De los 790 asesinatos ocurridos en Tijuana en lo que va de 2017, el 80 por ciento siguen sin ser resueltos, señaló el subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José María González Martínez.
La cifra estatal asciende a mil 20 muertes. El funcionario señaló que en Mexicali falta por resolver el 20 por ciento de los crímenes, en Ensenada el 50 por ciento y en Tecate y Playas de Rosarito el 60 por ciento de los crímenes.
De lo anterior se obtiene que a nivel estatal, el 54 por ciento de los asesinatos cometidos este año no han sido resueltos.
Según Gónzalez Martínez, el principal detonador de los homicidios en Tijuana es el narcomenudeo, mientras que el móvil pasional es la tendencia en la capital del Estado.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, lamentó las liberaciones de criminales por parte del Poder Judicial.
Luego de la puesta en marcha de una campaña para cambiar armas, juguetes bélicos y explosivos por vales de despensa, el funcionario estatal lamentó que “el 80 por ciento de los detenidos que hemos asegurado del primero de enero de este año al último de mayo están en libertad”.
Algunos incluso han sido capturados con armas largas, representando un alto peligro para la sociedad a decir de De la Rosa.
Cabe destacar que de los 64 objetivos de detención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) por su nivel de peligrosidad, quedan 33.
El funcionario señaló que la falta de adecuación al sistema de justicia genera que el atrevimiento y el mayor nivel de violencia provocan los criminales. Por lo que hizo un llamado a los jueces a tomar en cuenta la real situación de lo que el crimen provoca en las calles.
Por otro lado, el funciono señaló que es necesito que “se transparente la acción de todas las instancias” y especialmente de quienes operan la justicia penal.
Recientemente, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, también refirió a la urgencia de evaluar a la PGJE y su capacidad para impartir justicia principalmente en delitos de alto impacto.
Precisamente el titular de la SSPE refirió – sin precisar nombres – a tres criminales de alto impacto ya sentenciados que pretenden solicitar beneficios para una liberación anticipada, personas que podrían abonar a la crisis de violencia que ya sufre Baja California.
“En este momento hay un monitoreo de lo que se está generando en cuanto a solicitudes que podrían presentar este tipo de delincuentes. Sabemos de cuando menos tres casos concretos que estamos trabajando para efectos de acreditar la peligrosidad de personas”, dijo.
Hernández Niebla manifestó que “no se vale echarle la culpa al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP)” de las cifras históricas de homicidios, aunque señaló que el Poder Judicial debe ser menos garantista con los criminales, además de que la presunción de inocencia puede provocar que el juez se vea obligado a ordenar libertades en caso de tener dudas.
Se sumó al señalamiento de que la portación de armas debe ser un delito que requiera prisión preventiva.
Por otro lado, anunció que las “métricas de desempeño” de cada uno de los 47 puntos que incluye la Cruzada por la Seguridad ya fueron definidas por lo que el Consejo que preside arrancará con la publicación de resultados en agosto próximo.
“Es una situación extremadamente difícil: el Nuevo Sistema de Justicia Penal por un lado, la coordinación policíaca que se dice rápido pero a veces no es tan fácil que se dé, la capacidad de la PGJE para investigar que los homicidios y los robos”, apuntó. A casi un mes de la firma de la Cruzada, “los resultados no de han dado”.
Demostración de la destrucción de armas recolectadas. Foto: Daniel Rodríguez
La mañana de este viernes 7 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el gobierno local realizaron un evento como parte de la campaña “Las armas ni de juguete”, que consiste en cambiar armas – reales y de juguete – y explosivos por juguetes no bélicos o vales de depensa cuyo monto oscila entre mil 500 y 9 mil pesos.
Para esos vales el gobierno está orientando 10.5 millones de pesos. Enrique Martínez López, comandante de la Segunda Zona Militar, destacó que desde el arranque del programa el 6 de junio pasado se han acopiado 63 armas, y que si se parte de 2007, más de 34 mil han sido canjeadas en campañas similares.
