La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió hoy al Gobierno de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, una investigación independiente sobre los presuntos intentos de espionaje en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuando indagaban sobre el caso Ayotzinapa.
“Las denuncias son extremadamente preocupantes, en particular la información presentada por miembros del GIEI de que también habrían sido espiados”, dijo este lunes el presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren al ser cuestionado sobre los presuntos hechos ocurridos en dos mil dieciséis.
“Debe haber una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje”, añadió Eguiguren.
Este lunes, investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto especializados en la detección del sistema de espionaje conocido como Pegasus confirmaron que al menos un teléfono de un miembro del GIEI recibió mensajes para intentar una infección electrónica en marzo de dos mil dieciséis.
Según el Citizen Lab, el aparato telefónico del miembro del GIEI recibió dos mensajes malignos para intentar desencadenar el espionaje el 1 y el 4 de marzo de 2016, justo cuando el grupo preparaba el informe final sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
“En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir:_______”, decía el primero de los mensajes enviados al aparato telefónico del GIEI y con el que podrían haber logrado ingresar a un cúmulo de datos desde localización, video y voz.
Solicitado por el propio gobierno mexicano desde 2014, el GIEI fue un grupo de asesoría técnica conformado por la CIDH en el que participaron Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
Por su parte, el Gobierno de México rechazó a través de un comunicado las acusaciones de presunto espionaje de comunicaciones telefónicas sin mandato judicial contra algún miembro del GIEI.
“El Gobierno de la República rechaza cualquier acto que atente en contra de la libertad de expresión y del derecho a la privacidad de las personas”, señaló el comunicado expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Durante las audiencias públicas del 163 periodo ordinario de sesiones que la CIDH celebró la semana pasada en Lima, “representantes de organizaciones de la sociedad civil se refirieron a información reciente sobre casos de presunta intervención de comunicaciones privadas”, recordó la SRE.
Las denuncias indican que ese presunto espionaje fue realizado “sin mandato judicial a distintos actores sociales en México, incluyendo a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos”, señaló el comunicado.
El Gobierno de México “recibió información de parte de la Comisión (CIDH) en el sentido de que algunos miembros del GIEI le habrían manifestado ese mismo día haber recibido en marzo de 2016 mensajes parecidos a lo descrito en una nota periodística publicada por el periódico The New York Times”, confirmó la Cancillería mexicana.
Ante esa denuncia, la CIDH “ofreció hacer llegar al Estado la información para su atención”, añadió el comunicado. Asimismo, el Gobierno de México “invitó a los probables afectados a presentar las denuncias correspondientes, que faciliten las acciones en materia de procuración de justicia en marcha”, dijo la SRE.
Este lunes, en una nueva nota publicada en primera plana, por el diario estadounidense The New York Times, asegura que según un análisis independiente, el secretario ejecutivo del GIEI), recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el programa espía llamado Pegasus, con el que el Gobierno mexicano ha espiado a otros activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
La nueva nota, otra vez firmada por jefe de los corresponsales del rotativo en México, Azam Ahmed, da cuenta del último informe del Citizen Lab publicado hoy en su página web, que confirma que los teléfonos móviles pertenecientes al grupo internacional de expertos de varios países, reunidos por la CIDH, fue blanco de intentos de infección con el spyware desarrollado por el grupo israelí NSO, supuestamente sólo vendido a gobiernos para vigilar a criminales y terroristas.
Según la evidencia forense, el GIEI también fue blanco de la tecnología de espionaje comprado por el Gobierno de México en por lo menos 80 de millones de dólares, por lo que los investigadores califican como “una campaña de acoso e interferencia” que dicen, “obstaculizó sus indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
“Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.”, señaló este día el NYT.
El rotativo estadounidense hace énfasis en que la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje del Gobierno mexicano “fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto.”
El GIEI pasaba por una crisis cuando los investigadores habrían sido víctimas del programa espía, señaló el NYT. “La presión del gobierno era cada vez mayor y apenas unas semanas antes los miembros del grupo habían hecho públicas sus acusaciones de que las autoridades los estaban obstaculizando. También estaban a poco menos de dos meses de publicar su informe final, que rechazó la versión oficial o ‘verdad histórica’ del gobierno sobre lo sucedido a los estudiantes desaparecidos.”
