En las siguientes semanas, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, sostendrán una gira por Estados Unidos. Particularmente acudirán a la Capital, Washington D.C., para tener encuentros con legisladores norteamericanos.
El cabildeo mexicano no es de gratis. En el Poder Legislativo de Norteamérica se cuece el seguimiento de la Iniciativa Mérida, un acuerdo de seguridad firmado en 2008 para que el Gobierno de aquel país provea de recursos y herramientas a las corporaciones mexicanas para el combate al narcotráfico y la criminalidad organizada. De los legisladores depende la ayuda que en especie y en teoría se otorga, así como de los dineros que se invierten para la compra de equipo y capacitación.
Dos centros que contribuyen con ideas e información (Think Thanks) para el manejo de la política en la Capital de Estados Unidos, el Woodrow Wilson Center y WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), invitaron esta semana a cuatro mexicanos para conocer una parte de la realidad de México en materia precisamente, de procuración de justicia y derechos humanos.
En aquella nación estuvieron Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 Capítulo México; Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce; Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz; quien esta columna escribe y, además, Azam Hamed, el reportero de The New York Times que investigó y publicó la información del espionaje del Gobierno de Enrique Peña Nieto, a activistas de los derechos humanos, combatientes contra la corrupción y periodistas.
Vivir la impunidad que cientos de miles de mexicanos padecemos todos los días es una sensación que poco a poco deja de serlo, para convertirse en algo -desafortunadamente- normal, pero escuchar la realidad de otras voces, otros actores, en otro país y con otra atención, es un ejercicio que termina por confirmar que en México la vida no vale nada, la justicia no llega, la corrupción es el eje de los destinos del país, y la impunidad, la madre de los problemas que nos aquejan.
Por ejemplo, Ismael Bojórquez explicó cómo el fiscal de Sinaloa, Juan José Río, ya no le responde el celular, porque sabe que le preguntará por avances de la investigación del asesinato, el 15 de mayo de 2017, del periodista Javier Valdez, cofundador de Ríodoce, atacado con doce disparos, provenientes de sicarios del Cártel de Sinaloa.
A 46 días del crimen contra el periodista, la Fiscalía de Sinaloa no ha realizado un informe público del estado de las investigaciones, ni siquiera han señalado probables sospechosos, ni cártel involucrado. Nada. De hecho, a través de la esposa de Javier Valdez y apoyada con abogados, han intentado obtener una copia del expediente, pero éste ha sido negado sistemáticamente, cuando no ignorada la petición.
Lo último que supo Ismael Bojórquez, por terceras personas involucradas en la fiscalía, es que, a pesar de la violencia de los hechos, del sello de la mafia sinaloense en el crimen y las pruebas periodísticas publicadas, que dirigen cualquier conclusión e investigación a un crimen del narcotráfico contra la libertad de expresión, en la fiscalía están considerando como línea de investigación, los motivos personales.
Es tanto el poder y tanta la corrupción e ineficiencia en la procuración de justicia en México, que en similar condición está el caso de Javier Valdez en la Procuraduría General de la República, donde la investigación se lleva a cabo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, instancia que, comentó Ana Cristina Ruelas en el foro, tiene un 100 por ciento de impunidad, pues muy pocos casos de atentados contra periodistas ha resuelto, y en los que hay resultados, éstos son a medias, concentrándose en autores materiales, pero no en quienes ordenaron atacar a periodistas para censurar con la muerte, la desaparición o la amenaza.
El caso de Veracruz es peor. Veinte periodistas han sido asesinados en los últimos siete años. Norma Trujillo dio cuenta de ello, y de cómo sus expedientes también están en la impunidad. Además de la entramada red de corrupción que inicia en los gobiernos, estatales o municipales, y toca a las mafias y los narcotraficantes, afectando a activistas y periodistas.
Ni la Procuraduría General de la República que comanda Cervantes, ni la Subsecretaría de Derechos Humanos en Gobernación que dirige Campa, están dando resultados. Y no exclusivamente en el caso de los atentados a la prensa. Tampoco en los crímenes contra activistas y defensores de los derechos humanos, mucho menos en las más de 90 mil ejecuciones que en México se han registrado en los últimos cuatro años y medio, mismos que lleva gobernando Enrique Peña Nieto.
No, la procuración de justicia en México no está bien, como tampoco lo está el respeto a los derechos humanos. El caso expuesto por Azam Hamed, del espionaje del Gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, sobre personas que están ligadas a la defensa de las causas sociales y el ejercicio de las libertades, es el ejemplo de cómo los derechos humanos se pisotean en nuestro país.
Los mexicanos fueron invitados a compartir sus experiencias con la procuración de justicia (en el caso de ZETA, los asesinatos de Héctor Félix, de Luis Valero y de Francisco Javier Ortiz Franco, así como la tentativa de homicidio contra Jesús Blancornelas, permanecen todos en la impunidad; este año se cumplirán 20 años del atentado a Blancornelas y ni uno solo de los diez sicarios, o los dos autores materiales, todos del Cártel Arellano Félix, ha sido procesado por ello) y el respeto a los derechos humanos, escuchados por estudiosos, pensadores, ideólogos y académicos del Woodrow Wilson Center, del Mexico Institute, en el foro “Morir por una historia: Cómo la impunidad y violencia contra periodistas mexicanos debilita al país”.
Además, en la Cámara de Representantes una presentación ante asociados de legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo mismo que en la Cámara de Senadores ante representantes del Comité de Relaciones Exteriores, y de los senadores Michael Bennet, de Colorado; Tim Kaine, de Virginia; Chris Coones, de Delaware; y de Marco Rubio, de Florida.
Hay formas de ver, de escuchar y atender los problemas de un país, en México es la censura, la represión, el vacío y la indiferencia. Las voces críticas han de salir y ser apoyadas en el extranjero para ser escuchadas en su tierra.
En el caso de México, la impunidad, la ausencia de procuración de justicia, los atentados a los derechos humanos, son tema internacional, aunque aquí, los gobiernos no quieran hablar de ello.
