Por espiar con mismo sistema Pegasus, el ex presidente panameño Ricardo Martinelli es requerido por autoridades de su país. Al menos 16 ex mandatarios latinoamericanos han sido llamados a cuentas, algunos encarcelados y 10 de ellos han sido condenados. En México será difícil que se presente ese panorama gracias a una “mala salud de hierro”, considera el investigador Jesús Pérez Caballero, doctorado en Seguridad Internacional
Desde el malogrado intento de juicio del ex presidente Luis Echeverría Álvarez por las masacres derivadas del movimiento estudiantil de 1968 y la represión registrada el 10 de junio de 1971, ni antes, ni después ha habido algún empeño por llevar ante la justicia mexicana o internacional a algún mandatario o ex mandatario federal por casos rampantes de corrupción, genocidio u otras conductas criminales.
Luego trascendió el escándalo por el presunto espionaje gubernamental a periodistas y activistas de derechos humanos, del que dio cuenta el diario estadounidense The New York Times (NYT), la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los homicidios masivos del sexenio anterior y otra serie de sucesos nefastos posiblemente ordenados desde las altas esferas del poder; resulta inevitable echar un vistazo y comparar cómo en muchos países de América Latina nos llevan muchos años de ventaja en la democratización de la justicia, que debe incluir a los gobernantes y quienes concluyeron su mandato con actos cuestionables.
La visita de la periodista y abogada Rita Vásquez, subdirectora del diario La Prensa de Panamá a México, fue recibida con la noticia del NYT. Ella llegó a nuestro país para promover el libro que escribió en coautoría con J. Scott Bronstein, Sociedades Peligrosas, la historia detrás de los Panamá Papers, publicado por editorial Debate. La comunicadora se sintió “como en casa”.
“Esto del espionaje realmente es algo por lo que ya pasamos los panameños”, dijo quien fuera parte del equipo de investigación, que ha recibido el Premio Pulitzer 2017 por el caso de los Panamá Papers. Solo que en el caso de su país, al ex jefe de Estado, al que se acusó de auspiciar esta práctica, sí se le ha exigido cuentas con la justicia, aun encontrándose en el extranjero.
“El tema de Pegasus en Panamá es una historia conocida. El ex Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, compró el software y el equipo para software justamente el mismo año que en México. Entre 2010 y 2011. Y también se dedicó a espiar a todos sus enemigos, por así decirlo sus adversarios políticos: periodistas, relacionistas públicos, personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, e inclusive se dice que hasta a su propia amante”, relató a ZETA Rita Vásquez.
Recién desempacada de una nación donde más de un ex mandatario ha sido encausado penalmente, la autora se mostró orgullosa del grado de madurez alcanzado por el sistema judicial de su patria. “Al (ex) presidente Martinelli se le abrió proceso, una vez dejado el poder (a finales de 2014), en 2015, en la Corte Suprema. Sale de Panamá a finales de enero de 2015 y no ha regresado desde entonces. Vive en Miami y el proceso ha avanzado hasta que se emite una alerta roja en Interpol y paralelamente el gobierno panameño solicita al (ex) presidente en extradición a los Estados Unidos. Curiosamente, mientras se da a conocer la noticia del NYT, a Martinelli se le inició su proceso de extradición a través de una audiencia”.
Impunidad a la mexicana
Ricardo Martinelli es uno de los varios ex jerarcas latinoamericanos que son investigados por actos de corrupción en el continente. Además del espionaje con el equipo Pegasus, similar al adquirido y empleado por México en el supuesto combate al crimen organizado. A Martinelli se le procesa por pagos excesivos de 45 millones de dólares con cargo al erario panameño durante su gestión.
Pero más allá de este caso reciente, ya son por lo menos 16 los presidentes, primeros ministros y jefes de Estado latinoamericanos que en diferentes países son enjuiciados por conductas de tipo criminal. Si bien, solo en diez casos documentados ha habido sentencias condenatorias, no todas han sido con los ex funcionarios dentro de las cárceles, en estos sistemas se ha intentado la búsqueda de la verdad.
Consultado sobre el tema, Jesús Pérez Caballero, doctor en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (Madrid, España) e investigador independiente radicado en México, admite que juzgar a un presidente siempre tiene sus complicaciones, aunque en América existen algunos casos de máximos mandatarios procesados. Surge entonces la pregunta: ¿Por qué se ha dado ese paso en países a los que miramos por debajo del hombro y no en México?
“Por un lado, hay ejemplos de una, por así llamarla, vía suramericana. Según ésta, el máximo mandatario de un país (digamos, un Augusto Pinochet) es procesado por la promoción de crímenes internacionales, específicamente crímenes contra la humanidad. Son contextos de dictaduras, en las que se crean políticas claras de represión desde los órganos que rigen el país. El Chile o la Argentina de finales del siglo pasado son los casos más típicos”, detalla el académico.
Fotos: Isaac Esquivel/Cuartoscuro.com.- Ricardo Anaya.
Por otro lado, pone en relieve el procesamiento del ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que “muestra otra vía para la fiscalización penal de los presidentes. Esa vía guatemalteca consistiría en investigar, entre otros delitos, casos generalizados de corrupción, en el que redes criminales han puesto a su servicio las instituciones del Estado para su enriquecimiento. Así se ha encauzado al presidente de ese país y a su vicepresidenta”.
El investigador detalla que esos dos caminos tienen un punto en común: la ayuda internacional. “En el caso de las dictaduras latinoamericanas, sectores de las instituciones de ese lugar y la propia población, aprovecharon el Derecho Penal Internacional (DPI) para pensar de manera distinta las situaciones de violencia y adaptar el ordenamiento jurídico a estándares internacionales que ayudasen a procesar esos crímenes masivos del pasado. Colombia está ahora haciendo lo mismo, asistida en algunas políticas por la Corte Penal Internacional. En la vía guatemalteca, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lleva años trabajando con las instituciones para depurar al propio Estado centroamericano de grupos criminales que lo han cooptado”.
En el caso mexicano, donde hay asuntos similares a los que en otras naciones ha ameritado la persecución, captura y enjuiciamiento de sus “dignatarios”, la situación no será sencilla al menos en el corto plazo, advierte el entrevistado. “Ni el gobierno del PRI del siglo pasado, ni los diferentes ejecutivos federales desde 2000, pueden considerarse unas dictaduras de la misma manera que lo era, por ejemplo, el Chile de Pinochet. Las políticas represivas o contrainsurgentes han sido mucho más ambiguas, promovidas por un Estado formalmente democrático y donde la descentralización política permite al ejecutivo federal poner orden entre otras instituciones, pero manteniendo un núcleo duro institucional, civil y militar intocable. Si a eso se añade el rol de las organizaciones de narcotraficantes, el panorama es todavía borroso”.
“Pero además, México cuenta con una fortaleza institucional suficiente como para negarse a que opere un organismo similar a la CICIG. En este caso, el tamaño de México como país, sí importa. México no es Guatemala y cuando, sorprendido por las movilizaciones y la presión tras el caso Ayotzinapa, el ejecutivo aceptó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fiscalizase ese proceso penal, posteriormente desactivó cualquier posibilidad de continuidad en su mandato o de réplica para otros eventos. Todas las instituciones trabajaron conjuntamente para finalizar cuanto antes esa ayuda internacional”.
En resumen, Jesús Pérez Caballero asegura que “México tiene una mala salud de hierro. Las víctimas están fragmentadas, se desconoce la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no hay una apuesta institucional por los instrumentos legales y conceptuales del DPI, como se vio tras fracasar el intento de procesar al ex presidente Luis Echeverría. Así se cierra la vía suramericana. Y si las instituciones, que en ocasiones están enfrentadas, se unen para impedir medidas de fiscalización, como la CICIG o el GIEI, se cierra también la vía guatemalteca. Todo ello obliga a soluciones originales, y a crear una vía mexicana propia, pero teniendo en cuenta los ejemplos internacionales, para que los posibles acusados no se blinden o se juzguen a sí mismos”.
Aunque en su momento, ex presidentes mexicanos como Carlos Salinas de Gortari estuvieron en el “ojo del huracán”, con un hermano preso, acusado de un magnicidio, el tiempo se encargó de disminuir la furia social que sólo derramó tinta en pliegos de papel para la opinión pública. Curiosamente varios jefes de Estado contemporáneos a Salinas, fueron procesados por hechos delictuosos: Carlos Saúl Menem, Carlos Andrés Pérez, Fernando Collor de Mello y Alberto Fujimori.
Espionaje en tiempos de Arely Gómez
El software malicioso NSO Pegasus, utilizado por el Gobierno Federal para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, como evidenció una investigación de la Red de Defensa e Medios Digitales (R3D), SocialTIC y Artículo 19, y el CitizenLab de Canadá, y publicada en un reportaje del diario The New York Times el 19 de junio, fue adquirido por la Procuraduría General de la República, cuando su titular era Jesús Murillo Karam y se terminó de instalar en marzo de 2015, cuando la procuradora era Arely Gómez González.
Así se desprende de una investigación del diario Milenio, que establece que el equipo y su manejo fue entregado al entonces jefe de la oficina de la procuradora, Christian Noé Ramírez Gutiérrez, según un acta administrativa firmada por la propia Arely Gómez. Los intentos de espionaje denunciados por periodistas, activistas y defensores de derechos humanos iniciaron a partir del 10 de noviembre de 2015.
El acta deja en claro que el director general de Información de Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Rafael Avilez Avilez (administrador del contrato), entregó el malware a Noé Ramírez, después de tuvo a su disposición el equipo desde marzo hasta noviembre de 2015.
De acuerdo con el contrato del aparato tecnológico fabricado por la empresa israelí NSO Group, y vendido a través de la intermediaria compañía mexicana Grupo Tech Bull, el sistema Pegasus se empleaba “para la realización de actividades sustantivas, consistente en la intervención de dispositivos electrónicos de comunicación. Tiene capacidad para espiar a 500 personas al mismo tiempo y 25 servidores públicos fueron capacitados para su operación”.
Foto: María Jasso/Cuartoscuro.com.- Arely Góméz González.
Según el acta en poder de Milenio, la oficina de la procuradora recibió el “hardware, software y documentos sobre la implementación y capacitación, garantía de un año y papelería que acreditaba la realización de los cursos de capacitación del uso del sistema para 25 personas en grupos de ocho cada uno”.
Un informe de CitizenLab de la Universidad de Toronto refiere que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, eran las dependencias del Gobierno mexicano que operaban el sistema de espionaje, adquirido presuntamente como herramienta para combatir el crimen organizado.
El contrato de la adquisición, que por su parte dio a conocer Televisa, establece que fue el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, quien firmó el 29 de octubre de 2014 la compra con Grupo Tech Bull por 32 millones 16 mil dólares. El funcionario actualmente se desempeña como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
La ex procuradora Arely Gómez González ahora es titular de la Secretaría de la Función Pública, y sería la encargada de investigar lo que implica el absurdo de que le corresponde auto investigarse, por el mal manejo del equipo para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos, junto con la PGR. Y Christian Noé Ramírez Gutiérrez, quien fue responsable de su operación, es ahora el coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control, en la misma Secretaría de la Función Pública.
Aunque el asunto se hizo público desde el 19 de junio, fue hasta diez días después, el miércoles 29, que tras la investigación y entrevista expresa de Milenio, Arely Gómez admitió que participó en la adquisición del malware y en el espionaje.
“Les comento que la Procuraduría General de la República y cualquier procuraduría, ya sea del Estado mexicano o cualquier parte del mundo, tienen para poder cumplir con su mandato, algunos sistemas y herramientas de inteligencia que se deben utilizar siempre en el marco jurídico. Eso nos los mandata la Ley y la Constitución. Durante mi mandato siempre fueron apegados dentro del marco jurídico, lo que la Ley nos da poder para combatir a la delincuencia organizada y al crimen”.
Con esa respuesta y su cargo, resulta evidente que la investigación que Gómez pudiera orquestar desde la Secretaria de la Función Pública estará viciada de origen. Redacción ZETA
No solo activistas y periodistas, EPN también espió a políticos
El actual presidente del Senado, el panista Ricardo Gil Zuarth; el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya y su secretario de Comunicación en el partido, Fernando Doval, son los nuevos blancos confirmados de los intentos de espionaje del gobierno de Enrique Peña Nieto.
CitizenLab, organización canadiense dedicada al monitoreo de internet y nuevas tecnologías con un enfoque de derechos humanos, revisó los teléfonos de los panistas y encontró pruebas de que fueron atacados con el spyware Pegasus de la empresa NSO Group.
El 29 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) adquirió el programa por medio de Grupo Tech Bull, empresa que sirvió de intermediaria para la compra con un valor de 32 millones 16 mil dólares, que servirían para vigilar a 500 objetivos.
Pegasus, como lo dio a conocer el informe #GobiernoEspía, es un programa de uso exclusivo para gobiernos en casos de terrorismo o cuestiones de seguridad nacional.
Tras la publicación del informe, la semana pasada, que detallaba el modus operandi del malware, Ricardo Anaya ofreció una conferencia de prensa para informar que había recibido mensajes de texto casi idénticos a los que recibieron otros blancos como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, así como Mario Patrón y Juan Pardinas, directores del Centro “Miguel Agustín Pro Juárez” y el Instituto Mexicano para la Competitividad, respectivamente.
Los teléfonos de Anaya, Doval y Gil Zuarth fueron enviados a los laboratorios de CitizenLab en Canadá para su inspección y, tras los exámenes pertinentes, la organización confirmó que se trataba de los mismos intentos de infección.
Roberto Gil Zuarth.
En los tres casos, entre junio y julio de 2016, los panistas recibieron mensajes de texto a sus teléfonos. Uno de estos textos era idéntico y refería que los políticos aparecían en un reportaje de la revista Proceso, seguido de un enlace. Este hipervínculo tenía como destino una página de internet donde automáticamente se descarga el malware.
Pegasus permite el acceso a las fotografías, mensajes, correos, contactos, aplicaciones y documentos del teléfono, así como a la cámara y micrófono, además de ser indetectable sin tecnología especializada.
El 28 de junio, las organizaciones que realizaron el informe, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), SocialTIC y Artículo 19, se presentaron ante el Senado para exigir que la denuncia que los afectados presentaron ante la PGR derive en una “investigación imparcial, autónoma y exhaustiva”.
“Dado que es la misma PGR la que está a cargo de la investigación, esta revelación corrobora y hace más relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación”, indicaron las organizaciones un día después de la reunión.
Por ello, exigieron la intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos. Reiteraron que los nuevos casos confirmados de intentos de infección, confirman el uso extensivo y sistemático del spyware, pese a que el gobierno de Enrique Peña Nieto niegue su utilización.
