El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó allanarse para su extradición a México y así enfrentar cargos federales imputados por la Procuraduría General de la República (PGR), por delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos de los que dijo, es inocente.
El Tribunal Quinto de Sentencia Penal en Guatemala tendrá ahora que certificar el expediente a la Secretaría de la Corte en el tiempo establecido por la ley, y sería esta instancia quien lo remita al Ministerio de Relaciones Exteriores para continuar con el proceso de extradición del ex mandatario veracruzano.
El pasado 27 de junio, Duarte de Ochoa, se allanó y aceptó la extradición solicitada por el actual Gobierno de Veracruz, acusaciones, que dijo, son “vagas” e “imprecisas”. Asimismo, Duarte de Ochoa denunció una campaña en su contra emprendida por la actual administración veracruzana, que “gasta recursos del erario púbico con acusaciones irrisorias”.
La Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público dio a conocer que son cinco los delitos por los que era requerido el exgobernador por la administración que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares son: abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
El pasado 7 de junio el Gobierno de México solicitó formalmente la extradición del ex gobernador por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Duarte de Ochoa es requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 14 de octubre de 2016, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte.
Duarte de Ochoa fue arrestado en el municipio turístico de Panajachel, después de permanecer prófugo durante varios meses. En la actualidad se encuentra recluido en la cárcel militar Matamoros de la Ciudad de Guatemala. En caso de ser extraditado a México, el ex gobernador podría ser sujeto a un proceso penal sin el derecho de libertad bajo caución. Además, podría pasar 15 años en presión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos de precedencia ilícita, acusaciones del ámbito federal.
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