal, María Elena Palacios García, quien dijo que por lo menos 7 de cada 10 detenidos por la corporación son consumidores de drogas, de los cuales por lo menos el 20% mantiene una adicción grave que requiere atención especializada.
Palacios García aseveró que mensualmente se detiene a 30 menores por cometer faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, y otros 15 más por delitos, pero señaló que muchas veces no le son canalizados y los agentes realizan el trámite como con cualquier otro detenido.
Según Méndez Manuell-Gómez, los jóvenes infractores ya saben que no recibirán sanciones, lo que automáticamente se vuelve una licencia para cometer crímenes.
“Es un tema que está incidiendo en el tema de la inseguridad”, afirmó el funcionario municipal.
Se ignora la reincidencia
Para la nueva Ley y los tratados internacionales, ningún menor puede ser considerado reincidente. De hecho, todos los adolescentes detenidos son primodelincuentes y, por lo tanto, adquieren todos los beneficios de libertad existentes, sin importar que se trate de un robo, una violación, secuestro u homicidio.
La UAME, el Poder Judicial, la PGJE y la SSPE mantienen cifras similares de reincidencia que alcanzarían el 0.5%. Contrario a ello, agentes municipales de calle tienen cifras opuestas. Y es que según el director de la Policía Municipal, la reincidencia de los menores de edad ronda entre el 30 y el 40%.
Esto quiere decir que los menores vuelven a delinquir, pero como la Ley establece que no puede quedar registro de ello, la información no se asienta.
La directora de Justicia para Adolescentes de la PGJE aseveró que anteriormente podían enlistar a los menores infractores para efecto de establecer criterios de oportunidad, lo cual servía para mejorar la atención. Sin embargo, hoy en día no se puede obtener registro de ello.
De igual manera, Palacios García, de la UAME, dijo no tener certeza de la reincidencia, ya que cuando los menores son detenidos y recobran su libertad ya siendo adultos, por lo que ya no les corresponde evaluarlos, ni se les puede obligar a inscribirse en programas de ningún tipo. El 65% de los internos del CTA son mayores de 18 años.
El mismo director Carlos Mario López, comentó que es muy poco probable el reingreso de los menores, sobre todo porque hay edades en que son considerados inimputables, esto es, los menores de 14 años.
“La reincidencia es inexistente en adolescentes, los antecedentes penales no existen”, aclaró.
Una Ley ambigua y perfectible
Con varias ambigüedades e inconsistencias se hizo la nueva Ley para Adolescentes, donde el principal problema es que se omite la responsabilidad de los padres, quienes ya no tienen qué hacerse cargo legalmente de lo que hacen los menores.
Álvaro Castilla Gracia, experto en la materia, señaló que este tema es muy grave, ya que libera de responsabilidades a los padres de cualquier actuar del menor y lo ejemplificó con un caso reciente, donde un joven chocó el auto de su madre contra otro vehículo.
La mujer daba por hecho que tendría que pagar los daños, pero su abogado defensor le comentó que no tiene responsabilidades y que su hijo tendría que hacer el trato pagando con sus ingresos y posesiones.
Para Castilla Gracia esto es incomprensible, pues como menor no tienes propiedades, las cuentas de banco son manejadas por los padres, y cualquier trabajo que se tenga no representa un ingreso económico sustentable, si es que lo tiene, por lo que resultaría imposible reparar el daño.
La Ley debería presionar a los padres para responder por los actos de sus hijos, lo cual no está establecido, al grado que el 70% de los menores que pueden recobrar su libertad o llevar un proceso de reinserción fuera del centro de tratamiento, no tienen el respaldo de sus padres, por lo que las autoridades deben buscar tutores, familiares en segundo grado o convencer a ascendentes directos para responder por ellos.
Como ejemplo están los tres menores que estuvieron sometidos a juicio. Jason, Jorge y Miguel Ángel no recibieron el apoyo de sus padres, por lo que tuvieron que recurrir a medios hermanos, abuelos o tíos para renegociar una posible salida en otro momento.
El juez de Justicia para Adolescentes señaló que con frecuencia se acercan padres y le dicen que prefieren tenerlos presos, ya que en libertad estarían cometiendo crímenes o incluso serían asesinados.
Otro tema perfectible son los delitos en grado de tentativa, ya que no están establecidos en la Ley, lo que quiere decir, por ejemplo, que un intento de homicidio no tendría pena privativa de la libertad. Ni siquiera tendría que ser judicializado.
De ahí que es mejor confesar un intento de homicidio a que el crimen se tipifique como lesiones calificadas, ya que estas últimas sí podrían implicar sanciones severas, a diferencia del crimen tentativo.
El tercer punto y quizá el más urgente es la diferenciación del robo con violencia física y moral, debido a que la última en mención, no obtiene sanciones severas, a diferencia de la primera.
Álvaro Castilla lo ejemplificó con un asalto bancario en el que un grupo de menores ingresa a la sucursal con armas de grueso calibre y amenaza a los empleados para apoderarse de un botín de 10 millones de pesos. Tal delito no llevaría pena privativa de la libertad si los jóvenes son detenidos. Contrario a ello, un menor golpea a otro individuo para robarle su teléfono celular; en la Ley actual, el segundo es más grave que el primero.
