La visita del secretario de Gobernación a Baja California no trajo un cambio en la estrategia de seguridad ni mayores recursos a corporaciones. El presidenciable se reunió con funcionarios y empresarios que desde meses atrás exigen la presencia de la Federación para atender la ola de ejecuciones e inseguridad en la entidad, pero no se comprometió a fijar metas de reducción de delitos ni nombró a los delincuentes que tienen como objetivos
El día en que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pisó Tijuana, la ciudad llegó a las 850 ejecuciones, en menos de siete meses. Un promedio de cuatro asesinatos al día. Poco antes de que ingresara el funcionario a un salón lleno de funcionarios, un bebé de dos años resultó herido de bala cuando su padre fue atacado a tiros.
Después de semanas de que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid anunciara la visita del encargado de la política interior del país, como una de las acciones que vendrían a disminuir la violencia; el funcionario de Enrique Peña Nieto pisó el Hotel Lucerna alrededor de las 6:00 de la tarde, del lunes 17 de junio.
Acompañado del Gabinete de Seguridad Nacional, a excepción del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, quien se encontraba en Washington, DC, Osorio Chong se encerró durante casi tres horas con funcionarios estatales.
Dentro, aseguró que se convertiría en el funcionario federal encargado de reestablecer la seguridad en Baja California y puso como ejemplo a los estados de Chiapas y Tamaulipas, donde aseguró que los índices delictivos habían disminuido desde que se encargó personalmente de ellos.
En realidad, de acuerdo a las propias cifras de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Tamaulipas ha visto incrementos en la actividad criminal. De enero a mayo de 2017, se han registrado 252 homicidios dolosos, 26 más que en los primeros cinco meses de 2016; mientras que los secuestros aumentaron un 48 por ciento y las extorsiones un 130 por ciento, en el mismo periodo.
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Antes de encabezar la reunión de seguridad, Osorio Chong solicitó la presencia de delegados federales como Rodulfo Figueroa Pacheco del Instituto Nacional de Migración y el delegado de la SEGOB, José Luis Hernández Ibarra para una especie de encuentro previo.
Tan rápido como el funcionario federal tomó asiento dentro del salón de eventos, su equipo de Comunicación envió el primer comunicado de la noche.
Así, sin considerar la información que las autoridades locales pudieran permitir, el mensaje estaba preparado para ser reproducido en los noticieros, portales y periódicos del centro del país, antes de que acabara la noche.
Con esa ligereza y esa superficialidad, llegaron los representes del gobierno de Enrique Peña Nieto a atender los reclamos de la sociedad bajacaliforniana, no a escuchar, sino a utilizar la visita como una ocasión más para promover su imagen y su trabajo.
La visita de Osorio Chong se convirtió así en una más dentro de sus giras de trabajo. Uno de los presidenciables con mayor proyección.
Al día siguiente, Osorio pintó paredes de viviendas en Chiapas junto a Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), dos días después firmó un convenio con la Confederación Revolucionario de Obreros y Campesinos (CROC), ligada durante años al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Junto al gobernador.
Tras salir de la primera reunión en Tijuana, Osorio Chong y el gobernador, con sus respectivos gabinetes de Seguridad, se trasladaron a la planta baja del salón para pasar una hora con representantes del sector empresarial y de la sociedad civil del estado.
Pasadas las diez de la noche, el secretario dirigió un breve mensaje a medios de comunicación para resumir sus reuniones de esa tarde y prometer una próxima visita.
En el mensaje a medios, el titular de la SEGOB habló de cómo “las capacidades que hoy se tienen de los municipios del estado, habrán de aumentar, tienen que aumentar”, pero al día siguiente, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, precisó que no se tocaron los temas del aumento al presupuesto destinado a Seguridad Pública.
“Hasta donde tengo entendido, no (se acordaron) más recursos… solo el apoyo del Gobierno Federal para tener un enlace permanente”, comentó el funcionario municipal.
“Nada nuevo”
Frente a medios de comunicación, Osorio Chong aseguró que tras revisar nuevamente el diagnóstico elaborado respecto la situación de inseguridad, municipio por municipio, y de manera estatal, no tenía “nada nuevo qué decirles respecto a lo que ha venido sucediendo durante el año, el alza prácticamente en la comisión de varios delitos, en homicidios dolosos”.
Agregó que no sería “nada fácil” reducir estos índices debido a “la pugna entre las diferentes organizaciones del crimen que están presentes en la entidad, pues están dejando esos enfrentamientos, pues caídos de ambos grupos, de varios grupos”.
No obstante, consideró, “eso no puede justificar la generación y el temor y miedo que se da entre la población”.
Desde 2015, cuando se registró la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal nacida y fortalecida durante el actual sexenio de Peña Nieto, en Tijuana y en el resto de Baja California se observó una escalada en homicidios dolosos.
Los cárteles parecen innombrables para el secretario de Gobernación, quien no señaló uno solo cuando habló sobre la próxima detención de delincuentes.
“Que se sepa, desde ahora y se sepa muy claro, que como lo hemos hecho en otras entidades, tenemos objetivos de la delincuencia, por los que vamos a ir, uno a uno de ellos, estén en el estado o estén fuera del estado”, puntualizó.
Osorio Chong no ofreció nombres de estos objetivos, pero como ZETA lo dio a conocer en su reportaje “Los ejecutores”, son alrededor de 60 sicarios los que actualmente están en la mira del Gobierno Estatal.
Entre las diez cabecillas están narcotraficantes con años de operación en la región, como Alfonso Arzate García “El Aquiles”, René Arzate García “La Rana” y José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, del Cártel de Sinaloa.
Algunos otros tomaron fuerza con la llegada del CJNG a la entidad, como Israel Alejandro Vázquez Vázquez, quien en noviembre planeó un ataque armado contra las instalaciones de este Semanario, el cual no llevó a cabo, o Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito” de la célula de “Los Pilotos”, del Cártel Arellano Félix.
En el ámbito de delitos del orden común, a algunos se les relaciona con homicidios, pero en otros casos, como los hermanos Arzate García García, la PGR tiene la facultad para integrarles expedientes por delincuencia organizada o tráfico de drogas.
Como en el resto de su discurso, en este aspecto, el secretario fue ambiguo: “la integración de las carpetas que necesitamos para la detención de estos delincuentes y, por supuesto, la participación federal en este operativo, lo venimos haciendo de manera coordinada, pero por supuesto, sabemos que tenemos que actuar con mayor prontitud, mayor fuerza para entregar los resultados que estamos esperando”.
A las reuniones intentaron colarse políticos como el diputado priista Alejandro Arregui Ibarra o la diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), Cynthia García Soberanes.
Esta última, esperó al funcionario federal en una mesa del restaurante del Hotel, colocada frente a la alberca. A medios de comunicación aseguró que se reuniría con él durante diez o quince minutos.
En realidad, a la legisladora se le sentó en un asiento vacío en la conferencia de prensa. Al lado de reporteros, camarógrafos y fotógrafos, García Soberanes esperó durante casi una hora que el funcionario llegara a la sala y presenció el mensaje a medios de comunicación, sin tener un encuentro privado con él.
Acerca de las estrategias, Osorio Chong tampoco propuso nada nuevo. “Se trata de ver los polígonos, las partes de la ciudad, las partes de las comunidades donde se están presentando estos enfrentamientos y donde se están presentando estos homicidios y se trata de evitar que se sigan dando”.
La responsabilidad es del gobernador, insiste
Uno de los invitados a la reunión con empresarios que sostuvo el Gabinete de Seguridad Nacional, fue Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP).
En esta reunión, como en el resto de los actos de Osorio Chong, estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz Gispert.
Sin tiempo para la prensa, sí para los “Selfies”.
También estuvieron el gobernador, los cinco alcaldes, el comandante de la Segunda Zona Militar, Enrique Martínez López; el comandante de la Segunda Región Militar de la SEDENA, Adolfo Domínguez Martínez; el delegado estatal de la PGR, Pedro de Jesús Torres Salazar; el coordinador estatal de la Policía Federal, Juan Carlos Moran Quintero; la procuradora Perla del Socorro Ibarra y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, entre otros.
Bajo el formato de un evento protocolario, la veintena de funcionarios federales, estatales y municipales fueron acomodados en dos filas de asientos frente a un letrero con el título del encuentro, la fecha, lugar y los logos del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal.
En sillas, más de 30 empresarios invitados provenientes de los cinco municipios, previamente seleccionados por el Gobierno del Estado.
Se encontraban presentes Humberto Jaramillo, Kurt Honold, Federico Díaz Gallego, Gerardo Alcalá, Gilberto Fimbres, José Galicot, Gerardo Alcalá, por nombrar algunos.
Durante poco más de una hora, Osorio Chong tomó el micrófono para prometer coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, no sin recordar que la responsabilidad de seguridad pública recaía en la figura del gobernador y de los representantes de los gobiernos municipales.
También escuchó algunos de los planteamientos e inquietudes respecto a la falta de seguridad. Por ejemplo, los representantes de la comunidad de San Quintín expusieron la creciente problemática de adicciones, así como situaciones que antes no eran comunes, como los ejecutados y decapitados encontrados recientemente.
“Se le pidieron tiempos para ver resultados, pero no se quiso comprometer”, explicó Hernández Niebla.
El presidente del CCSP fue puntual en su observación hacia el secretario de Gobernación: “mientras no veamos que la tendencia delictiva no desciende, entonces no hay resultados”.
Insistió: “una de las variables más importantes es la federación, ya que le corresponde perseguir los delitos de fuero federal, que como hemos visto, han ocasionado el aumento en homicidios por el trasiego de grandes cantidades de droga y por la delincuencia organizada”.
Sin embargo, detalló que el secretario no comentó ningún cambio en la actual estrategia de combate a la delincuencia y solo planteó que continuaría la coordinación. Y aseguró regresar en 25 días para evaluar los resultados.
Después de que en mayo, Hernández Niebla y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dieran un plazo de 90 días a las autoridades para solucionar el problema de seguridad pública, el gobernador anunció la entrada en vigor de la Cruzada por la Seguridad.
Esta medida consistió en la firma de un acuerdo sin estrategias claras ni efectivas, más bien, se trató de una campaña publicitaria del Gobierno del Estado.
El también empresario adelantó que, en agosto, el CCE y el CCSP informarán de las métricas de desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública.
“Ya trabajamos”
Terminado el mensaje a medios de comunicación y después de apretar los brazos del gobernador y decirle que regresaría cuantas veces se lo solicite, Osorio Chong caminó hacia su camioneta estacionada en la parte trasera del hotel.
Al secretario de Gobernación se le preguntó sobre el número de ejecuciones, “en eso vamos a trabajar”, dijo sin desacelerar el paso entre su personal y equipo de seguridad. Para evitar más cuestionamientos, agregó “pasamos la conferencia”, en la que ni preguntas se permitieron.
Sin embargo, al funcionario se le insistió sobre cuándo podrían verse disminuidos los índices delictivos, pero su respuesta fue la misma, “ya trabajamos y dimos conferencia”.
Y así, cuatro horas en un hotel de lujo en Tijuana, prometiendo coordinación, aprehensiones y reducción de delitos, pero sin decir cómo y cuándo, le parecieron suficientes al secretario de Gobernación para conocer la situación de inseguridad que ha cobrado la vida de cientos de personas en Baja California, le ha robado la tranquilidad a miles más y sigue sumando víctimas.
