Alma Delia Lira Sotelo, hermana del “Atlante”, confirmó en un juicio de amparo que no hay órdenes de aprehensión o aseguramiento de bienes decretados en su contra. La mujer es señalada por el gobierno de Estados Unidos como una de las blanqueadoras de dinero del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa, de la célula del “Cheyo Ántrax”. Dos inmuebles de su propiedad, uno en la colonia El Florido y otro en Jardines del Lago, no están asegurados; tampoco sus cuentas bancarias, responden PGR, CNBV y SHCP
Autoridades mexicanas aseguran no contar con órdenes judiciales para privar de la libertad a Alma Delia Lira Sotelo, hermana del presunto narcotraficante del Cártel de Sinaloa, Alfonso Lira “El Atlante”, preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, ni han asegurado bienes de su propiedad en Tijuana, de eso fue enterada la mujer al resolverse un juicio de amparo interpuesto en esta ciudad.
El Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales sobreseyó el juicio de garantías 1504/2016 interpuesto por la casacambista luego que recibió los informes justificados de la Procuraduría General de la República (PGR), a través de sus unidades especializadas de investigación, en sentido negativo.
El juzgador también decidió concluir el juicio de amparo sin conceder, ni negar, la protección de la justicia de la Unión solicitada por Lira Sotelo en contra de autoridades de Estados Unidos, pues éstas “corresponden a un gobierno extranjero respecto del cual el Poder Judicial de la Federación no ejerce jurisdicción alguna sobre el mismo, dado que no existe norma legal alguna que conceda facultad para que este Tribunal de amparo pueda conocer sobre los actos que se le atribuyen por la quejosa”.
De esta forma, Alma Delia Lira “La Yeya” logró enterarse de que, hasta el momento, no se ha ejercitado acción penal en su contra, ni dos de los domicilios que están a su nombre están asegurados como supuso después de que su nombre fue incluido -en septiembre de 2016- en la lista de cabecillas del narcotráfico con los que ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones comerciales o financieras.
La acción realizada por el gobierno norteamericano de incluir a Alma Delia y sus hermanos Alfonso “El Atlante” y Alberto “El Carnicero” Lira Sotelo en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, ocurrió un año después de que ZETA presentara un reportaje en el que se señalan las actividades de lavado de dinero que realiza el Cártel de Sinaloa en esta frontera.
A “La Yeya” se le vincula junto a Omar Guadalupe Ayón Díaz con el Centro Cambiario Titán, además de otras casas de cambio ubicadas en el fraccionamiento El Florido, en la Zona Este de la ciudad, en el Bulevar Insurgentes y otras establecidas sobre el Bulevar Agua Caliente. A nombre de Alma Delia Lira Sotelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expidió la clave de identidad financiera 0CCBI0.
“El Atlante” fue capturado en Zapopan, Jalisco, en septiembre de 2014, y “El Carnicero” en septiembre de 2015, en Baja California, encontrándose ambos presos a la fecha. Los hermanos Lira fueron señalados como líderes de una de las células que opera junto con la organización de “Los Ántrax” en el control del trasiego de drogas hacia Estados Unidos y lavado de dinero, en específico bajo el mando de Ismael “El Mayo” Zambada y Eliseo Imperial Castro “El Cheyo Ántrax”.
“Limpia”, por ahora
Una semana después del anuncio de la administración norteamericana, la mujer presentó la demanda de amparo temiendo acciones legales inminentes en su perjuicio. En su escrito señaló a 15 autoridades como responsables de pretender encarcelarla y desapoderarla de sus bienes. Entre ellas enunció a la OFAC, al procurador general de la República, al director general de Delitos Financieros y de Procedencia Ilícita de la PGR, al titular de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y al titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), también de la PGR.
Foto: Archivo.- Ismael “El Mayo” Zambada.
Otros mencionados son el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Fiscales y Relaciones con el Sistema Financiero; el director general de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales; el director general de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada, todos de la PGR. Así como el titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de SHCP.
La lista concluye con los mandamases de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP; el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM); el delegado de la PGR en Baja California; el titular de la Agencia Federal de Investigación de la PGR; y el director general Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) en Baja California.
Los actos reclamados por la señora Lira Sotelo son: “La ilegal orden de detención, presentación, arresto, comparecencia, aprehensión o cualquier mandamiento de captura dictado en mi contra por parte de las autoridades responsables en su doble carácter, tanto como ordenadoras y ejecutoras, tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad personal, sin que tengan facultades jurisdiccionales para ello”.
También reclamó el presunto aseguramiento, confiscación o cualquier acto tendente a privarle de la propiedad de sus bienes inmuebles que identificó de la manera siguiente:
“1. Predio urbano lote 28, de la manzana 119, colonia El Florido, delegación La Presa, con una superficie de doscientos metros cuadrados, clave catastral FD-119-028, cuyas medidas y colindancias son al norte ocho metros con calle Lima, al sur ocho metros con lote 9, al este veinticinco metros con lote 29, y al oeste con veinticinco metros con lote 27, de esta ciudad de Tijuana, así como sus construcciones existentes en el mismo.
“2. Unidad U13, condominio Privada Clavel, ubicado sobre el lote 7, de la manzana 151, del fraccionamiento Jardines del Lago, con superficie de setenta metros cuadrados con seiscientos cuarenta y dos centímetros, de estacionamiento 1, catorce punto ochocientos cincuenta metros cuadrados de estacionamiento 2, catorce punto ochocientos cincuenta metros cuadrados, indiviso 4 603% privativa ciento cuarenta y ocho punto ochocientos cincuenta y tres metros cuadrados, de esta ciudad de Tijuana, Baja California”.
En su demanda, Alma Delia afirmó que ambos bienes inmuebles estaban inscritos a su nombre en el RPPC, con sede en Tijuana. Además, reclamó el “congelamiento, inmovilización de mis cuentas bancarias, o bien, cualquier acto que no me permita disponer de ellas”, actos presuntamente realizados fuera de todo procedimiento administrativo, penal, judicial o de cualquier otra índole, pues refirió que las autoridades responsables constitucionales no se encuentran facultadas para emitir tales actos reclamados.
Con excepción de tres de las autoridades referidas, que no existen bajo la denominación señalada por la quejosa, y la norteamericana que no fue emplazada, el resto respondieron sus informes en el sentido de que no existen los actos que la mujer reclama, por lo que al no presentarse pruebas en contrario, motivaron al juez a decretar el sobreseimiento del juicio de amparo.
Bien “clavado”
Mientras “La Yeya” encuentra un respiro legal, su hermano Alfonso Lira Sotelo “El Atlante” está recluido en el penal de máxima seguridad “Occidente” en Puente Grande, Jalisco, donde ha promovido diversos amparos desde 2015 reclamando incomunicación, falta de atención médica adecuada, actos de tortura y hasta la necesidad de que las autoridades penitenciarias le doten de un par de tenis y otro de zapatos.
El presunto jefe de sicarios de la organización criminal del “Cheyo Ántrax”, detenido el 16 de septiembre de 2014 en un centro comercial de Zapopan, se encuentra procesado penalmente por su probable responsabilidad en la comisión de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, y contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio.
A finales de 2015, un juez federal le concedió un amparo que dejó sin efecto el auto de formal prisión que un juez de distrito de procesos penales federales dictó en su contra y que confirmó el Cuarto Tribunal Unitario, debido a algunas irregularidades procesales, pero al reponerse el procedimiento, nuevamente fue declarado formalmente preso y su causa continúa, sin sentencia hasta ahora.
Entre las múltiples argucias legales de la defensa se pretendió acreditar una supuesta entrega retardada del detenido por parte de los elementos aprehensores ante el Ministerio Público Federal en la Ciudad de México, así como la versión de que los agentes que detuvieron a “El Atlante” y a sus coacusados Felipe Misael Angulo Rentería y Juan Carlos Beltrán Ayala, viajaban ocultos en una camioneta de la empresa de paquetería Estafeta y no tenían orden de aprehensión en su contra.
Los aprehensores justificaron la demora en la puesta a disposición de los imputados, debido a que el huracán “Odile” restringió la salida de vuelos esa tarde-noche y el traslado se realizó vía terrestre desde Guadalajara, arribando a las instalaciones de la SEIDO aproximadamente a las 3:30 am del 17 de septiembre de 2014.
También se acreditó que hubo flagrancia en la detención de los miembros de la célula del Cártel de Sinaloa porque en el vehículo en que circulaban y fueron interceptados en Plaza Galerías, llevaban una subametralladora Intratec y una pistola tipo escuadra de la marca Llama, ambas calibre nueve milímetros, abastecidas en sus cargadores. En la guantera de la unidad también se localizó una bolsa con aproximadamente medio kilo de un polvo blanco, que a la postre resultó ser cocaína.
