El Juez de Control de Procesos Penales Federales, Gerardo Moreno García, otorgó a la Procuraduría General de la República (PGR) el auto de vinculación a proceso en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, el juzgador otorgó un plazo de seis meses al Ministerio Público de la Federación (MPF) para continuar con su investigación.
En su comunicado, la PGR invitó “a confiar en el sistema de justicia penal y en sus instituciones para lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas del delito y evitar la impunidad”. El lunes pasado, después del resultado de la primera audiencia filtrado en diversos medios, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, pidió “tener fe” en el trabajo de la Procuraduría.
La PGR también invitó “a conocer y entender que cada etapa del proceso penal tiene objetivos distintos, todas enfocadas en lograr una justicia objetiva e imparcial, por lo que debe evitarse un injustificado escepticismo de dicho sistema y de las instituciones que lo operan basado en su desconocimiento”.
Esto luego de que, según aseguró la PGR a través de un comunicado, el MPF presentó ante el juez, el inculpado y su defensa -encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro Carazo-, 82 datos de prueba “necesarios, pertinentes y suficientes” para lograr la vinculación por la probable comisión de hechos constitutivos como delito del imputado, a quien se le relaciona con “una organización delictiva de, al menos, nueve personas”.
Durante la audiencia celebrada en el Juzgado del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, que duró más de 10 horas, el MPF logró la vinculación a proceso contra Duarte de Ochoa por su probable participación en la comisión de ambos delitos usando el sistema financiero, “en donde actuó como líder de la organización delictiva”.
El Ministerio Público Federal señaló ante el Juez de Control, que los hechos delictivos se llevaron a cabo en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México entre 2011 y 2016, periodo en el que Javier Duarte se desempeñó como gobernador constitucional del estado de Veracruz.
Los fiscales a cargo del caso -encabezados esta vez por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira Salas-, justificaron al Juzgador Federal que para la ejecución de los movimientos financieros involucrados en ambos delitos Duarte de Ochoa se valió de al menos nueve personas y diversas empresas fachadas para invertir recursos a través de ellas.
En la audiencia también estuvieron presentes los mismos agentes del MPF que se presentaron en la primera y que fueron criticados por su actuación: Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez. Además de un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El abogado defensor, Del Toro, solicitó que la audiencia de este sábado estuviera presente el abogado fiscalista Alfonso Ortega López, quien durante seis años fue cómplice del ex gobernador y ahora es un testigo clave de la PGR. Pero dicho sujeto ni siquiera se presentó a los juzgados federales. Además de los delitos federales, Duarte es investigado por los ilícitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, que le imputa la Fiscalía de Veracruz.
En la audiencia inicial los agentes del MPF solicitaron que el ex mandatario estatal fuera internado en el Centro de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en el municipio de Ayala, Morelos. De igual forma, pidieron al juez de control que el ex gobernador no esté físicamente en la audiencia y su presencia sea por videoconferencia. Sin embargo, el juez de Control determinó que Duarte esté en prisión preventiva, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, todo lo que resta de su juicio.
