Existen once juicios de prescripción y demandas millonarias por terrenos que no han sido regularizados por las últimas seis administraciones, por lo que se ha perdido el control de los bienes inmuebles
Con 52 mil kilómetros de superficie, Ensenada es el municipio más grande de México, pero con la incongruencia de que el gobierno municipal ha desaprovechado gran parte de su patrimonio en el afán de saldar deudas y pagar favores políticos, perdiendo litigios.
Información obtenida del Registro Público de la Propiedad y el Comercio indica que el Ayuntamiento tiene aproximadamente 900 terrenos entre pasillos de servicio, áreas verdes, comodatos, donaciones, vías públicas, parques, espacios deportivos, por citar algunos.
Del universo de propiedades, el 72 por ciento corresponde a vías públicas y callejones de servicio, estos últimos invadidos casi en totalidad con anuencia del Gobierno, ya sea por vecinos o funcionarios que se han cobrado favores.
Información en el jurídico del Ayuntamiento indica que hay once juicios de prescripción en perjuicio del Ayuntamiento, se trata de diez empresas familiares que crearon derechos solo por invadir un terreno por más de diez años.
Caso particular, el de un abogado que presentó pruebas falsas para apropiarse de un terreno del gobierno municipal en la administración de Gilberto Hirata Chico, pero una vez que inició la actual administración, desistió de la demanda cuando el jurídico advirtió sobre los documentos apócrifos.
Uno de los antecedentes en materia de demanda penal que tiene en apuros al Municipio es el del abogado Martínez que, según consta en documentos, vendió al ex alcalde priista Daniel Quintero Peña un terreno para la construcción del Deportivo Siglo XXI, pero el litigante aseguró que nunca le pagaron y espera pronto el Gobierno liquide un millonario adeudo.
En respuesta, el alcalde Marco Novelo Osuna informó que tiene una estrategia legal que garantizará que su administración recupere los predios que albergan el deportivo, y mencionó que Martínez está pidiendo 28 millones de pesos por el terreno, más otros 8 millones por daños.
“Nosotros nos vamos a defender, nuestro jurídico estudió bien el caso y hay cosas que se hicieron que no están correctas”, advirtió el presidente municipal.
De lo perdido a lo ganado
Los comodatos son terrenos del Gobierno que presta bajo contrato a una organización para que desempeñe una actividad en bien de la sociedad. En Ensenada, la administración municipal tiene el 1.4 por ciento, pero muchos no se usan con los fines para los que se crearon.
Según la oficial mayor Mónica Vargas, actualmente se llevan a cabo trabajos de actualización para recuperar comodatos que se dieron en administraciones pasadas, y que por alguna situación, no están cumpliendo con el objetivo.
“Queremos que formen parte del patrimonio sin la figura con la que fueron creadas, estamos cruzando información con la Secretaría General, para conseguir los acuerdos de Cabildo donde se formalizaron estos comodatos”, indicó.
En la oficina tienen un inventario de bienes invadidos para iniciar los procedimientos correspondientes y regularizarlos.
Aunque no saben qué tan contraproducente puede resultar, Vargas consideró la posibilidad de colocar en cada predio una lona con la leyenda “Propiedad del Ayuntamiento”, y anexo, número de lote, manzana y clave catastral, de manera que el Ayuntamiento tendrá posibilidad de generar actos de posesión de forma pública y los actos generen una “ventana” de diez años para que cualquier particular que quiera prescribir un terreno, y así poder comprobar que en tal fecha hicieron un acto de posesión al colocar la lona.
Si bien lo ideal es cercar el predio, lo cierto es que hay suficientes recursos económicos, pero éste puede ser un inicio, argumentó.
Mónica Vargas Núñez, oficial mayor
de Ensenada.
El jefe del Departamento de Bienes Patrimoniales, Daniel Ramos, constató que uno de los grandes problemas es la revalorización de los usos de suelo, donde la dinámica social no responde a la manera en que se planifica la ciudad.
“Tenemos usos de suelo en algunos inmuebles usos y destino, otros para edificaciones, pero la sociedad al verlos vacíos los usan como áreas verdes, que a su vez no son usadas, sino que están baldíos”, refirió.
Lo lamentable es que hay programas federales para rehabilitar parques, pero al revisar el uso de suelo resulta que tiene otro destino, por eso no se le puede invertir, como tampoco el Ayuntamiento puede lucrar con el inmueble, ya que de facto está utilizado como área verde.
Cada año el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) hace observación al Gobierno de Ensenada en la cuenta patrimonial porque el registro contable de los inventarios de bienes e inmuebles no coincide con lo real.
“Es una observación recurrente, por eso es un reto, no exclusivo de esta administración, por eso es urgente arrastrar el lápiz y sacar todo lo que no sirva”, mencionó el secretario del Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa.
En su opinión, hay bienes que se tienen que dar de baja, ya sea que están inservibles, o en su defecto, comenzar a recaudar fondos a través de la venta de estos artículos propiedad de la ciudad.
Según datos contables, este problema se remonta a cinco o seis administraciones, cuando se comenzó a perder el control tanto de los inmuebles como de los muebles.
Fraccionadores abusivos
Residentes del fraccionamiento Gali, complejo habitacional construido en Granjas El Gallo en Ensenada, pidieron a la Dirección de Catastro, Desarrollo Urbano y Ecología, la suspensión de una obra que consideran está dentro de las áreas verdes de la zona residencial.
Los habitantes aseguran que podría tratarse de fraude o tráfico de influencias, al ostentar el propietario el cargo de la empresa desarrolladora Sedes.
Marcos Carlón Torres, abogado delos colonos, expuso que previo a la adquisición de las viviendas, los compradores recibieron -por parte de la constructora- una fracción de áreas verdes colindantes con la vía de acceso a dicho complejo.
“Es importante manifestar que los suscritos vecinos desde la fecha en que adquirieron las casas daban mantenimiento a dichas áreas, limpiando, regando, sembrando plantas y sobre todo, cuidando que dichas zonas no fueran dañadas o vandalizadas”, afirmó Carlón.
A inicio del presente año, la vegetación y construcciones de ornato que se encontraban en dicha área fueron destruidas con maquinaria pesada y, el 18 de abril, iniciaron el desarrollo de más casas en el predio, destinado a esparcimiento.
Aunado a lo anterior, demandan investigar el motivo por el cual se permitió a la constructora destinar un área de reserva 6.67 metros de frente a la Privada Esmeralda Sur, presunta área verde, para posteriormente ser vendida como terreno para construcción.
El abogado citó el Artículo 32, que establece las consideraciones del Plan Regulador, éstas deben construirse con todas las obras de urbanización, completas y de primera calidad. Las exigencias para este tipo de fraccionamientos son: El fraccionador deberá destinar una superficie que no sea menor a un 3% de la superficie vendible para parques o los jardines que serán construidos por él, y se obligará a conservarlos y mantenerlos por su cuenta hasta en tanto el fraccionamiento no se reciba por el Gobierno del Estado.
