Ante la grave crisis de inseguridad que se vive en la entidad, dos legisladores propusieron ante el Congreso del Estado reformas al Código Penal de Baja California, a fin de ampliar la legítima defensa, especificando los negocios como espacios a proteger. Ninguna de las propuestas tuvo buena acogida, incluso fue rechazada por comerciantes
El 15 de junio, dos iniciativas que buscan reformar el Código Penal de Baja California con el fin de ampliar la legítima defensa fueron enviadas para el análisis a comisión y de inmediato surgieron voces que se oponen a la modificación porque considerar que abona a la violencia.
Las propuestas del diputado del Partido de Baja California, Jorge Eugenio Núñez, y el del Partido Revolucionario Institucional, Bernardo Padilla Muñoz, coinciden en ampliar el concepto jurídico de la legítima defensa y lo hacen como respuesta directa a la ola de homicidios que se han presentado por robos violentos, los cuales alcanzan niveles históricos en la entidad.
Casos como el de José Ramón Fajardo, de 48 años de edad, quien apenas el lunes 26 de junio, estaba platicando con su esposa en un parque que se localiza frente al Cuartel de la Segunda Región Militar en Mexicali, dos agresores le exigieron las llaves del vehículo y, al negarse a entregarlas y forcejear unos segundos, uno de ellos disparó con un rifle por la espalda.
Tras el asesinato de la víctima, le quitaron las llaves y lograron huir en el auto Ford Escape modelo 2003.
En Tijuana también, el 22 de junio un hombre en estado de intoxicación ingresó a unos abarrotes en el Cañón del Sáinz -zona de alta incidencia delictiva- , en la misma propiedad está la casa de una mujer de la tercera edad, pero al momento de la intrusión, la fémina se encontraba en la bodega, al fondo de la tienda, y hasta ese lugar llegó el hombre y “se le echó encima”; no traía arma pero, por la fuerza y la intoxicación del hombre, sumado a que ha sufrido asaltos previos, provocaron miedo en la anciana, “No sabía qué me iba a hacer”, así que previo a llamar al número de emergencias, tomó un revólver (cuyo calibre no es de uso exclusivo del Ejército), y disparó en dos ocasiones a las piernas del agresor.
Ariel Mendívil, abogado.
Entrevistado, el intruso drogado dijo no saber por qué había entrado, ni cómo había ingresado. Aunque usó un arma, la mujer fue liberada bajo la premisa de que “repelió una agresión real e inminente”, sin embargo, sus problemas pudieron haber sido mayores si el hombre hubiera muerto.
No se toca el arma: Padilla
En su exposición de motivos, Bernardo Padilla Muñoz, inicialista de una de las iniciativas, señaló que de enero a abril de 2017 se registraron 3 mil 716 delitos en el rubro de casa habitación y comercio en la entidad, por lo que es necesario otorgar certeza jurídica a las personas para que puedan defenderse ante un riesgo inminente, por lo que es necesario ampliar los alcances de la legítima defensa.
“Aquí no se toca el tema del arma, estamos hablando en el momento que existe la agresión, existan lesiones u homicidios, que hayan penetrado su hogar o dependencias, aunque no sea su hogar habitual”, detalló el legislador.
Agregó que la iniciativa busca responder a los ciudadanos cansados de estar en desventaja contra los delincuentes, por lo que se busca un esquema jurídico claro, como el de Nuevo León, aprobado de manera unánime por todos los partidos políticos.
“No podemos estar sujetos todavía al debate entre que si funciona o no el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y el ciudadano queda en medio y nadie ha salido a la luz en defensa de los ciudadanos”, argumentó.
El mismo diputado dijo que la iniciativa resulta perfectible, pero es necesario dar herramientas a los ciudadanos, ya que existe un hartazgo de la sociedad.
Cuestionado sobre la iniciativa del diputado Jorge Núñez, Padilla comentó:
“Es diferente a la de un servidor, pero podemos trabajar con ambas para perfeccionarlas, yo no creo que la violencia se acaba con violencia, pero lo que sí hay que preocuparnos es por los ciudadanos, yo no veo a nadie preocupado, no escucho un discurso en ningún sentido entre el que el debate del Nuevo Sistema y quien tiene la razón, no están atendido a la persona común” consideró el priista.
“En el primer sentido en que ha presentado el diputado Jorge Eugenio Núñez, la diferencia son los alcances jurídicos, nuestra iniciativa no limita en ningún sentido la calidad de quien repele la agresión, ni tampoco contempla el concepto de armas, en la de Núñez habla de quien esté incitando o llegue de manera violenta, tiene que tener armas; aquí no, porque si llega una persona y de manera violenta con un bat, un palo o una botella golpea a una persona que trabaja en un comercio, aplicaría o no, ya la estarías limitando solo si fuera con armas”, detalló.
La intención final es perfeccionar el lenguaje jurídico de lo que actualmente establece el Artículo 23 del Código Penal de Baja California, y aclaró, no se trata de poner a ciudadanos contra ciudadanos.
Núñez contra el uso de armas
Por su parte, el legislador Jorge Núñez aseguró que la iniciativa no pretende armar a las personas, sino que responde a la ola de violencia que se ha generado a raíz de los robos violentos.
En su opinión, se tiene que avanzar primero en el tema de la prevención, por lo que es necesario invertir más recursos, además de fortalecer el sector de seguridad, como a la Policía Estatal Preventiva (PEP) y las policías municipales en infraestructura e imagen.
“Las pistolas no son la manera de mejorar el tema, pero dadas las circunstancias que están a nivel estatal, necesitamos darle garantías a la ciudadanía a los encargados y a los dueños que tengan derechos de que se pueden defender, partiendo de la proporcionalidad de la defesa”, comentó.
El miembro del PBC indicó que la propuesta del PRI es más amplia, ya que su propuesta solo atiende el dar certeza jurídica a las personas que se pudieran encontrar en un comercio, “ponen incluso palabras mucho más agresivas, incluso de la cuestión de honor, que debemos tener mucho más cuidado, aunque vale la pena discutirlo, la de Nuevo León y la de Bernardo Padilla son mucho más amplias que la de nosotros, ya que deja muy claro lo del hogar que la podemos ampliar al recinto comercial”.
López Naranjo.
Núñez afirmó que la iniciativa se ha prestado a confusión y no tiene nada que ver con las pistolas o cómo se ha manejado el tema.
Rechazan comerciantes
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Mexicali, Juan Ramón López Naranjo, expuso que actualmente tienen a un abogado analizando las iniciativas presentadas en el Congreso, pero de entrada descartan que sea una solución a la problemática de la inseguridad.
“No creemos que la solución sea que los empresarios tengamos que estar armados para poder suplir una función que en un momento, dado que es de la autoridad, la autoridad es la que tiene que investigar, prevenir, tener todos esos elementos. Yo veo muy preocupante pensar que pueda disminuir ese hecho con este tipo de acciones, lo veo mucho muy preocupante”, aseveró el comerciante.
Para los comerciantes la prioridad es reforzar el tema de la prevención con cámaras de seguridad, botones de pánico y otras medidas que se pueden tomar como empresa para prevenir los asaltos.
El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, también manifestó no estar de acuerdo con las iniciativas de los legisladores en el ámbito de ampliar la legítima defensa en el sentido de que los ciudadanos puedan portar armas.
“No consideramos que la sociedad se arme sea una solución, creo que hay que darle ese respaldo y esa confianza a las propias instituciones encargadas de la seguridad de los tres órganos de gobierno, de las Fuerzas Armadas, que son las que tienen bajo su resguardo y su responsabilidad el uso de las armas”.
Indicó que actualmente solo se pueden portar armas con un permiso que otorga el Ejército luego de aprobar una serie de reglas, por lo que no cualquier persona, por el simple deseo de portar un arma, puede hacerlo.
Otra propuesta
La licenciada Marla Félix Ramos informó a ZETA que se encuentra recabando las firmas necesarias para ingresar mediante Oficialía de Partes una tercera propuesta relativa al tema de legítima defensa, la cual afirma, suple algunos fallos de las dos que se han presentado hasta el momento.
La iniciativa señala que de enero a mayo se han cometido 42 mil delitos en Baja California, destacando que el robo con violencia tiene un incremento del 40 por ciento respecto al mismo periodo de 2016, por lo que se busca fortalecer a las personas que hacen valer su legítima defensa.
Entre otros puntos, refiere el “exceso” de la legítima defensa, la cual aplicará al infractor una pena de tres días a ocho años de prisión, condena menor que en otros supuestos.
Ni una ni otra: abogado penalista
Para el abogado Penalista, Pedro Ariel Mendívil, las propuestas para legislar el Artículo 23 del Código Penal de Baja California son innecesarias, ya que la Ley se encuentra generalizada con el fin de poderse aplicar en todos los casos.
“Para la creación de la norma témenos que irnos a aspectos de generalidad y su abstracción, eso implica que la norma tiende a establecer una regulación de manera genérica, por lo que establece ciertos supuestos hipotéticos sujetos a una conceptualización especial”, detalló.
El ex presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, complementó que es una causa de justificación que se encuentra contemplada en los códigos penales que abarca a cualquier ciudadano y a cualquier lugar, por lo que sería innecesario darle calidades o subjetividades en el agente y lugar.
“Aplica en el lugar que te encuentres y seas la persona que seas, en este sentido lo que quiero precisar es que en mi opinión sería innecesario establecer particularidades como la calidad del agente y establecer una presunción por tener el carácter de comerciante o una presunción respecto al lugar, y señalar locales comerciales o domicilios”, destacó.
Bernardo Padilla
Según el abogado, no importa el lugar donde se realice la legítima defensa o la persona que sea, mientras se cumpla el supuesto de que otra ponga en riesgo su vida incluso en vía pública, mientras la acción sea repeler una agresión, se encuentra justificada.
En su Artículo 10, la Constitución establece la facultad de tener armas en el domicilio, con la finalidad de proteger el lugar y la familia, y de acuerdo con Mendívil, es ahí donde se requieren reformas para que las personas puedan tener los medios idóneos y protegerse, al tener un arma en un local comercial o en la extensión de los domicilios, de manera que esto le permitiría ejercer una defensa.
“No puedes ejercer una legítima defensa si no tienes las herramientas para defender los bienes jurídicos protegidos, si una persona ingresa a un domicilio o a un local comercial, y tú no cuentas con los medios para repeler esa agresión, te convertirás en víctima” finalizó.
