Empresarios de la industria de la construcción denunciaron fuga de recursos por la asignación a compañías foráneas de dos obras relacionadas con vialidades licitadas por la Junta de Urbanización del Estado y que fueron entregada por un monto de 9 millones de pesos.
Se trata de la empresa Loyes Ingeniería S. de R.L. de Tijuana, a quien se le otorgó contratos para construir el edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en Ensenada, por un monto de 158 millones de pesos y que en febrero del 2016 tuvo serios problemas con los contratistas, quienes abandonaron los trabajos por unos días, por impago.
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Este caso, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado –SIDUE- aseguró que el edificio estaría listo en mayo del 2016, pero han pasado ya casi dos años y la obra no se ha entregado.
Al respecto, el presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción en Ensenada –COMICE-, Sergio Torres Martínez, dijo que el problema de la repartición equitativa de obras entre empresas de la localidad era una pelea ganada, sin embargo, éste es un ejemplo más de la inequidad.
El líder del organismo, con más agremiados en el puerto, aseguró que los empresarios de la ciudad tenían capacidad para ejecutar ambas obras y aunque los licitantes locales cumplían con los requisitos al pie de la letra, no los tomaron en cuenta.
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Reiteró que ese es un tema que siempre han debatido con los tres órdenes de Gobierno, por lo que no permitirán que regrese el círculo vicioso ni “favoritismos”.
En respuesta a la queja del sector, el subsecretario del Gobierno del Estado respondió que una de las políticas de este gobierno es trabajar de la mano con los constructores locales para que el dinero se quede en Ensenada.
Dijo desconocer cómo es que dos empresas de Tijuana ganaron las licitaciones y, aunque ya no se puede dar reversa al concurso, se comprometió a revisar la situación con la Junta de Urbanización.
