El secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, fue omiso en atender un citatorio por parte del Ministerio Público, con el fin de que informara sobre las condiciones y términos en que se contrató el arrendamiento de camiones recolectores de basura a la empresa Turbofin, denunció el abogado Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI).
Atilano señaló que se promoverá ante la fiscalía apercibir con multa o arresto al funcionario en cuestión para que se presente a rendir el informe solicitado.
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Asimismo, señaló que se ampliaría la denuncia presentada contra el Presidente Municipal Juan Manuel Gastélum y otros funcionarios del XXII Ayuntamiento de Tijuana por los delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho y enriquecimiento ilícito, anexándose a la misma una copia del contrato con Turbofin, dado a conocer públicamente de manera reciente. La denuncia ya fue admitida por la unidad del Ministerio Público correspondiente.
Señalaron que también se buscará invalidar el contrato con Turbofin ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Baja California, por las notorias irregularidades que reúne el mismo, como lo son el no estar firmado por el representante legal único del Ayuntamiento, que es Gastélum; el no haber sido aprobado por el Cabildo y haber sido otorgado mediante adjudicación directa sin acreditarse los supuestos de emergencia.
Se pretende que cese la operatividad del contrato para que dejen de erogarse recursos públicos por motivo del mismo y resarcir el daño patrimonial al Ayuntamiento, devolviendo el Gobierno Municipal las unidades arrendadas y, por su parte, Turbofin tendrá que entregar todo el recurso recibido por dicho concepto.
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Atilano concluyó señalando que, si bien, no le preocupa la denuncia presentada contra el Ayuntamiento, su persona y otros abogados por los delitos de conspiración, sedición, conminación a delinquir y otros, misma que se atenderá puntualmente. El Gobierno Municipal los acusa de las amenazas realizadas por hackers de Anonymous Tijuana, de llevar a cabo un ciberataque a los sitios de internet del Ayuntamiento.
“Yo no soy parte en este juicio, el asunto lo interpone el Ayuntamiento a través del Departamento Jurídico y es así, de esa, forma que el Ministerio Público solicita la información, pero no soy yo el representante legal del Ayuntamiento, sino el consejero jurídico”, declaró Luévano, justificando así su no asistencia a dicho citatorio, sin embargo, aseguró que la solicitud de información se contestará por escrito.
Respecto a la denuncia presentada por el Ayuntamiento contra estos abogados, Luévano señaló que la carpeta de investigación correspondiente, continúa integrándose.
“Lo que sí te puedo decir es que se contuvo cualquier amenaza o lesión al Ayuntamiento, inmediatamente dieron de baja a las páginas” comentó afirmando la decisión de hacer del conocimiento público dicha situación, la cual considera acertada.
Agregó que se tomaron las medidas de protección necesarias para evitar cualquier intento de ingreso indebido en las bases de datos del Gobierno Municipal, de manera que “no hubo intento o si lo intentaron, no pudieron penetrar”.
