Pocos mexicanos, y mayormente son ciudadanos activos en la participación social, creen que el Sistema Nacional Anticorrupción será un aparato que funcionará para perseguir a los servidores públicos deshonestos y ponerlos tras las rejas en el mejor de los casos, inhabilitarlos en su defecto, o sancionarlos y obligarlos a restaurar los bienes a la nación en los casos ideales.
Una gran mayoría del mexicano no confía en ello. No porque sean escépticos por naturaleza, sino porque la experiencia vivida, los casos revelados que permanecen en la impunidad y el presidencialismo que todavía se vive en México, particularmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los lleva a no tener confianza ya no digamos en los hombres y mujeres, sino en las instituciones conformadas a modo, con leyes maleables y reglamentos laxos.
Hace unos días sucedió un acto más de los que abonan a la desconfianza en ese sentido.
Un documento firmado por la presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, Jaqueline Perschard, pero elaborado por todos ellos, donde solicitan al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción exhorte al Poder Ejecutivo para que dé a conocer los expedientes de compra con los contratistas de seguridad de los sistemas de espionaje adquiridos por el Gobierno Mexicano, particularmente el reciente caso del programa Pegasus, que, de acuerdo a investigadores de la Universidad de Toronto y el Citizen Lab, demostraron cómo fue utilizado para espiar a periodistas, activistas, ciudadanos activos en el combate a la corrupción, y, ahora se sabe, empresarios y políticos también.
El tema del espionaje en México está vigente en el extranjero, donde la crítica no ha sido menor al Gobierno de Enrique Peña Nieto, y en ciertos círculos de la sociedad mexicana, por supuesto en medios de comunicación, en instituciones de defensoría de derechos humanos, en grupos que pugnan por el combate a la corrupción, y en uno que otro partido político; sin embargo no es tema, no está vigente, y ha sido minimizado precisamente por la instancia que debería investigar y dar cuentas claras a los mexicanos todos: El Gobierno Federal. El Poder Ejecutivo.
Después de pretender ignorar el tema, y el día que de manera desafortunada y temeraria el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, amenazó con demandar la aplicación de la justicia a quienes acusan al gobierno falsamente, el caso de la investigación del espionaje fue enviado dentro del Gobierno Federal, lamentablemente, a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, y digo lamentablemente porque resulta que la FEADLE es una de las Fiscalías Especializadas con mayor índice de impunidad en los casos que maneja. Lo sabemos de cierto, no lo asumimos, al contar entre esos expedientes que no han encontrado justicia, a decenas de periodistas que fueron asesinados, amenazados, secuestrados, desaparecidos, y cuyos victimarios no están tras las rejas.
En este contexto y ante la falta de información sobre los avances en la investigación, y las voces que exigen investigación y justicia sobre el caso, es que los ciudadanos solicitaron al Comité Coordinador hacer el exhorto. La respuesta fue tan patética como delicada. Los funcionarios que son parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dijeron que no. De hecho, aseguraron que el caso de espionaje por parte del Gobierno de la República no estaba probado, además que en dicha actividad, “no existe evidencia de corrupción”.
Quienes votaron por no exhortar al Poder Ejecutivo a rendir cuentas sobre la adquisición de los programas para espionaje fueron, empezando y por supuesto, Arely Gómez, la Secretaria de la Función Pública, que a conclusión de las investigaciones periodísticas era la Procuradora General de la República al momento de la compra del programa, y antes se le ubicó en su calidad de Senadora, como parte de la “Telebancada” al ser hermana de Leopoldo Gómez, de Televisa, unida pues de manera estrecha y directa al caso de espionaje y al Presidente de la República.
También se negaron a exhortar al Gobierno Federal, Francisco Acuña Llamas, quien increíblemente para su actitud de no querer que se conozcan los contratos, es el Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; También desconcertante que haya dicho no, el hombre encargado de fiscalizar las cuentas del Gobierno, y quien de manera sistemática, señala los abusos, las transas, los desvíos, los fraudes y las irregularidades en las cuentas públicas, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
También votaron para no sacar del oscurantismo y la opacidad los contratos con los que el gobierno se hizo de programas de espionaje, los dos integrantes del Poder Judicial: Carlos Chaurand, Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Consejero de la Judicatura, Alfonso Pérez, a quien de hecho los periodistas de la Ciudad de México ubican como quien declaró que en el caso de espionaje “no existe evidencia de corrupción”.
La única pues, que votó a favor del exhorto fue la representante ciudadana Jaqueline Peschard.
La corrupción no se remite a pesos y centavos, favores y extorsiones, sobornos o fraudes, peculado, irregularidad y robo; corrupción viene de corromper, y corromper significa utilizar mal algo, cambiarle el objetivo, descomponerlo, quitarle la esencia.
Hacer uso ilícito de los bienes de la Nación, entre ellos los programas adquiridos, para obtener una ventaja ilegítima, también es corrupción. Utilizar el presupuesto para comprar un programa y utilizar el mismo de manera ilícita para espiar a ciudadanos, también es corrupción.
La corrupción política es precisamente eso: utilizar el poder que como representantes del Estado tienen, para realizar prácticas indebidas, no autorizadas por la Ley, entre ellas es claro, el espionaje a ciudadanos. En la adquisición del Pegasus, se ha especificado hasta la saciedad, el grupo proveedor fue claro, únicamente se vende a Gobiernos Federales, y solamente para ser utilizado para combatir, capturar o neutralizar a enemigos potenciales del Estado, terroristas, narcotraficantes, criminales organizados.
Sin embargo, sin un análisis, sin un debate real, ni una consideración profunda, anteponiendo el interés ciudadano por encima de las estrategias de un gobierno, los funcionarios que integran el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se negaron a transparentar una compra que en el exterior, es vista como el símbolo de la corrupción de un gobierno que espía a sus ciudadanos.
Hace unos días en Florida, Estados Unidos, fue aprehendido el ex Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, con fines de extradición por cargos que incluyen, precisamente, el espionaje de Martinelli a ciudadanos, empresarios, políticos. Y en 1974, después de dos años de investigación por el caso de robo de documentos y espionaje entre otros, sobre sus contrincantes políticos, Richard Nixon renunció a la Presidencia de los Estados Unidos. Que el espionaje es corrupción, lo es. Que en México no lo quieran ver así ni investigarlo de manera científica, significa que hay más complicidad entre las instituciones, que respeto a las leyes y compromiso con los ciudadanos.
En el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente Enrique Peña Nieto encontró a sus paleros. Le dieron palo a la transparencia, beneficiando al Mandatario de la Nación, y perdiendo voluntariamente la oportunidad que los mexicanos tuvimos de investigar al Presidente, como sucede en otros países, pero no en el nuestro.
