Como es de conocimiento general, el día 18 de julio, el Congreso del Estado aprobó las leyes que refuerzan el combate contra la corrupción, en Baja California, y, en la iniciativa denominada Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se establece la creación del Comité de Participación Ciudadana, integrado por 15 ciudadanos apartidistas, independientes y ajenos a la función pública. En su articulado, con el beneplácito de varias organizaciones sociales y Coparmex, la ley estipula que de los 15 integrantes del comité, 10 de ellos recibirán un sueldo de hasta 50 mil pesos mensuales y los otros cinco fungirán en calidad de miembros honorarios, sin remuneración.
Debe considerarse que el principio rector de toda ley es la equidad y esto porque esta ley tiene como pieza legislativa el contemplar dos tipos de ciudadanos para el mismo desempeño: Ciudadanos A, con goce de sueldo, y Ciudadanos B, sin sueldo, o viceversa. ¿Cuál de las dos calidades se persiguen?, o dicho de otra manera, ¿cuál de los dos grupos lleva el liderazgo moral y la auténtica representación social?, pues el conflicto está entre los que se les remunera su trabajo y los que no, estos a los que se les pide participación abnegada. Al ser desiguales, necesariamente uno habrá de tener supremacía sobre el otro.
Si hemos de esperar una auténtica participación ciudadana, todos los 15 integrantes del comité tienen que gozar de la misma calidad, es decir, ninguno cobrará para que así el Comité pase a ser una instancia ciudadana honoraria digna, ajena a pretensión pecuniaria e interés remunerador. La Patria la formaron aquellos que nunca cobraron, y quienes sí lo han hecho, la han deformado, llámese presidentes, gobernadores, legisladores, munícipes y demás servidores públicos. La hora y la oportunidad han llegado, donde la sociedad debe participar en el diseño del modelo de Nación que deseamos y ello tiene que darse con la participación decidida y desinteresada de la sociedad. Es hoy cuando los ciudadanos debemos poner a prueba la convicción de la ciudadanía.
El ciudadano, para su participación en el devenir pública nacional o regional, solo debe de estar provisto de convicción social y vocación de servicio. El valor ciudadano no estriba en el interés particular, sino en la visión colectiva. La Patria la han engrandecido aquellos que nunca han antepuesto su interés al de los demás, mismos que no han anticipado la remuneración a su entrega. Aprendamos de nuestros próceres y preguntémonos, ¿cuánto exigieron Hidalgo, Morelos, Guerrero, por mencionar algunos de ellos, por su entrega a las causas populares? ¿Cuánto pidió Juárez por su férrea defensa de la República? ¿Qué precio anticipado le pusieron Villa y Zapata a su gesta revolucionaria?
El Sistema Estatal Anticorrupción es una iniciativa que se da dentro del Estado mismo, no es un órgano opuesto al sistema, ni paralelo a las instituciones nacionales. Por ello, en el momento en el cual se le asigna un sueldo a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, estos se convierten en funcionarios públicos y pasan a engrosar las filas de la burocracia, representando una carga adicional para un erario público de por sí raquítico.
una vez conocida la sede del Comité, lo único que ha de autorizar el Congreso del Estado es una partida de recuperación para aquellos miembros que requieran traslado foráneo al lugar en el que desempeñarán sus actividades, además de un estímulo compensatorio que nunca deberá de ser mayor al promedio del ingreso mensual de todo mexicano, esto es 6 mil o 7 mil pesos mensuales.
Una crítica popular generalizada siempre ha sido la desigualdad existente entre el ingreso de un funcionario público y el de cualquier ciudadano. Por esta razón, ahora que se abre la puerta a la participación ciudadana, debemos de ser leales a nuestros reclamos y responder desinteresadamente al llamado que nos hace la Patria, mismo que bien podría ser el último que se nos haga y pasar a contribuir en la construcción de lo anhelado, con la frente en alto y el pecho por delante, ajenos a toda pretensión salarial o interés de un grupo.
Causa Constitucionalista Mexicana, A. C.
“Justicia, democracia y soberanía”
Álvaro Villagrán Ochoa
Presidente
